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Partidos sin acceso a deuda política gastaron más de ¢2.687 millones en la campaña electoral 2026
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Un total de 19 partidos políticos, entre agrupaciones nacionales, provinciales y cantonales, gastaron más de ¢2.687 millones durante la campaña para las Elecciones Nacionales 2026, pese a que no tendrían acceso a la deuda política según los resultados provisionales del proceso electoral.
Así lo revelan datos de facturación electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los cuales detallan los gastos reportados por partidos que no alcanzaron el umbral mínimo requerido para recibir la contribución estatal.
Costa Rica elimina penas de cárcel por calumnia e injuria contra periodistas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La eliminación de las penas de prisión para periodistas por los delitos de calumnia e injuria fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en una decisión que marca un hito en la protección de la libertad de prensa y de expresión. La reforma, que deroga los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, quedó ahora a la espera de la firma del presidente de la República para entrar en vigor.
La medida fue celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que la calificó como un paso fundamental para garantizar el ejercicio periodístico sin el temor a sanciones penales. El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que la derogación de las penas de cárcel se ajusta a los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos.
Sala IV ordena a la CCSS entregar documentos clave del “Caso Barrenador”
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El alto tribunal determinó que no existe impedimento legal para negar la información solicitada y ordenó remitir los hechos a la autoridad competente por una eventual falta al deber de acceso a la información pública.
La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregar los archivos de respaldo utilizados para sustentar el denominado Estudio de Razonabilidad de Precios, elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la institución, documento que sirvió de base para calificar como “excesivos” los precios cuestionados en el llamado Caso Barrenador.
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