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ByPurral: cuando la politiquería se antepone a la justicia constitucional
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- La situación de los asentamientos informales y la ocupación de terrenos públicos en Purral, particularmente en sectores como Los Cuadros, no nació ayer. Es un problema acumulado durante años, conocido por las instituciones y postergado demasiadas veces hasta convertirse en una crisis social, territorial y política.
Ahora, una resolución de la Sala Constitucional vuelve a colocar el tema donde corresponde: en el terreno de las responsabilidades públicas y del cumplimiento de la ley.
Goicoechea cumplió 135 años: la fiesta se hizo, pero el pueblo casi no llegó
Una celebración cantonal financiada con recursos públicos obliga a preguntar por la planificación, la escasa convocatoria y las prioridades de la Municipalidad
Goicoechea cumplió 135 años y la pregunta resulta incómoda, pero necesaria: ¿cuántos vecinos se enteraron de que su cantón estaba celebrando?
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- Este fin de semana, el Parque Centenario de Guadalupe fue escenario de actividades conmemorativas por el aniversario del cantón. Había artistas, escenario, organización y recursos destinados a celebrar una fecha que debería despertar orgullo y sentido de pertenencia.
La Función Pública: Un Compromiso, No un Privilegio
VOZ DE GOICOECHEA Por la Dirección).- Goicoechea es, ante todo, un cantón de gente trabajadora. Una comunidad diversa, distribuida entre Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Rancho Redondo y Purral, cuyos habitantes esperan —y tienen derecho a esperar— que las instituciones públicas estén a la altura de sus necesidades.
Detrás de cada trámite, cada solicitud, cada obra pendiente y cada gestión ante una institución hay una persona. Hay una familia que necesita una respuesta, un comerciante que procura sacar adelante su negocio, una comunidad que espera una solución o un ciudadano que simplemente está ejerciendo un derecho.
¿Dónde estaba el alcalde de Goicoechea y quién quedó a cargo?
Un alcalde puede salir del país, pero no puede desentenderse de las responsabilidades que le impone su cargo. Mucho menos hacerlo sin que exista claridad sobre quién asume sus funciones durante su ausencia.
Eso es precisamente lo que debe explicar el alcalde de Goicoechea, Fernando Miguel Chavarría Quirós, quien, según información suministrada a este medio por la Dirección General de Migración y Extranjería, salió de Costa Rica el viernes 28 de agosto y regresó el martes 1.º de setiembre de 2026.
Lo preocupante no es únicamente su ausencia del territorio nacional, sino que, según manifestó Gloriana Carmona Saravalli, presidenta del Concejo Municipal, esa Presidencia no recibió comunicación oficial sobre el viaje ni solicitud relacionada con la sustitución del alcalde por parte de la vicealcaldesa.
¿Cómo es posible que el máximo jerarca administrativo de una municipalidad salga del país sin que la Presidencia del Concejo Municipal tenga conocimiento oficial de su ausencia?
¿Estaba de vacaciones? ¿Contaba con algún permiso? ¿Quién asumió sus responsabilidades? ¿Existió una sustitución formal? ¿Se cumplieron los procedimientos establecidos?
Estas preguntas no constituyen ataques políticos. Son interrogantes legítimas que merecen respuestas documentadas.
El Código Municipal establece responsabilidades para quienes ejercen la Alcaldía y regula la sustitución del titular durante sus ausencias temporales. La continuidad administrativa y el respeto al principio de legalidad no son asuntos opcionales.
Conviene aclarar que salir del país no constituye automáticamente una ilegalidad ni demuestra abandono de funciones. Sin embargo, la falta de comunicación institucional señalada por la Presidencia del Concejo Municipal exige determinar si se cumplieron las obligaciones correspondientes.
La Alcaldía no es una propiedad personal. Es un cargo público sujeto a controles, obligaciones y rendición de cuentas.
Por ello, el Concejo Municipal debe solicitar formalmente un informe que esclarezca las condiciones de la ausencia, los permisos correspondientes y las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento legal de la institución.
