El espejismo de las leyes: Un análisis necesario sobre la eficacia legislativa
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gerardo A. Pérez Obando (GAPO), columnista).- La salud de una democracia no se diagnostica por el volumen de su producción normativa, sino por la capacidad de sus leyes para transformar la realidad social y resolver los nudos estructurales que asfixian el desarrollo. Recientemente, voces desde el seno de la Asamblea Legislativa, encabezadas por figuras de liderazgo como el diputado Óscar Izquierdo, han intentado validar el desempeño de la actual legislatura mediante una defensa estrictamente cuantitativa. No obstante, al analizar los datos con rigor técnico y desapego político, nos encontramos ante lo que solo puede definirse como un «espejismo legislativo».
La trampa de la aritmética legislativa. El argumento oficialista de la Asamblea se sostiene sobre un número: más de 235 leyes aprobadas en la última legislatura. A simple vista, la cifra es impresionante; sin embargo, en la ciencia política y el derecho constitucional, la validez de una norma es distinta a su eficacia. Cuando desglosamos ese conteo, la narrativa de éxito empieza a desmoronarse.
Una parte desproporcionada de la agenda legislativa actual se ha consumido en leyes de carácter simbólico, administrativo o de trámite. Hablamos de una proliferación de benemeritazgos, declaratorias de días nacionales, y la elevación de elementos culturales a la categoría de símbolos nacionales. Si bien estos actos rinden honores necesarios y fortalecen la identidad, no poseen la naturaleza de una política pública capaz de generar empleo, reducir el déficit fiscal o frenar la ola de violencia que azota al país.
“Fuente: Elaboración propia del diseño basada en datos del SIL y el SCIJ
El uso de estas “leyes menores” para inflar las estadísticas de productividad es una práctica que erosiona la confianza ciudadana. El costarricense promedio no percibe una mejora en su calidad de vida porque se haya declarado un nuevo símbolo patrio; la percibe cuando el marco jurídico facilita la inversión o garantiza que el sistema judicial sea expedito y justo.
Seguridad y Economía: El costo de la oportunidad perdida. El país atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Aunque se han aprobado cerca de 40 leyes en esta materia, muchas han sido reformas puntuales y no el cambio sistémico que la crisis de criminalidad organizada demanda. Mientras el plenario dedica horas de debate a conmemoraciones, los proyectos de fondo sobre la mora judicial, la reforma al sistema penitenciario y la modernización de los cuerpos policiales avanzan a un ritmo que parece ignorar la urgencia de la calle.
En el ámbito económico, la situación no es distinta. La legislatura ha sido prolífica en autorizaciones municipales y traspasos de terrenos, funciones necesarias pero que no deberían ser el eje central de un Poder de la República. El costo de oportunidad es altísimo, cada minuto dedicado a un proyecto de “forma” es un minuto que se le resta a la discusión de la competitividad nacional, la simplificación de trámites para el sector productivo y la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La crisis de representatividad y el diálogo roto. Defender una gestión mediocre basándose en el número de votaciones realizadas es ignorar el mandato de representación. Un jefe de fracción tiene la responsabilidad no solo de coordinar votos, sino de construir puentes de diálogo con el Poder Ejecutivo y las demás fuerzas políticas. Lo que hemos presenciado es una dinámica de confrontación donde el éxito se mide por quién bloquea a quién, y la “productividad” se convierte en el premio de consolación de un sistema que no logra consensos mínimos sobre lo fundamental.
La actual legislatura corre el riesgo de ser recordada como la del “récord estadístico y el vacío de soluciones”. Cuando el diputado Izquierdo y otros líderes legislativos apelan al volumen de leyes olvidan que el ciudadano no es un consumidor de boletines estadísticos, sino un sujeto de derecho que espera que su seguridad jurídica y su bienestar económico sean prioridad absoluta del Congreso.
Hacia una verdadera métrica de impacto. Es imperativo que el debate nacional gire hacia una Evaluación de Impacto Legislativo. Necesitamos métricas que analicen relevancia, qué porcentaje de las leyes aprobadas ataca problemas prioritarios en seguridad, empleo, salud. Eficacia, ¿han logrado estas leyes el objetivo para el cual fueron creadas tras un año de vigencia? Calidad técnica: ¿Son leyes aplicables o simplemente declaraciones de buenas intenciones que terminan engrosando el archivo de leyes muertas?
Costa Rica no necesita una fábrica de leyes; necesita una arquitectura legal robusta y coherente. El intento de defender la gestión actual mediante la acumulación de normas de baja jerarquía sustantiva es un ejercicio de prestidigitación política que ya no convence. Respetuosa, pero firmemente, debemos exigir a nuestros diputados que abandonen la comodidad de las estadísticas fáciles. La verdadera productividad se mide en la paz recuperada de nuestros barrios, en la estabilidad de la canasta básica y en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Todo lo demás, por más que se publique en La Gaceta, no es más que un espejismo que oculta una peligrosa parálisis en el corazón del desarrollo nacional. Sistema de Información Legislativa – Informes del Estado de la Nación
