Les pone el pecho a las balas: el lero, lero y la pacotilla
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OPINIÓN: Universidades públicas y el arte de no rendir cuentas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por M.Sc. Milton Madriz Cedeño, politólogo. experto y analista en administración pública y gobernanza).- Quien sostiene con sus impuestos a la UCR, la UNA, el TEC, la UNED y la UTN tiene todo el derecho a preguntar qué recibe a cambio. Y a insistir, aunque incomode a rectorías, sindicatos y cátedras que confunden el respeto académico con la reverencia presupuestaria. Soy graduado y exdocente de la UCR, y precisamente por eso no pienso pedir ningún permiso para exigir cuentas. El prestigio no exime de rendirlas. Al contrario, hace más grave cualquier omisión, porque convierte cada colón desperdiciado en una deslealtad hacia la propia historia.
Empecemos por el tamaño de la factura. El FEES de 2026 asciende a ₡593.485 millones. En 2024, las cinco universidades ejecutaron ₡642.140 millones de sus presupuestos, sumadas otras rentas, y de ese total ₡421.755 millones fueron solo remuneraciones, es decir, el 65,7 %. Dicho sin anestesia, dos de cada tres colones se convierten en salario. Con el tercio restante hay que pagar becas, laboratorios, proyectos, programas, sedes regionales e investigación. Con razón siempre falta. Milton Friedman explicó en Libertad de elegir (1980), que hay cuatro maneras de gastar dinero y que la peor es gastar el ajeno en terceros, porque entonces no importa ni cuánto cuesta ni qué se obtiene.
El FEES es el ejemplo de laboratorio
Hay cifras que exigen una explicación particularmente rigurosa. La planilla de la UCR de septiembre de 2026 registra un profesor catedrático con una remuneración nominal de ₡7.403.583 mensuales, por encima de los ₡5,57 millones del sueldo de la señora presidente reportado en junio. Cuando la UCR publicó su planilla en 2019 bajo el lema “No tenemos nada que esconder”, 152 docentes ganaban entre ₡5 y ₡9,9 millones al mes. El lema era exacto. No escondían nada, lo exhibían. Nadie pretende que un científico de primera gane como un peón. Se pide algo más modesto, que a cada sueldo de ese nivel le corresponda una carga docente, una producción verificable y un beneficio público que alguien pueda señalar con el dedo.
La imagen que mejor resume el clima la aportó la propia Rectoría. Entre septiembre y noviembre de 2025 pagó ₡818.000 en cuatro facturas del restaurante El Novillo Alegre por “atenciones oficiales”. Cuando el Consejo Universitario llamó a comparecer al rector, este respondió que ese órgano no tiene potestad para citarlo, que el gasto es normal, que “no se está cometiendo absolutamente nada que sea ilegal” y que la partida de representación asciende a “cientos de millones de colones”, frente a los cuales ₡818.000 resultan ínfimos. Léalo de nuevo. El descargo consiste en que hay cientos de millones más en la misma partida de la que salieron esas comidas para gastar sin ninguna pena. El diputado Antonio Barzuna lo resumió en agosto, ante la comisión legislativa que investiga el uso del FEES, con una crueldad aritmética difícil de refutar, al afirmar que es más rentable ser asesor discrecional del rector de la UCR que rector de la UNED.
En cuanto a la ejecución, la Contraloría General de la República determinó en 2024 que las universidades habían dejado sin ejecutar, en promedio, el 14,1 % de su presupuesto durante los cinco años anteriores, lo que generó un superávit de ₡82.000 millones. Con la bodega llena de lo que no gastaron, los rectores pidieron para 2027 un aumento del 2,94 %, unos ₡17.000 millones adicionales. El Gobierno ofreció cero y Casa Presidencial habló de “demandas irracionales y abusivas”. Uno puede discrepar del adjetivo. Lo difícil es discrepar de la aritmética.
¿Y los resultados?
El Estado de la Educación 2025 siguió a las cohortes que ingresaron entre 2000 y 2016 y encontró que apenas el 50,7 % obtuvo un primer título en la universidad presencial donde ingresó; en la UNED, el 18,9 %. Por su parte, las universidades privadas, que no reciben un colón del FEES, expidieron en 2025 un total de 29.939 diplomas frente a 20.146 de las estatales, según el INEC. CONARE, sin embargo, presentó en abril su Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025 y lo resumió para la prensa bajo el título “Las universidades públicas demuestran con datos su compromiso con Costa Rica”. De veinte indicadores, once superaron el 100 % de cumplimiento, “con casos que alcanzaron hasta el 400 %”. Cuando una meta se cuadruplica, lo que se cumplió no fue una meta sino un guiño entre quien la fijó y quien la reporta. El informe celebra 3.026 proyectos de investigación “articulados” con sectores productivos y 2.255 de extensión y acción social, estos últimos vinculados en un “100 %” con comunidades. Suena espléndido. No obstante, el mismo Estado de la Educación encontró carencias de evaluación y de reportes que permitieran conocer los resultados del conjunto de la extensión y la acción social universitarias. Proyectos hay. Resultados, quién sabe. Peter Drucker escribió en 1963 que no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia lo que no debería hacerse en absoluto. Aquí ni siquiera sabemos si se hace con eficiencia, porque nadie mide el final del cuento.