Si existieron irregularidades, deberán investigarse mediante los procedimientos establecidos, sin adelantar conclusiones ni sanciones.
También corresponde al alcalde dar explicaciones públicas. El silencio, lejos de disipar las dudas, alimenta la incertidumbre y debilita la confianza ciudadana.
Goicoechea merece autoridades que comprendan que ejercer el poder implica responsabilidad permanente, transparencia y respeto institucional.
La pregunta de fondo no es solamente por qué salió del país el alcalde, sino por qué la Presidencia del Concejo Municipal afirma no haber sido informada oficialmente.
Porque un alcalde tiene derecho a ausentarse cuando corresponde legalmente, pero la ciudadanía tiene derecho a saber quién gobierna durante su ausencia.
En la función pública, la transparencia no se toma vacaciones.
La policía municipal: más cerca del vecino, sin confundir sus funciones
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los costarricenses. Goicoechea no escapa de esta realidad. Los asaltos, los conflictos en espacios públicos, la presencia de actividades delictivas y la percepción de inseguridad generan inquietud entre los habitantes de nuestros distritos.
Ante estas situaciones surge una pregunta recurrente: ¿Dónde está la Policía Municipal y qué está haciendo para proteger a los vecinos?
La interrogante es legítima. Sin embargo, para responderla es indispensable aclarar una confusión que persiste en buena parte de la ciudadanía: las policías municipales no tienen las mismas atribuciones que la Fuerza Pública, ni fueron creadas para sustituirla.
Comprender esta diferencia no significa justificar la inacción. Por el contrario, permite exigir a cada institución el cumplimiento de sus verdaderas responsabilidades y, sobre todo, identificar oportunidades para mejorar la seguridad y la convivencia en nuestras comunidades.
Una policía con competencias y límites definidos
En Costa Rica, la Ley N.° 9542, de Fortalecimiento de la Policía Municipal, incorporó disposiciones al Código Municipal para regular el funcionamiento de estos cuerpos policiales.
Su naturaleza es esencialmente local y auxiliar. Su ámbito de actuación se encuentra vinculado al territorio del cantón que los establece y sus funciones deben desarrollarse dentro de las competencias reconocidas por el ordenamiento jurídico.
La Constitución Política, por su parte, establece la responsabilidad del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública y mantenimiento del orden público, a través de las autoridades nacionales competentes.
Las policías municipales tienen responsabilidades propias relacionadas con la vigilancia y protección de los bienes y servicios municipales, el cumplimiento de disposiciones locales, la colaboración con las autoridades competentes y otras labores de prevención y seguridad previstas en la legislación.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de estos cuerpos dentro de un marco de competencias que no debe confundirse con el de la Fuerza Pública.
Por eso, sería equivocado exigir a una policía municipal que asuma indistintamente todas las responsabilidades de la policía nacional. Pero sería igualmente equivocado concluir que, por tener competencias delimitadas, su contribución a la seguridad ciudadana debe ser secundaria o poco visible.
La policía municipal no necesita convertirse en otra Fuerza Pública para ser útil. Necesita desarrollar plenamente su capacidad de prevención, presencia territorial y cercanía con los habitantes.
Y precisamente allí encontramos una oportunidad que merece ser examinada.
México: una experiencia que Costa Rica debería estudiar
En México se ha impulsado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, una propuesta orientada a fortalecer el desempeño de las instituciones policiales locales mediante la profesionalización, la prevención y la proximidad social.
Uno de sus principios más interesantes consiste en transformar la relación tradicional entre policía y ciudadanía.
En lugar de limitar la presencia policial a la respuesta ante incidentes, el modelo promueve que los oficiales conozcan el territorio, mantengan contacto permanente con sus habitantes e identifiquen situaciones de riesgo antes de que se conviertan en problemas mayores.
Para ello contempla mecanismos como la organización territorial por cuadrantes, la asignación de responsabilidades geográficas, los recorridos de proximidad, las reuniones comunitarias y la interacción frecuente con comerciantes y organizaciones vecinales.
