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Comité Pro-Mejoras de la Urbanización Olympos aclara información publicada por este medio
Dra. Sandy Vargas Rubí, presidenta
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Comité Pro-Mejoras de la Urbanización Olympos realizó una aclaración respecto a una información publicada por este medio el pasado jueves 1.º de octubre de 2026, relacionada con los esfuerzos de vecinos de la comunidad para recuperar el parque comunal ante la falta de mantenimiento municipal.
En la publicación se mencionó a la Asociación de Desarrollo Específica de Kurú (ADEK) de una manera que podía interpretarse como si dicha organización perteneciera a la Urbanización Olympos. Sin embargo, esta asociación no corresponde a esa comunidad.
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Vecinos de Olympos impulsan recuperación de parque comunal ante falta de mantenimiento municipal
Los habitantes de la urbanización iniciaron labores de limpieza y convocaron a organizaciones comunales a sumarse. La Municipalidad de Goicoechea prevé reanudar el mantenimiento de áreas verdes una vez formalizados los procesos de contratación
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Ante el deterioro y la falta de mantenimiento del parque de la Urbanización Olympos, en Purral de Goicoechea, un grupo de vecinos decidió organizarse para iniciar, por cuenta propia, la recuperación de este espacio comunal.
Policía Municipal de Goicoechea decomisa 232 dosis de presunta cocaína en Purral y detiene a dos personas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- La Policía Municipal de Goicoechea decomisó un total de 232 dosis de presunto clorhidrato de cocaína durante un operativo realizado la tarde de este viernes en el distrito de Purral. La intervención dejó como resultado la detención de dos personas.
De acuerdo con información suministrada por la Municipalidad de Goicoechea, el decomiso se efectuó como parte de las labores de patrullaje e inteligencia que desarrolla el cuerpo policial municipal para combatir la comercialización de drogas en el cantón.
Durante la intervención, los oficiales localizaron las 232 dosis de aparente cocaína, que, según el reporte oficial, se encontraban listas para su distribución.
Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento correspondiente.
Municipalidad anuncia continuidad de operativos
Tras el decomiso, la Oficina de Prensa de la Municipalidad de Goicoechea reiteró su compromiso de mantener las acciones policiales para combatir la actividad delictiva y fortalecer la seguridad de los habitantes del cantón.
“No habrá tregua contra quienes intenten robarle la paz a nuestra comunidad. La policía municipal seguirá trabajando por su seguridad”, manifestó la institución.
Las autoridades no revelaron la identidad de las personas detenidas ni el valor estimado de la droga decomisada, debido a que el caso se mantiene bajo investigación.
La Municipalidad aseguró que continuará reforzando los operativos de vigilancia y seguridad en el cantón de Goicoechea.
Purral: cuando la politiquería se antepone a la justicia constitucional
Ahora, una resolución de la Sala Constitucional vuelve a colocar el tema donde corresponde: en el terreno de las responsabilidades públicas y del cumplimiento de la ley.
La sentencia N.° 2025-030968, correspondiente al expediente N.° 25-022056-0007-CO, declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Municipalidad de Goicoechea por la falta de actuación frente a ocupaciones de propiedades públicas y municipales.
La resolución obliga a las autoridades competentes a coordinar acciones para atender la situación. Ya no estamos, por tanto, ante una discusión que pueda prolongarse indefinidamente entre oficinas, administraciones y discursos políticos. Existe una orden constitucional y corresponde cumplirla.
Una resolución que exige responsabilidades
Una sentencia de la Sala Constitucional no es una sugerencia.
Cuando el máximo tribunal constitucional determina que existió una omisión de las autoridades y ordena actuar, las instituciones involucradas tienen el deber de ejecutar lo dispuesto dentro de los términos establecidos.
Esto resulta especialmente importante porque durante años problemas como el de Purral han transitado por una zona gris en la que distintas instituciones se trasladan responsabilidades entre sí mientras las consecuencias recaen sobre las comunidades.
Ese círculo debe terminar.
Las autoridades del IMAS y la Municipalidad de Goicoechea deben explicar públicamente qué acciones les corresponden, cuáles han ejecutado, cuáles están pendientes y en qué plazos serán realizadas. La ciudadanía tiene derecho a conocer esa información y a exigir rendición de cuentas.
