La bandera de la corrupción
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Muaffak, columnista).- La corrupción no tiene color político, apellido ni ideología. No pertenece exclusivamente a un partido, a una administración o a una corriente determinada. Es una enfermedad que puede aparecer en cualquier organización política cuando existen condiciones que permiten el abuso del poder, la falta de controles, la impunidad o una fiscalización débil.
Por esa razón, combatir la corrupción no puede reducirse simplemente a cambiar el partido que gobierna. Los partidos cambian, las personas cambian y las banderas también, pero si las instituciones continúan teniendo los mismos vacíos, los mismos controles insuficientes y las mismas posibilidades de evadir responsabilidades, el problema seguirá existiendo.
La verdadera lucha contra la corrupción requiere más fiscalización, mayor transparencia y sanciones efectivas para quienes incumplan la ley, sin importar el partido político al que pertenezcan, el cargo que ocupen o las relaciones que puedan tener.
Costa Rica necesita modernizar y fortalecer su legislación para que quien ejerza un cargo público sepa que sus decisiones serán fiscalizadas y que, cuando exista una conducta ilegal debidamente comprobada, habrá consecuencias reales.
Tampoco considero que la solución sea debilitar o limitar a uno de los Poderes de la República. Una democracia fuerte necesita un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial sólidos, independientes y sometidos al ordenamiento jurídico.
Lo que debemos fortalecer son los mecanismos que garanticen que ninguna persona quede fuera del alcance de la justicia por sus contactos, influencia, posición económica o cercanía con quienes ocupan espacios de poder.
Cuando existan relaciones personales, profesionales o políticas que puedan generar conflictos de interés dentro de una investigación o un proceso judicial, el sistema debe contar con procedimientos claros que garanticen independencia, imparcialidad y transparencia. La ciudadanía tiene que poder confiar en que una denuncia será investigada con el mismo rigor, independientemente de quién sea la persona señalada.
La corrupción prospera cuando existe impunidad. Y la impunidad aparece cuando las instituciones pierden capacidad de fiscalizar, cuando las sanciones son débiles, cuando los procesos se prolongan indefinidamente o cuando las relaciones de poder terminan generando dudas sobre la independencia de las decisiones.
Por eso, el debate nacional no debería concentrarse únicamente en quién gobierna, sino también en cómo controlamos a quienes gobiernan.
Necesitamos controles más efectivos sobre la contratación pública, mayor acceso ciudadano a la información, fortalecimiento de las auditorías, mecanismos reales de rendición de cuentas, protección para quienes denuncian irregularidades y leyes que permitan sancionar de manera oportuna a quienes utilicen el poder público para beneficio propio o de terceros.
Y ese principio debe aplicarse para todos.
No puede existir una lucha contra la corrupción únicamente cuando el señalado pertenece al partido contrario. Tampoco puede aceptarse el silencio cuando las sospechas recaen sobre alguien de nuestra propia agrupación política.
Si la corrupción no tiene bandera, la fiscalización tampoco debería tenerla.
Costa Rica no necesita instituciones más débiles. Necesita instituciones más fuertes, independientes y transparentes; leyes modernas y controles capaces de alcanzar a cualquier persona, sin importar su apellido, su partido político o sus conexiones.
Porque cambiar una bandera puede cambiar un gobierno.
Cambiar las reglas que permiten la impunidad puede cambiar un país.