La idea es sencilla, pero poderosa: un policía que conoce su comunidad está en mejores condiciones de identificar sus problemas, generar confianza y contribuir a prevenir conflictos.
No se trata de presentar la experiencia mexicana como una solución milagrosa. México enfrenta problemas de seguridad de enorme complejidad y sus resultados deben examinarse críticamente.
Sin embargo, el enfoque de proximidad social ofrece enseñanzas que podrían adaptarse a las necesidades de los gobiernos locales costarricenses, respetando siempre las diferencias constitucionales, legales e institucionales entre ambos países.
Goicoechea: siete distritos, una oportunidad para acercarse a la ciudadanía
Nuestro cantón está integrado por siete distritos: Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Rancho Redondo y Purral.
Cada uno posee características territoriales, comerciales, sociales y demográficas particulares. Las necesidades de seguridad y convivencia de una zona comercial de Guadalupe no necesariamente son las mismas que las de una comunidad residencial de Mata de Plátano o de los sectores rurales de Rancho Redondo.
Precisamente por eso, una estrategia municipal de proximidad debería partir del conocimiento detallado de cada distrito y de sus comunidades.
Imaginemos una Policía Municipal de Goicoechea organizada mediante sectores territoriales claramente definidos, con oficiales asignados regularmente a determinadas zonas y mecanismos permanentes de comunicación con los vecinos.
Oficiales que conozcan a los dirigentes comunales, visiten los comercios, recorran parques y espacios públicos, escuchen las preocupaciones de los habitantes y mantengan canales de coordinación con la Fuerza Pública y otras instituciones.
Una policía municipal que no aparezca únicamente cuando se presenta un incidente, sino que participe activamente, dentro de sus competencias, en la construcción cotidiana de comunidades más ordenadas, seguras y solidarias.
Ese modelo permitiría fortalecer la prevención, mejorar la identificación de problemas locales y facilitar la atención oportuna de situaciones que requieran intervención de las autoridades correspondientes.
Además, podría contribuir a recuperar un elemento indispensable para cualquier política de seguridad: la confianza ciudadana.
Porque la seguridad no depende exclusivamente de cuántos policías circulan por una calle. También importa cuánto conocen esos policías de la comunidad y cuánto confían los habitantes en ellos.
La prevención debe comenzar antes de que ocurra el delito
Durante demasiado tiempo, buena parte del debate sobre seguridad ciudadana ha estado dominado por una lógica reactiva: más patrullas, más operativos y mayor presencia policial después de que ocurre un hecho delictivo.
Estas acciones pueden ser necesarias, pero resultan insuficientes si no se acompañan de estrategias sostenidas de prevención.
Una policía de proximidad puede contribuir a detectar problemas recurrentes en los espacios públicos, identificar condiciones que favorecen conflictos, orientar a los vecinos y comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las instituciones responsables.
También puede fortalecer el vínculo entre el gobierno local y las organizaciones comunales, las asociaciones de desarrollo, los centros educativos y los sectores comerciales.
No significa trasladar a los oficiales municipales funciones de investigación criminal, persecución del delito o resolución de controversias que correspondan a otras autoridades.
Significa aprovechar mejor las capacidades municipales para trabajar en aquello que sí está dentro de sus atribuciones.
La proximidad social no debería entenderse como una ampliación indiscriminada del poder policial, sino como una transformación en la manera de ejercer las competencias existentes.
Menos distancia institucional y más contacto humano. Menos improvisación y más conocimiento territorial. Menos aislamiento entre instituciones y más coordinación efectiva.
Un llamado a las organizaciones de gobiernos locales
Desde La Voz de Goicoechea consideramos que esta discusión no debería limitarse a nuestro cantón.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) podrían desempeñar un papel importante en la promoción de un modelo costarricense de policía municipal de proximidad social.
Ambas organizaciones están en condiciones de impulsar espacios de análisis, intercambio de experiencias y formulación de propuestas que permitan fortalecer el trabajo de los cuerpos policiales municipales.
