Tribunal Rechaza Veto del Alcalde y Avala Envío de Antecedentes al Ministerio Público por Operativo del 2 de Mayo

Concejo Municipal también conformará una comisión especial para investigar el actuar de la Policía Municipal y la Oficina de Patentes
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó de plano el veto presentado por el alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría Quirós, contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordena remitir al Ministerio Público toda la documentación relacionada con el operativo realizado la madrugada del 2 de mayo en varios comercios de Guadalupe, con el fin de que se investiguen eventuales hechos de abuso de autoridad.
La resolución, emitida el 14 de julio dentro del expediente 26-003545-1027-CA, concluye que el acuerdo impugnado constituye un acto de mero trámite y, por tanto, no puede ser objeto de veto conforme a lo establecido en el Código Municipal.
El Tribunal también recordó que tanto el Concejo Municipal como el alcalde tienen la obligación legal de denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho que pueda constituir un delito, de conformidad con el artículo 281 del Código Procesal Penal.
Acuerdo queda en firme
Con la decisión judicial, entran plenamente en vigencia los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal en las sesiones del 4 y 11 de mayo.
Entre ellos destaca la creación de una Comisión Especial Investigadora, integrada por regidores designados por la Presidencia del Concejo, que tendrá como objetivo revisar las actuaciones de la Oficina de Patentes y de la Policía Municipal durante el operativo.
La comisión estará facultada para convocar a funcionarios municipales, solicitar documentos y recibir testimonios, respetando en todo momento el debido proceso, la legalidad y la confidencialidad de la información.
Asimismo, la Secretaría del Concejo deberá remitir al órgano investigador, en un plazo de cinco días hábiles, el acta de la audiencia celebrada el 4 de mayo, junto con todos los informes, videos, bitácoras y demás documentos relacionados con el operativo, para que sean trasladados al Ministerio Público como parte de la investigación penal correspondiente.
El acuerdo también ordena a la Administración Municipal conservar íntegramente todas las pruebas vinculadas con el caso, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, registros de patrullaje, órdenes de servicio y expedientes administrativos.
Además, se advierte que cualquier acción destinada a ocultar, alterar o destruir esa información podría generar responsabilidades administrativas y legales.
El conflicto
El alcalde Fernando Chavarría Quirós había vetado el acuerdo del Concejo al considerar que invadía competencias propias del Poder Ejecutivo Municipal. Incluso, manifestó que acudiría a los tribunales contra los regidores que respaldaran la iniciativa.
No obstante, el Tribunal determinó que el acuerdo no limita ni sustituye las atribuciones del alcalde, sino que se enmarca dentro de las funciones de fiscalización y control que la legislación confiere al Concejo Municipal sobre la administración local.
Con esta resolución, el proceso de investigación impulsado por el Concejo podrá continuar tanto en el ámbito municipal como ante el Ministerio Público, que deberá valorar la existencia o no de eventuales responsabilidades penales derivadas del operativo realizado el pasado 2 de mayo.
Fuente: Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, expediente 26-003545-1027-CA.