ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBA REFORMA ANTICORRUPCIÓN QUE OBLIGA A FUNCIONARIOS POLICIALES A DECLARAR SU PATRIMONIO ANTE LA CONTRALORÍA
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Con 43 votos a favor y cero en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en segundo debate el expediente 24.235, una iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422) para extender la obligatoriedad de la declaración patrimonial a funcionarios de confianza de las fuerzas policiales del país.
La reforma modifica el artículo 21 de la ley vigente desde 2004 para incorporar a una lista taxativa de funcionarios de confianza que deberán rendir declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR). Esta ampliación incluye al personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Penitenciaria.
¿Qué establece la reforma?
La iniciativa legislativa establece que deberán declarar su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República:
Los funcionarios de confianza que sirvan directamente a un jerarca de las instituciones públicas
Específicamente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio de Seguridad Pública y Policía Penitenciaria
Según el texto del proyecto, la medida busca “identificar crecimientos patrimoniales injustificados a alta escala o posibles casos de enriquecimiento ilícito dentro de altos mandos y oficiales” de estas instituciones de seguridad.
Contexto legal
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, vigente desde 2004, ya establecía una lista de jerarcas públicos obligados a declarar, que incluye a presidentes, ministros, magistrados, contralor general, defensor de los habitantes, procurador general, fiscal general, entre otros altos funcionarios.
La única reforma anterior a esta norma fue en 2012 (Ley N° 9093), que incorporó el deber de declarar para jueces y fiscales del Ministerio Público.
Novedades del mecanismo
La reforma aprobada introduce dos elementos clave para fortalecer la fiscalización: Coordinación interinstitucional: La Contraloría podrá compartir los hallazgos de las declaraciones patrimoniales con el Tribunal Administrativo Sancionador del Poder Judicial cuando se trate de servidores judiciales, facilitando la apertura de procedimientos administrativos contra jueces que mantengan estilos de vida incompatibles con sus salarios o presenten manifestaciones de riqueza atípica.
Facultad de denuncia directa: La propia Contraloría General de la República queda facultada para denunciar ante el Tribunal Administrativo Sancionador comportamientos irregulares detectados en las declaraciones patrimoniales.
Según declaraciones Magistrado Jorge Leiva, la reforma establece “controles cruzados” entre la Contraloría y el Poder Judicial para detectar “infiltración del crimen organizado” en el sistema de justicia.
Proceso legislativo
El proyecto fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Control del Gasto Público y Asuntos Hacendarios antes de su aprobación en el Plenario legislativo. El expediente 24.235 obtuvo el dictamen afirmativo el 7 de abril pasado, reuniendo el respaldo multipartidario de 43 votos a favor y cero votos en contra.
La ley entrará en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
