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Goicoechea 2026: un año de cuestionamientos sobre la administración municipal
No escribo desde la distancia de quien contempla los problemas desde afuera. Lo hago desde la experiencia cotidiana de quien recorre sus comunidades, conoce el funcionamiento municipal y está convencido de que el ejercicio de la función pública exige planificación, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Durante este año se han conocido asuntos relacionados con contrataciones municipales, desarrollo urbano, infraestructura peatonal, protección ambiental, conflictos internos, propiedades, ejecución de obra pública y relaciones laborales. Algunos han provocado actuaciones o pronunciamientos de instituciones como la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes.
Cada caso tiene sus particularidades y algunos asuntos todavía pueden encontrarse en investigación o discusión. Por eso sería irresponsable anticipar responsabilidades que corresponde determinar a las autoridades competentes. Sin embargo, también sería equivocado ignorar el conjunto de cuestionamientos y las preguntas legítimas que estos generan entre los habitantes del cantón.
Las contrataciones y las advertencias de la Contraloría
Uno de los episodios que merece especial atención es el relacionado con el informe de la Contraloría General de la República sobre 44 contrataciones por excepción, por un monto cercano a los ₡982 millones, según se ha informado.
La posición de la Alcaldía ha sido que no existió corrupción ni daño al erario. Esa explicación merece ser conocida y considerada. Pero tampoco debería utilizarse para cerrar la discusión.
El asunto de fondo es que el órgano contralor señaló debilidades relacionadas con la justificación de contrataciones y el cumplimiento de requisitos y emitió disposiciones de acatamiento obligatorio.
La ausencia de una determinación de corrupción no convierte automáticamente los problemas de gestión y control en asuntos menores.
Cuando hablamos de fondos públicos y de servicios esenciales para la comunidad, la pregunta no debería limitarse a si existió o no corrupción. También debemos preguntarnos si hubo suficiente planificación, si los procedimientos fueron adecuados y qué medidas se adoptarán para impedir que las debilidades señaladas vuelvan a presentarse.
Kamir: las preguntas que deja el desarrollo urbano
Otro asunto que merece seguimiento ciudadano es el relacionado con la urbanización Kamir, en Mata de Plátano.
Según los cuestionamientos planteados alrededor del caso, la Defensoría de los Habitantes solicitó investigar eventuales responsabilidades disciplinarias relacionadas con presuntos visados otorgados sin el aval correspondiente del INVU. También se ha señalado la existencia de un proceso relacionado con el cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana.
Será responsabilidad de las instituciones y tribunales correspondientes establecer los hechos y las eventuales responsabilidades.
Pero, independientemente del desenlace, el caso plantea una pregunta fundamental para Goicoechea: ¿están funcionando adecuadamente nuestros mecanismos municipales de planificación y control urbano?
El crecimiento del cantón necesita reglas claras. Los proyectos inmobiliarios deben desarrollarse respetando la normativa y garantizando infraestructura y condiciones adecuadas para las comunidades.
No debería haber atajos cuando está en juego el ordenamiento territorial.
Cuando una acera se convierte en un asunto constitucional
Como vecino de Calle Blancos, uno de los temas que más me preocupa es el estado de la infraestructura peatonal.
Durante 2026, la Sala Constitucional intervino ante una situación relacionada con la ausencia de aceras que obligaba a peatones —incluidos adultos mayores y menores de edad— a desplazarse por espacios destinados a los vehículos.
Más allá del expediente concreto, deberíamos preguntarnos cómo llegamos al punto de necesitar una intervención judicial para atender algo tan elemental como el derecho de las personas a caminar con seguridad.
Una acera no es un lujo urbano.
Es infraestructura básica. Es seguridad. Es accesibilidad. Es calidad de vida.
También se produjo otro pronunciamiento relacionado con construcciones en una zona protegida del río Ipís. Este episodio vuelve a colocar sobre la mesa la responsabilidad municipal en materia de vigilancia y protección ambiental.
Un gobierno local debería procurar detectar estos problemas antes de que terminen en los tribunales.
Una denuncia de agresión que exige respuestas
Otro episodio especialmente delicado durante este año fue la denuncia presentada por una vecina de Rancho Redondo por una presunta agresión atribuida a un funcionario municipal, ocurrida, según lo denunciado, en instalaciones de la propia Municipalidad.
Por tratarse de una denuncia, corresponde mantener la necesaria prudencia y respetar el debido proceso y las determinaciones de las autoridades competentes.
Sin embargo, las informaciones conocidas sobre el tratamiento administrativo del caso generaron cuestionamientos y llevaron al Concejo Municipal a plantear la necesidad de una política de “tolerancia cero”.
La discusión es pertinente.
Toda institución pública necesita protocolos claros para investigar denuncias de violencia, garantizar el debido proceso y, cuando corresponda, aplicar medidas proporcionales a la gravedad de los hechos acreditados.
La confianza ciudadana también se construye a partir de la manera en que una institución responde cuando la conducta de sus propios funcionarios es cuestionada.
Colonia del Río: demasiados años para una misma duda
La controversia sobre los terrenos de Colonia del Río es otro ejemplo de la necesidad de brindar información pública clara y documentada.
Un vecino ha cuestionado al alcalde Fernando Chavarría por lo que considera versiones contradictorias mantenidas durante años respecto de la naturaleza municipal o privada de determinados terrenos.
Aquí también es necesario separar las denuncias de los hechos jurídicamente establecidos.
Pero hay algo que sí debería resultar sencillo: la Municipalidad puede explicar públicamente, con documentos registrales, criterios jurídicos y antecedentes administrativos, cuál es la situación de esos terrenos y por qué se han producido interpretaciones diferentes.
Cuando una controversia sobre bienes vinculados con una institución pública se prolonga durante años, la transparencia documental es la mejor herramienta para despejar dudas.
Parque Santiago Jara: una obra que obliga a revisar la fiscalización
El Parque Santiago Jara constituye otro motivo de preocupación.
La rescisión del contrato cuando el proyecto registraba aproximadamente un 40% de avance, según los datos divulgados, obliga a analizar qué ocurrió durante la ejecución de la obra.
Las administraciones públicas pueden enfrentar incumplimientos contractuales y situaciones imprevistas. Eso sucede. Pero precisamente por esa razón existen mecanismos de supervisión y fiscalización.
Ahora que se plantea un nuevo proceso de contratación, sería conveniente que la Municipalidad explique no solamente qué sucederá con la obra, sino qué lecciones dejó el proceso anterior y qué controles adicionales se incorporarán.
Los vecinos necesitan saber cuándo podrán utilizar finalmente una obra financiada con recursos públicos.
El conflicto laboral también habla de la gestión
A los cuestionamientos externos se suma el clima laboral dentro de la Municipalidad.
Organizaciones sindicales como ANEP y APJ han planteado reclamos relacionados, entre otros asuntos, con pagos salariales, escala salarial, anualidades y acuerdos paritarios.
Es importante precisar que las posiciones sindicales constituyen reclamos de esas organizaciones y que la Administración tiene derecho a explicar y documentar su propia posición.
Pero la persistencia de conflictos laborales debería preocupar a cualquier gobierno local.
Los trabajadores municipales son quienes mantienen muchos de los servicios que recibe diariamente la población. Una relación deteriorada entre Administración y personal puede terminar afectando el funcionamiento institucional y, finalmente, al ciudadano.
El diálogo laboral no significa aceptar automáticamente todas las demandas. Significa contar con reglas claras, información transparente y mecanismos capaces de resolver las diferencias antes de convertirlas en conflictos permanentes.
El problema no es solamente cada caso: es lo que debemos aprender de ellos
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