Libertades constitucionales en tiempos de miedo: un debate que Costa Rica no puede evadir
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouaffak, columnista).- Las libertades públicas consagradas en la Constitución Política de Costa Rica no son un adorno jurídico ni una formalidad histórica. Son límites concretos al poder del Estado, diseñados precisamente para los momentos más difíciles: cuando el miedo, la inseguridad y la urgencia social pueden tentar a sacrificar derechos en nombre del orden.
En el actual escenario electoral, la seguridad ciudadana se ha colocado en el centro del debate político. Junto a ella han surgido propuestas que, aunque presentadas como excepcionales y temporales, obligan a abrir una discusión profunda sobre el estado real de nuestras libertades democráticas.
En algunos discursos de campaña se ha planteado la posibilidad de suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales como herramienta para enfrentar la inseguridad, especialmente en zonas identificadas como “críticas” mediante mapas de calor delictivo. Estas propuestas suelen venir acompañadas de aclaraciones clave: que serían medidas temporales, que requerirían autorización de la Asamblea Legislativa y que se aplicarían únicamente en contextos excepcionales.
Desde un punto de vista estrictamente legal, la Constitución permite —bajo condiciones muy específicas— la suspensión temporal de algunas garantías. Sin embargo, que algo sea constitucionalmente posible no lo convierte automáticamente en democráticamente deseable como política recurrente. Es en ese punto donde el debate se vuelve ineludible.
Cuando se plantea limitar libertades públicas, incluso de forma temporal, surgen preguntas que van al corazón del sistema democrático: ¿quién decide qué territorios pierden garantías y con base en qué criterios? ¿Qué sucede con las personas inocentes que viven, trabajan o estudian en esas zonas? ¿Cómo se evita que lo “temporal” se convierta en permanente? ¿Qué mecanismos reales de control y rendición de cuentas existirían?
La experiencia comparada demuestra que los estados de excepción rara vez afectan únicamente a quienes delinquen. En la práctica, suelen impactar primero a las poblaciones más vulnerables, normalizando detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento y vigilancia excesiva. El riesgo no es solo jurídico, sino también cultural: cuando la ciudadanía se acostumbra a vivir con derechos condicionados por la geografía o el contexto, la libertad deja de ser un principio y pasa a convertirse en un privilegio revocable.
En el extremo opuesto del debate, otros discursos políticos aseguran defender sin reservas las libertades públicas, la libertad de expresión, la participación ciudadana y el pluralismo democrático. No obstante, esa defensa se vuelve menos clara cuando se observa la afinidad ideológica o la justificación abierta de gobiernos internacionales ampliamente cuestionados por su deterioro democrático, la concentración de poder, la persecución de opositores o el control de la prensa.
No se trata de una acusación directa, pero sí de una incoherencia que merece escrutinio ciudadano. ¿La defensa de las libertades es un principio innegociable o un recurso discursivo? ¿Se condenan los abusos solo cuando provienen de adversarios ideológicos? ¿Hasta dónde llega realmente el compromiso democrático cuando se simpatiza con modelos autoritarios?
La democracia no se mide únicamente por lo que se promete en el ámbito interno, sino también por los referentes que se consideran aceptables. La historia ofrece una lección clara: las democracias no colapsan de golpe, se erosionan poco a poco, cuando se relativizan derechos “por seguridad”, se justifica el autoritarismo “por eficiencia” o se toleran abusos “porque son de los nuestros”.
Costa Rica ha construido su identidad democrática sobre una premisa fundamental: el poder debe estar limitado incluso cuando parece bien intencionado. El combate a la inseguridad es urgente y necesario, y nadie lo niega. Pero la forma en que se enfrenta ese desafío define el tipo de país que seremos.
Una democracia madura no huye del debate incómodo. Por el contrario, lo enfrenta: debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado, sobre qué derechos nunca deberían ponerse en pausa y sobre qué discursos, aunque legales, pueden debilitar el tejido democrático.
Las libertades constitucionales no existen para los tiempos fáciles. Existen precisamente para cuando el miedo exige sacrificios rápidos. Y por eso mismo, no pueden entregarse sin una discusión profunda, honesta y verdaderamente ciudadana.
