Juicio político sin sentencia: el mal ejemplo del Congreso
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Luis Carlos Araya Monge, columnista).- El Congreso de la República volvió a exhibir uno de sus peores vicios: querer actuar como juez, fiscal y verdugo al mismo tiempo. El caso de Fabricio Alvarado así lo confirma. Y antes de continuar, aclaro algo: no tengo interés alguno en defender al señor Alvarado.
Pretender abrirle un juicio político cuando ya ni siquiera era diputado no representa una defensa de las mujeres; representa, más bien, el ejercicio más puro de la politiquería. Es persecución política disfrazada de legalidad. Y eso es grave, porque envía un mensaje peligroso al país: aquí primero se condena en la prensa y en el plenario, y después se espera a ver qué dicen los tribunales.
Desde hace tiempo venimos equivocándonos como sociedad. Un Estado de Derecho no funciona así. En Costa Rica rige la presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado culpable hasta que un juez lo determine mediante una sentencia firme.
Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa fue, precisamente, saltarse ese principio. Algunos diputados quisieron adelantar el juzgamiento porque el escenario político les resultaba conveniente. Si Fabricio Alvarado tenía o no responsabilidad, eso corresponde definirlo a los tribunales, con pruebas, debido proceso y sin espectáculos mediáticos.
Y este problema no es nuevo. Ya lo vimos con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Veinticinco años después, algunos de sus casos apenas siguen resolviéndose en los tribunales.
¿Qué ganó el país con eso? Nada. Solo desgaste, polarización y una creciente sensación de impunidad. Cuando la justicia tarda tanto, el juicio político termina convirtiéndose en un linchamiento público, y la sentencia llega cuando ya no sirve para nada.
Ese es uno de los grandes males en los que ha caído el Congreso. El juicio político dejó de utilizarse como una herramienta seria para proteger al país y pasó a convertirse en un arma de desgaste. Un circo político diseñado para golpear adversarios, cobrar facturas y distraer la atención de los verdaderos problemas nacionales.
Mientras tanto, siguen pendientes las leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana, generen empleo y permitan impulsar la obra pública que Costa Rica lleva años esperando.
El resultado es un Congreso desprestigiado y un país cansado del espectáculo político permanente. La ciudadanía observa diputados más preocupados por el protagonismo que por resolver los problemas reales, muchos de los cuales se pudren en las comisiones legislativas.
Así se erosiona la confianza en las instituciones. Así se abre espacio al populismo y a la peligrosa idea de que “todos son iguales”.
Si existen indicios de delito, entonces que el caso vaya a la Fiscalía. Que se investigue, que se acuse y que un juez resuelva. Para eso existen los tribunales. El Congreso no puede ni debe sustituirlos. Su función es política, no penal. Cuando esos límites se confunden, se rompe el equilibrio entre poderes.
Y aquí aparece la gran contradicción. Para algunos sectores, resulta una barbaridad que el presidente de la República cuestione públicamente al Poder Judicial por su ineficiencia, porque eso —dicen— viola la separación de poderes. Pero cuando son ellos quienes deciden adelantarse a los tribunales, juzgando y condenando por conveniencia política, entonces pareciera que esa separación deja de importar.
Costa Rica necesita un Congreso que respete las reglas del juego democrático. Que entienda que el juicio político es un mecanismo excepcional para funcionarios en ejercicio y por faltas graves cometidas en el cargo, no una herramienta para ajustar cuentas con quien ya no ocupa una curul.
Porque, de lo contrario, mañana le puede tocar a cualquiera. Y pasado mañana, incluso a usted, estimado lector.
Basta de juicios mediáticos. Basta de utilizar la Constitución como instrumento de castigo político. El país ya no aguanta más espectáculo.
O, para decirlo en el término de moda: más circo.
