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LA VOZ DE GOICOECHEA (Ivannia Varela).- El centro comercial Lincoln Plaza se transformará en un punto de encuentro para la cultura y la lectura con la realización del Festival del Libro 2026, que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en su nivel 3, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Por tercer año consecutivo, este espacio —desarrollado por Portafolio Inmobiliario— reunirá a lectores, escritores y familias en una agenda gratuita que incluye más de 20 actividades culturales. Conversatorios, presentaciones de libros, talleres de escritura creativa, encuadernación artesanal y espectáculos infantiles forman parte de la programación, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro.
Autores, ideas y diálogo literario
Entre las actividades más destacadas figura el conversatorio “¿Y ahora qué? Publiqué mi primer libro y ¿cómo lo vendo?”, a cargo del escritor Jonathan Córdoba, así como una charla con la reconocida autora nacional Anacristina Rossi.
El festival contará además con la participación de invitados internacionales como Rob Sperling y Rod Saturnine, junto a escritores costarricenses como Ingrid Ávalos, Gabriela Vindas, Macarena Barahona y Steven Cubillo.
Para el sábado, la agenda incluye un conversatorio sobre la obra El Psicópata del autor Otto Vargas, así como una charla organizada por la Sociedad Tolkien sobre la influencia femenina en la obra de J. R. R. Tolkien.
El domingo, el escritor José Chacón liderará el conversatorio “Sacrothriller”, mientras que Gerardo Zúñiga abordará el tema de la seguridad digital en la niñez desde la perspectiva familiar.
Espacios para la niñez y la familia
El festival también incorpora una oferta dirigida a la población infantil, con actividades como la presentación de la obra de títeres Cocorí, organizada por la Biblioteca Pública de Moravia, además de talleres educativos y espectáculos diseñados para el disfrute de toda la familia.
Como cierre, se desarrollará la charla “Historia de dos gigantes”, que explorará el hallazgo de fósiles de mastodonte y perezoso gigante en Costa Rica, integrando ciencia y narrativa histórica.
Cultura accesible en espacios urbanos
“En Portafolio Inmobiliario entendemos que transformar ciudades también significa crear espacios donde las personas puedan aprender, inspirarse y conectar entre sí. Más que una agenda de actividades, buscamos habilitar experiencias culturales accesibles e inclusivas”, señaló Federico Baltodano, director de Lincoln Plaza.
El ingreso a todas las actividades será completamente gratuito, por lo que la organización extiende la invitación a vecinos de Goicoechea, Moravia, Tibás y cantones cercanos a disfrutar de un fin de semana donde la literatura será la protagonista.
Rumbo a una Tercera República. Apuntes para un debate necesario
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gerardo A. Pérez Obando (Gapo), columnista).- A diferencia de otros momentos de nuestra historia, el País no atraviesa por una ruptura institucional visible ni crisis constitucional abierta. No hay enfrentamiento civil, no se ha suspendido el orden democrático ni se ha derrumbado el Estado de derecho; y, sin embargo, en amplios sectores de la ciudadanía se percibe una sensación persistente de desgaste, de distancia y de insuficiencia del sistema político para responder demandas de una sociedad cada vez más compleja. En ese clima, más silencioso que dramático, comienza a insinuarse la pregunta por una posible Tercera República.
Conviene ser cuidadoso con el uso del término. En nuestra historia las grandes reformulaciones republicanas no surgieron por simple cansancio ni moda intelectual. La Primera República agotó su capacidad de integración social en la primera mitad del siglo XX. La Segunda República nació como respuesta profunda a ese agotamiento, redefiniendo el papel del Estado, ampliando derechos y fortaleciendo la institucionalidad democrática. Una República no cambia por decreto retórico; lo hace cuando el pacto político deja de ser funcional a las realidades que pretende gobernar.
Hoy el país vive una situación distinta a 1948 ó 1949. No se trata de un colapso del sistema, sino lo que podría llamarse una erosión progresiva de legitimidades. El sistema de partidos políticos, columna vertebral de la democracia representativa durante décadas, se ha fragmentado. La confianza ciudadana en las instituciones ha disminuido. La política aparece con frecuencia desconectada de las preocupaciones cotidianas de la población. Al mismo tiempo el Estado enfrenta crecientes dificultades para articular respuestas eficaces a problemas estructurales como desigualdad, sostenibilidad fiscal, seguridad ciudadana o gobernanza del desarrollo.
