VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- La ciudadanía tiene derecho a fiscalizar a sus representantes. Pero una cosa es exigir transparencia y otra, muy distinta, pretender que un regidor comprometa su voto antes de que un asunto haya sido estudiado, discutido y sometido a decisión.

La solicitud presentada por el ciudadano Randall Manuel López Ríos ha puesto sobre la mesa un debate que va mucho más allá de una gestión administrativa.

López Ríos solicitó información sobre el trámite de una iniciativa de plebiscito y pidió, además, que los nueve integrantes del Concejo Municipal de Goicoechea manifestaran por escrito y anticipadamente su posición: a favor, en contra o condicionada.

Cuatro regidores propietarios de oposición —William Fallas Bogantes, Vilma García Hernández, Carlos Luis Murillo Rodríguez y Carmen Martínez Barahona— respondieron conjuntamente.

Y su respuesta establece una diferencia que merece ser discutida públicamente:

Una cosa es informar. Otra es adelantar el voto.

La información pública no se negocia

En esto no debería haber zonas grises.

Todo ciudadano tiene derecho a preguntar qué ocurre con un asunto sometido a conocimiento de la Municipalidad, dónde se encuentra un expediente y qué actuaciones, acuerdos, informes o dictámenes públicos existen.

La Municipalidad debe responder conforme corresponda y facilitar el acceso a la información que sea pública.

En La Voz de Goicoechea creemos que entre más información tenga el ciudadano sobre las decisiones de su gobierno local, mejor funciona la democracia.

La transparencia no es un favor que concede una autoridad. Es parte de su obligación frente a los ciudadanos.

Pero de ahí no se desprende necesariamente que un regidor deba anunciar cómo votará antes de conocer todos los elementos que tendrá que valorar.

¿Entonces para qué deliberar?

La pregunta parece evidente.

Si cada regidor tuviera que comprometer públicamente su voto antes de estudiar los informes, conocer los criterios jurídicos y escuchar los argumentos alrededor de una propuesta, ¿qué sentido tendría después discutirla en comisión o llevarla al Concejo?

La deliberación no puede convertirse en una ceremonia para confirmar decisiones tomadas de antemano.

Los ciudadanos deberíamos esperar exactamente lo contrario de nuestros representantes: que estudien los asuntos antes de votar.

Incluso deberíamos aceptar que un regidor cambie de opinión cuando encuentre argumentos o información suficientemente sólidos para hacerlo.

Cambiar de posición después de estudiar un expediente no necesariamente es inconsistencia política.

Puede ser responsabilidad.

Eso sí: después nadie debería esconderse

Defender el derecho de un regidor a no comprometer anticipadamente su voto tampoco significa entregarle un cheque en blanco.

Cuando llegue la hora de decidir sobre esta iniciativa, Goicoechea tiene derecho a saber quién votó a favor, quién votó en contra y cuál fue el resultado.

Y sería deseable que cada representante pudiera explicar a los vecinos las razones de su decisión.

Porque la independencia de criterio funciona en ambas direcciones.

El regidor debe tener libertad para estudiar y deliberar antes de votar, pero una vez emitido su voto debe estar dispuesto a responder políticamente por él.

Libertad antes del voto. Rendición de cuentas después del voto.

No perdamos de vista el verdadero debate

Hay otro peligro en esta controversia.

Podemos terminar discutiendo durante semanas quién quiso o no quiso adelantar su posición y olvidarnos de la pregunta realmente importante:

¿Qué plantea el plebiscito y por qué debería —o no— realizarse?

Ahí debería concentrarse la atención pública.

Que se conozca la iniciativa. Que se informe en qué etapa se encuentra. Que se hagan públicos los documentos que corresponda divulgar. Que se conozcan los criterios técnicos y jurídicos. Que quienes impulsan el plebiscito expliquen sus argumentos y que quienes tengan objeciones hagan exactamente lo mismo.

Y después, que el Concejo Municipal discuta y vote.

Sin escondites.

Sin decisiones oscuras.

Pero tampoco convirtiendo la legítima fiscalización ciudadana en una exigencia para comprometer votos antes de tiempo.

En La Voz de Goicoechea lo resumimos así:

Preguntar es un derecho. Informar es una obligación. Deliberar es una responsabilidad. Y rendir cuentas después de votar también lo es.

Ese debería ser el estándar para todos.

Gobierno, oposición y ciudadanía.

Porque en Goicoechea la transparencia no debería depender de quién pregunta, quién gobierna o quién ocupa una curul.

Debería ser simplemente la regla.