Un problema con múltiples responsabilidades
Reducir esta crisis a buenos y malos sería tan cómodo como irresponsable.
Existen personas que ocuparon terrenos públicos sin contar con un derecho legítimo sobre ellos. También deben investigarse las denuncias sobre personas que habrían comercializado supuestos “derechos” sobre propiedades que no les pertenecían, aprovechándose de familias necesitadas de vivienda.
Pero existe una tercera responsabilidad que tampoco puede ignorarse: la de las instituciones que conocieron durante años la existencia del problema y no consiguieron ofrecer una respuesta efectiva y oportuna.
Cuando una ocupación irregular se consolida durante años, aparecen viviendas, servicios improvisados, familias y nuevas generaciones, cualquier solución posterior se vuelve mucho más compleja y dolorosa.
Precisamente por eso la responsabilidad del Estado no comienza el día de un eventual desalojo. Comienza mucho antes: con prevención, fiscalización, políticas de vivienda, protección del patrimonio público y atención temprana de las situaciones de vulnerabilidad.
Permitir que un problema crezca y pretender resolverlo únicamente cuando resulta insostenible constituye un fracaso de la gestión pública.
La politiquería no puede sustituir las soluciones
También resulta preocupante que una situación humana y jurídicamente compleja pueda convertirse nuevamente en combustible electoral.
Las familias de Purral no necesitan dirigentes buscando fotografías, culpables convenientes o réditos políticos. Necesitan información cierta sobre lo que ocurrirá, garantías de que las instituciones actuarán conforme a derecho y respuestas responsables para quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad.
Tampoco corresponde presentar el cumplimiento de una sentencia constitucional como una decisión antojadiza de una administración determinada. Si existe una orden de la Sala Constitucional, la discusión pública debe partir de ese hecho.
Eso no exime al Gobierno Central, al IMAS ni a la Municipalidad de sus respectivas responsabilidades. Al contrario: obliga a cada institución a asumirlas.
Y tampoco impide cuestionar las decisiones políticas adoptadas durante años por administraciones nacionales y municipales de diferentes signos.
Lo que resulta inaceptable es utilizar la incertidumbre de las familias como instrumento de confrontación electoral.
Durante demasiado tiempo, los problemas habitacionales han sido terreno fértil para promesas, intermediarios y discursos políticos. Purral necesita romper ese ciclo.
Recuperar lo público sin abandonar lo humano
Cumplir la ley y atender la dimensión social del problema no son objetivos incompatibles.
El Estado debe proteger los terrenos públicos y evitar que nuevas ocupaciones irregulares se consoliden. Pero también debe determinar, caso por caso, cuáles familias enfrentan condiciones reales de vulnerabilidad y qué alternativas legalmente disponibles pueden ofrecerse.
No todas las personas se encuentran en la misma situación y, por ello, tampoco debería pretenderse una respuesta indiscriminada.
La recuperación de propiedades públicas debe acompañarse de censos transparentes, información verificable, coordinación institucional y atención social para quienes legítimamente la requieran. Asimismo, cualquier eventual comercialización ilegal de terrenos públicos debe investigarse y, cuando corresponda, ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.
La peor alternativa sería repetir la historia: improvisar hoy para volver a abandonar el problema mañana.
Goicoechea merece una solución definitiva
Desde La Voz de Goicoechea consideramos que llegó el momento de sustituir los discursos por resultados.
La Municipalidad, el IMAS y las demás instituciones involucradas deben cumplir estrictamente lo dispuesto por la Sala Constitucional, informar a la ciudadanía sobre el avance de las medidas y garantizar que todo procedimiento respete tanto el ordenamiento jurídico como la dignidad de las personas afectadas.
También corresponde investigar a quienes eventualmente hayan lucrado mediante la venta ilegal de terrenos o supuestos derechos sobre propiedades públicas.
Y a la dirigencia política, de gobierno y de oposición, le corresponde algo igualmente importante: actuar con responsabilidad.
Purral no puede continuar siendo un problema que se recuerda durante las campañas electorales y se archiva cuando terminan las elecciones.
La justicia constitucional ya habló.
Ahora corresponde a las instituciones cumplir, a la ciudadanía fiscalizar y a la política demostrar que todavía puede servir para solucionar problemas en lugar de aprovecharse de ellos.
Goicoechea merece soluciones reales. Purral también.
