Se viene la bronca de la basura en Goicoechea
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gerardo Del Valle Garbanzo, columnista).- La acumulación de desechos sólidos en Goicoechea ya es una emergencia cantonal en ciernes; es solo cuestión de tiempo. La administración municipal ya ha informado que, debido a la irresponsabilidad de unos pocos, se ve en la obligación de suspender el servicio de recolección especial en el cantón.
Se veía venir. Realmente representa un costo muy alto para la Municipalidad programar, recoger y procesar esos desechos no tradicionales. Al final, esos recursos se diluyen porque, de un día para otro, aparece un nuevo botadero a cielo abierto.
Sin embargo, también se cuenta con herramientas. Como lo he señalado en artículos anteriores, existen multas esperando a los infractores con montos que van desde los ₡400.000 en adelante, y la ley le otorga plenas facultades a la Municipalidad para imponerlas. Por eso, aunque la serie de gestiones administrativas actuales nos hablen de la capacidad del gobierno local para tratar los residuos, de equipos modernos y de nuevas tendencias, evitan tocar el tema de fondo: ya se pasó el límite de la capacidad municipal. Mientras tanto, la basura se sigue acumulando en las vías públicas.
Solo queda que, en una sesión del Concejo Municipal, se acuerde reformar el reglamento de la Ley 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos). Ojalá se involucre a las comunidades para que aporten ideas que permitan endurecer las sanciones a los infractores. En síntesis, lo que inició como un problema del servicio a la comunidad ya escaló a una calamidad cantonal. Ahora la voluntad de los ediles estará a prueba; de no tomar cartas en el asunto, no sabremos en qué va a parar esto. Si los vecinos quieren acciones, quien debe dar el primer paso es la Municipalidad.
Actualmente no se cuenta con un plan de contingencia y todos estamos con las manos atadas. No hay mecanismos claros para accionar contra quienes usan cualquier lugar para botar su basura: aceras, vías públicas o lotes abandonados. A esto se suma el problema de personas —y ya no hablo solo de indigentes— que se dedican a botar desechos a cambio de unas pocas monedas.
Si se reforma el reglamento como corresponde y se prioriza la adquisición de un sistema de videovigilancia en coordinación con las comunidades, los cambios se verán a corto plazo. Es mejor hacer una sola inversión sólida utilizando los recursos del superávit, justificándola por el estado de emergencia que se vive. ¿Qué beneficio tendrá para una comunidad que se arregle una calle si solo se les facilita el transporte de basura a los infractores? Los miembros del Concejo Municipal deben priorizar esta decisión. Ya vimos que las campañas de “no bote basura” o “mantenga limpia su comunidad” no dan resultados positivos, porque los infractores saben que no los pueden sancionar.
Esperemos que esta crisis no se incremente, pues la única solución real es la reforma al reglamento municipal de la Ley 8839.
Ahora bien, si usted, estimado lector, sorprende a una persona arrojando escombros en la vía pública, probablemente no sepa cómo actuar. En cambio, si tuviéramos un sistema de videovigilancia articulado con la Policía Municipal, veríamos un cambio drástico. En estos momentos, si usted llama a la Municipalidad para reportar estos hechos, ¿se apersonará la “Muni”? ¿Actuaría conforme a la prueba del video? ¿Aplicaría la multa equivalente a un salario mínimo o más, según el tipo de infracción?
No existe otra alternativa; esta es la única opción: declarar la situación como calamidad pública ante el riesgo inminente para la salud pública. Existen proyectos financiados para este año, pero ninguno solucionará este problema. Atender la crisis de la basura debe prevalecer sobre cualquier otra obra.
Al fin y al cabo, se trata de recursos que pagan todos los contribuyentes. En esta ocasión, la Muni tiene las cartas sobre la mesa, o en realidad una sola: la decisión de emitir una declaratoria de emergencia y actuar de inmediato.
Voluntad y conciencia antes del caos.