El modelo mexicano constituye una referencia que merece ser estudiada, no para copiarlo mecánicamente, sino para identificar aquellas prácticas que puedan incorporarse legítimamente a la realidad costarricense.
Una propuesta nacional podría contemplar capacitación especializada, organización territorial por sectores, protocolos de contacto comunitario, coordinación interinstitucional y mecanismos de evaluación del servicio.
Todo ello respetando la autonomía municipal, las competencias de la Fuerza Pública, las posibilidades presupuestarias de cada gobierno local y los derechos fundamentales de las personas.
No todos los cantones disponen de los mismos recursos. Pero la cercanía con los vecinos no debería ser un privilegio exclusivo de las municipalidades con mayores presupuestos.
También las policías municipales pequeñas pueden avanzar mediante estrategias de organización, capacitación y participación comunitaria.
La Municipalidad de Goicoechea también tiene una tarea pendiente
Este editorial plantea igualmente una invitación a las autoridades de nuestro gobierno local.
La Municipalidad de Goicoechea, su Alcaldía y su Concejo Municipal deberían valorar la conveniencia de estudiar e impulsar una estrategia de proximidad social para su Policía Municipal, de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales.
El primer paso podría consistir en un diagnóstico público sobre la distribución territorial del servicio, los mecanismos actuales de participación ciudadana y las posibilidades de fortalecer el contacto entre oficiales y comunidades.
A partir de ese diagnóstico, sería razonable considerar un programa piloto en sectores seleccionados del cantón, con objetivos verificables, participación vecinal y evaluaciones periódicas.
La ciudadanía debería conocer qué servicios presta su Policía Municipal, cuáles son sus limitaciones, cómo puede solicitar apoyo y qué resultados se obtienen con los recursos públicos destinados a su funcionamiento.
La transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados son indispensables para que cualquier propuesta de modernización tenga credibilidad.
No basta con anunciar nuevas estrategias. Es necesario demostrar que funcionan.
Una policía que los vecinos conozcan por su nombre
La discusión sobre las policías municipales costarricenses no debería concentrarse únicamente en cuánto poder tienen o en cuáles competencias les faltan.
También debemos preguntarnos qué tipo de relación queremos construir entre estas instituciones y las comunidades a las que sirven.
¿Queremos policías municipales que sean figuras anónimas detrás del parabrisas de una patrulla, o funcionarios cercanos que conozcan las necesidades de cada barrio?
¿Queremos una institución que sea recordada solamente cuando ocurre un problema, o una presencia cotidiana que contribuya a prevenirlo?
La respuesta parece evidente
Goicoechea necesita instituciones municipales eficientes, profesionales, transparentes y comprometidas con sus habitantes. Y una policía municipal de proximidad social podría convertirse en una herramienta valiosa para avanzar en esa dirección.
Por supuesto, ninguna estrategia de cercanía sustituirá las responsabilidades de la Fuerza Pública ni resolverá por sí sola los problemas estructurales de la inseguridad.
Pero tampoco debemos subestimar el valor de una presencia institucional que escucha, orienta, conoce y trabaja junto a las comunidades.
La verdadera fortaleza de una policía municipal no debería medirse únicamente por el número de patrullas que posee, sino también por la confianza que inspira y por su capacidad de servir a los habitantes del cantón.
Desde La Voz de Goicoechea hacemos un llamado a las autoridades municipales, a la UNGL, a la ANAI y a las organizaciones comunales para abrir esta discusión y explorar seriamente las posibilidades de un modelo costarricense de policía municipal de proximidad social.
Porque la seguridad ciudadana no comienza solamente cuando suena una sirena. También se construye cuando un oficial conoce a los vecinos, escucha sus preocupaciones y contribuye a encontrar soluciones dentro del marco de la ley.
La policía municipal del futuro no necesita estar más lejos de sus competencias para acercarse a la gente. Necesita estar más cerca de sus vecinos para cumplirlas mejor.
