¿Cámaras sin resultados? El silencio que preocupa a Goicoechea
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouffak, columnista).- En un cantón donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, el sistema de videovigilancia municipal vuelve a estar bajo cuestionamiento. Pero no por lo que muestra, sino por lo que las autoridades no están diciendo.
Todo comenzó con una consulta concreta: conocer el papel de las cámaras municipales en la detección de delitos como el robo de tapas de alcantarilla. La respuesta oficial fue, en apariencia, clara, pero en el fondo insuficiente. Se reconoció que el sistema no fue diseñado específicamente para ese tipo de delito, aunque en ocasiones ha permitido detectar algunos casos.
Hasta ahí, una explicación técnica. Lo preocupante vino después
El pasado 30 de enero se planteó una segunda solicitud, aún más relevante: acceder a estadísticas que permitan medir el impacto real del sistema de videovigilancia. Es decir, pasar del discurso a los datos. Saber cuántos delitos se han prevenido, cuántos casos se han resuelto, cuál es el verdadero retorno de una inversión pública que asciende a cientos de millones de colones al año.
Esa pregunta, simple y legítima, sigue sin respuesta
Y el silencio institucional no ocurre en el vacío. Se da en un contexto donde comunidades enteras reportan robos, asaltos, tacha de vehículos, venta de drogas, robo de infraestructura pública y disposición ilegal de basura. Problemas cotidianos que afectan directamente la calidad de vida de los vecinos.
Ante este panorama, la interrogante es inevitable: ¿qué resultados concretos está generando el sistema de cámaras frente a estas problemáticas?
Pero el fondo del asunto va más allá de la tecnología o su eficacia. Aquí lo que está en juego es un principio básico de la gestión pública: la rendición de cuentas.
La legislación costarricense no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Las instituciones públicas están obligadas a responder solicitudes de información en plazos razonables, especialmente cuando se trata del uso de recursos públicos. No se trata de una concesión, sino de un deber.
La falta de respuesta abre escenarios inquietantes. O bien no existen datos claros que respalden la efectividad del sistema, lo que evidenciaría una preocupante falta de evaluación; o bien esos datos existen, pero no se están compartiendo con la ciudadanía, lo que alimenta la percepción de opacidad.
Ninguna de las dos opciones es aceptable
Además, comienza a instalarse una duda incómoda: ¿se trata de una omisión generalizada o de una actitud selectiva frente a actores que ejercen una mirada crítica desde la ciudadanía organizada o los medios locales?
No se trata de adelantar conclusiones, pero sí de advertir que la falta de transparencia erosiona la confianza pública, un recurso mucho más difícil de recuperar que cualquier inversión tecnológica.
Desde La Voz de Goicoechea, el llamado es claro: responder no debería ser la excepción, sino la regla. Informar no es una opción, es una obligación.
La Municipalidad tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de transparentar el funcionamiento del sistema de videovigilancia, publicar sus resultados y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Porque al final, más allá de cámaras, monitoreos o protocolos, lo que verdaderamente está en juego es la confianza de la ciudadanía.
Y esa, cuando se pierde en el silencio, difícilmente se recupera.