Mientras tanto, la oferta académica envejece con elegancia. En junio de 2020 la Asamblea Legislativa aprobó con 31 votos un informe que recomendaba frenar los salarios millonarios y la sobreoferta de carreras obsoletas. El Frente Amplio lo combatió en el plenario. Seis años después, el propio CONARE identifica 50 carreras con mayor índice de desempleo entre sus graduados y presenta como logro haber “modificado” 46 planes de estudio. En el informe no figura una sola carrera cerrada. De toda la oferta, apenas 367 carreras, el 32,94 %, están acreditadas; dos de cada tres carecen de esa garantía. Ortega y Gasset exigían en 1930 una universidad a la altura de los tiempos. En plena era de la inteligencia artificial, aquí se sigue formando para oficios que la máquina ya ejecuta mejor y más barato, y nadie cierra un programa porque cerrarlo incomodaría a quienes viven de sus plazas.
Es la ley de Parkinson. Cyril Northcote Parkinson la formuló en 1955 observando la Armada británica, cuyos buques en servicio pasaron de 62 a 20 entre 1914 y 1928 mientras los funcionarios del Almirantazgo crecían casi un 80 %. La burocracia no necesita trabajo para crecer. Necesita presupuesto. CONARE, que se reserva el 1,59 % de los FEES, cerca de ₡9.400 millones, cumple esa ley con disciplina ejemplar. Nadie se ha sacado la faja. Lo único que se aprieta es el bolsillo del contribuyente.
Luego vienen las marchas. El 1.º de septiembre las federaciones estudiantiles desfilaron hasta la Asamblea Legislativa bajo la consigna “Defendamos la educación, defendamos Costa Rica”. Pregúntele a cualquiera de los muchachos de la fila por qué marcha. Con honrosas excepciones, la respuesta cabe en dos palabras. “Nos convocaron. No saben cuánto es el 2,94 %, ni qué pasó con el 14,1 % que no se ejecutó, ni cuánto cuesta el catedrático que les imparte el curso. Marchan por el presupuesto de sus rectores convencidos de que marchan por su beca, y eso que estamos lejos aún del Día de los Inocentes.
Los 7.208 jóvenes que la UCR dejó sin admisión en 2026 no marchan. No tienen federación que los convoque
Kant definió la Ilustración en 1784 como la salida del hombre de su minoría de edad, esa incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Una universidad que produce manifestantes incapaces de explicar su consigna, fabrica con fondos públicos exactamente lo contrario de lo que promete. Las autoridades y los partidos de pseudoizquierda que han convertido el campus en su vivero electoral lo saben. Por eso convocan. La toma de la Rectoría de abril y mayo de 2026 dejó más de ₡42 millones en daños y cinco meses después, en octubre, ni una sanción disciplinaria ni un cobro individualizado. Esa es la pedagogía de la responsabilidad que se imparte en el campus universitario, donde encapuchados que vandalizan son llamados estudiantes.
Nadie discute la autonomía del artículo 84 constitucional. Lo que se discute es la pretensión de que esa autonomía derogue el artículo 11, que somete a toda la Administración a evaluación de resultados y rendición de cuentas con responsabilidad personal. La Procuraduría lo ha explicado con claridad. El FEES no cambia de naturaleza al cruzar el portón del campus. Thomas Sowell observó que la intelligentsia no paga ningún precio por equivocarse. En nuestras universidades, además, cobran anualidades por hacerlo.
Las prioridades, por último, deberían sonrojar a cualquiera. En PISA 2025 apenas el 30 % de los estudiantes costarricenses alcanzó el nivel básico en matemática y el 53 % en lectura. Hanushek y Woessmann han demostrado que el desarrollo depende de lo que efectivamente se aprende, no de lo que se gasta. Estamos construyendo la casa desde el techo, con un techo carísimo y los cimientos a la intemperie.
Propongo lo que cualquier administrador serio haría con su propio dinero. Una revisión pública e independiente del gasto universitario. Metas de acceso y graduación por cohorte, con responsable identificado. Evaluación externa de cada programa y cierre de los que no justifiquen su existencia. Supresión de las duplicidades entre cinco universidades que mantienen cinco aparatos de gobierno para un país de cinco millones de habitantes. Y un financiamiento atado a compromisos verificables, con las becas y la investigación valiosa protegidas. Los elefantes blancos no adquieren utilidad porque se les coloca una toga y un birrete. Y el pueblo costarricense no está obligado a confundir el porvenir de sus estudiantes con la comodidad perpetua de quienes administran su dinero.
