Una democracia que debe volver a servirle a la gente

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Costa Rica necesita reformas urgentes para que su modelo republicano sea funcional y cercano a la ciudadanía

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Johnny Soto Zúñiga, Abogado).- La democracia republicana costarricense debe ser dinámica, eficiente y funcional si realmente pretende estar al servicio del pueblo. No obstante, la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos —incluidos los vecinos de Goicoechea— demuestra que el Estado se percibe lento, entrabado y muchas veces incapaz de dar respuestas oportunas a las necesidades más básicas.

Uno de los principales problemas del país es la debilidad del Poder Ejecutivo frente a un aparato estatal excesivamente fragmentado. Costa Rica cuenta con más de 335 instituciones públicas, muchas de ellas con funciones duplicadas o mal definidas, lo que genera confusión, atrasos y desgaste institucional. En este contexto, no es extraño que la ciudadanía se pregunte quién gobierna realmente: si el Ejecutivo, la Sala Constitucional —que en la práctica asume un rol casi legislativo— o la Contraloría General de la República.

Durante años, informes del Estado de la Nación y distintas juntas de notables han advertido sobre la urgencia de reformas profundas al Estado. El mensaje ha sido claro y reiterado: la democracia no se debilita con cambios bien pensados; por el contrario, se fortalece. Como suele decirse, la democracia se resuelve con más democracia, pero con una democracia que funcione.

El debate nacional debería centrarse en una pregunta clave: ¿está agotado el modelo institucional que hemos utilizado hasta ahora o basta con reformas estructurales para modernizarlo? Costa Rica ha logrado avances importantes y es líder regional en muchos ámbitos, pero esos logros contrastan con una gestión pública que no siempre refleja esa fortaleza.

Las cifras hablan por sí solas. El país supera los 17 mil millones de dólares en exportaciones, mantiene reservas bancarias por encima de los 16 mil millones y no destina recursos a un ejército permanente. Bajo esa lógica, áreas como la educación, la salud y los servicios públicos locales deberían mostrar resultados mucho más sólidos y equitativos. Sin embargo, la percepción ciudadana es otra.

Algo no ha calzado durante décadas. Puede tratarse de mala gestión, falta de planificación estratégica, ausencia de una verdadera administración por objetivos o, simplemente, de la incapacidad política para impulsar las reformas legislativas necesarias. Los períodos en la Asamblea Legislativa pasan cada cuatro años sin que se concreten los cambios de fondo, mientras los problemas se acumulan.

Hoy la ciudadanía es más informada y más exigente. Espera instituciones que resuelvan, no que retrasen; que escuchen, no que se escuden en trámites interminables. Este es el verdadero dilema que enfrenta Costa Rica en los primeros 25 años del siglo XXI: mantener un Estado lento y desconectado de la realidad local, o atreverse a reformar la democracia republicana para que vuelva a ser eficiente, cercana y legítima ante su gente.

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