Estos fenómenos no implican por sí mismos el agotamiento definitivo de la Segunda República, pero ponen de relieve los límites de un diseño institucional construido para un país y época muy distintos. La Costa Rica de mediados del siglo XX, homogénea en ciertos aspectos, con economía menos abierta y una sociedad más cohesionada no es la misma de hoy. Las transformaciones tecnológicas, culturales y económicas han alterado profundamente la relación entre ciudadanía, poder, y representación.
Hablar de una eventual Tercera República no significa anunciar una ruptura ni negar el legado de 1949. Tampoco implica necesariamente una nueva Constitución o rediseño total del Estado. En su sentido más sobrio, la idea funciona como una metáfora política, la expresión de una inquietud colectiva sobre la necesidad de revisar, actualizar, o reforzar el pacto republicano para que siga siendo legítimo, eficaz, y democrático en el siglo XXI.
Nuestra experiencia histórica enseña que las transformaciones más duraderas no han provenido de la demolición del pasado, sino de su lectura crítica. La Segunda República no anuló la Primera; la amplió, corrigió y la dotó de nuevos contenidos sociales e institucionales. Desde esa perspectiva, cualquier reflexión seria sobre una eventual Tercera República debería partir del reconocimiento de logros acumulados: la estabilidad democrática, el Estado social de derecho, abolición del ejército, la cultura de legalidad y la vocación civilista.
La pregunta central, no es si Costa Rica debe proclamar una nueva República, sino si el orden republicano vigente conserva la capacidad de renovarse sin perder su esencia. ¿Podría la Segunda República adaptarse a un contexto radicalmente distinto mediante reformas inteligentes, participación ciudadana efectiva y fortalecimiento de la ética pública? ¿O será necesario, en algún momento, un replanteamiento más profundo del pacto político?
Estas interrogantes no admiten respuestas inmediatas ni simples. Tampoco deberían resolverse desde la consignación ideológica ni desde el impulso refundacional sin memoria. Son preguntas que interpelan a la ciudadanía, a las instituciones y a la dirigencia política por igual. En ese sentido, el debate sobre una Tercera República no es una cuestión de nombres ni de fechas, sino una reflexión sobre la capacidad de la democracia costarricense para mirarse críticamente y reinventarse, sin traicionar sus fundamentos republicanos.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Con 43 votos a favor y cero en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en segundo debate el expediente 24.235, una iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422) para extender la obligatoriedad de la declaración patrimonial a funcionarios de confianza de las fuerzas policiales del país.
La reforma modifica el artículo 21 de la ley vigente desde 2004 para incorporar a una lista taxativa de funcionarios de confianza que deberán rendir declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR). Esta ampliación incluye al personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Penitenciaria.
¿Qué establece la reforma?
La iniciativa legislativa establece que deberán declarar su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República:
Los funcionarios de confianza que sirvan directamente a un jerarca de las instituciones públicas
Específicamente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio de Seguridad Pública y Policía Penitenciaria
Según el texto del proyecto, la medida busca “identificar crecimientos patrimoniales injustificados a alta escala o posibles casos de enriquecimiento ilícito dentro de altos mandos y oficiales” de estas instituciones de seguridad.
Contexto legal
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, vigente desde 2004, ya establecía una lista de jerarcas públicos obligados a declarar, que incluye a presidentes, ministros, magistrados, contralor general, defensor de los habitantes, procurador general, fiscal general, entre otros altos funcionarios.
La única reforma anterior a esta norma fue en 2012 (Ley N° 9093), que incorporó el deber de declarar para jueces y fiscales del Ministerio Público.
Novedades del mecanismo
La reforma aprobada introduce dos elementos clave para fortalecer la fiscalización: Coordinación interinstitucional: La Contraloría podrá compartir los hallazgos de las declaraciones patrimoniales con el Tribunal Administrativo Sancionador del Poder Judicial cuando se trate de servidores judiciales, facilitando la apertura de procedimientos administrativos contra jueces que mantengan estilos de vida incompatibles con sus salarios o presenten manifestaciones de riqueza atípica.
Facultad de denuncia directa: La propia Contraloría General de la República queda facultada para denunciar ante el Tribunal Administrativo Sancionador comportamientos irregulares detectados en las declaraciones patrimoniales.
Según declaraciones Magistrado Jorge Leiva, la reforma establece “controles cruzados” entre la Contraloría y el Poder Judicial para detectar “infiltración del crimen organizado” en el sistema de justicia.
Proceso legislativo
El proyecto fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Control del Gasto Público y Asuntos Hacendarios antes de su aprobación en el Plenario legislativo. El expediente 24.235 obtuvo el dictamen afirmativo el 7 de abril pasado, reuniendo el respaldo multipartidario de 43 votos a favor y cero votos en contra.
La ley entrará en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.