LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Greggory Gordon Cruickshank, presidente ARGUA).- Lo que alguna vez fue un refugio natural de paz, se convirtió lentamente en un espacio ajeno. Hoy, los vecinos de Goicoechea decimos “basta”. En una jornada marcada por el esfuerzo voluntario y la colaboración municipal, hemos logrado limpiar el 100% de nuestro parque ecológico, un espacio que había sido tomado por la permanencia de habitantes de calle.
El círculo vicioso de la generosidad
Como comunidad, debemos hacer una reflexión profunda. Durante mucho tiempo, movidos por la compasión, ayudamos a quienes pasaban pidiendo dinero o comida. Sin embargo, lo que nació como un gesto noble se transformó en un problema de seguridad.
Tras conversar con representantes de la Fuerza Pública, la conclusión es clara: nuestra ayuda directa se convirtió en un “modus vivendi” que fomenta la permanencia de estas personas en el área. La recomendación técnica es contundente: no entregar dinero ni víveres de forma individual. Si deseamos ayudar, debemos canalizar los recursos a través de organizaciones oficiales encargadas de la atención integral de esta población.
Un pulmón verde listo para recibirnos
El parque ha sido transformado. Gracias a la limpieza total, hoy es posible apreciar de nuevo la riqueza de nuestra tierra: árboles nativos de Costa Rica y una gran variedad de aves que regresan a este oasis de aire fresco.
Este es un llamado a todos los vecinos, vecinas y visitantes de comunidades aledañas: el parque es suyo. Vengan a respirar: Es el lugar ideal para desconectarse del ruido urbano.
Traigan a sus mascotas: Sus amigos de cuatro patas ahora tienen un lugar seguro para correr, brincar y socializar. El único requisito es que sus mascotas sean sociables para mantener la armonía.
El camino a seguir: seguridad y vigilancia
Agradecemos profundamente a la Municipalidad de Goicoechea por el apoyo en esta jornada de limpieza y a los voluntarios que trabajaron incansablemente. No obstante, el trabajo no termina aquí.
Para poner un punto final a la ocupación de este espacio (que ha llegado al extremo de la instalación de tiendas de campaña), solicitamos formalmente el cerramiento del lote baldío colindante, que funciona como principal vía de acceso para quienes pernoctan en el sitio.
La meta es clara: articular con los cuerpos policiales un patrullaje diario para garantizar que el espacio público siga siendo público y, sobre todo, seguro.
¡Apropiémonos de lo nuestro! Los esperamos en el parque.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Greggory Karl Gordon Cruickshank, Ingeniero Industrial y Abogado).- Cuando pareciera que la Municipalidad de Goicoechea ha enfrentado suficientes desafíos, surge uno que no admite demora: la recolección de los residuos sólidos. Este no es un problema menor. Se trata de un servicio esencial cuya interrupción tendría consecuencias sanitarias, ambientales y sociales para todo el cantón.
Es importante reconocer que el Departamento de Gestión Ambiental cuenta con funcionarios que desean hacer bien su trabajo. Sin embargo, también es evidente que enfrenta limitaciones, tanto en la disponibilidad de personal con perfiles especializados como en los recursos materiales necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones. Identificar estas debilidades no debe entenderse como una crítica destructiva, sino como el primer paso para encontrar soluciones.
Lo he manifestado en otras ocasiones y hoy lo reitero: señor alcalde, con mucho gusto lo ayudamos. Nuestra labor no consiste únicamente en señalar problemas, sino en aportar alternativas viables que permitan construir una mejor gestión pública.
Ante la posibilidad de utilizar camiones tipo batea o vagonetas para la recolección de residuos, decidí revisar el marco jurídico costarricense. La normativa vigente no establece una prohibición absoluta para este tipo de vehículos; sin embargo, sí impone condiciones estrictas para evitar la contaminación, el derrame de lixiviados, la dispersión de residuos y cualquier riesgo para la salud pública.
En este sentido, el artículo 29 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N.° 8839), Decreto Ejecutivo N.° 37567-S-MINAET-H, dispone que el transporte de residuos debe realizarse en condiciones que impidan su dispersión y minimicen los impactos ambientales y sanitarios. Asimismo, deben observarse las disposiciones de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N.° 8839, así como las normas sanitarias aplicables, entre ellas el Decreto Ejecutivo N.° 36093-S y la demás regulación técnica vigente.
Además, es importante considerar que el reglamento municipal no autoriza expresamente el uso de vagonetas para la recolección domiciliaria ordinaria, por lo que cualquier decisión en ese sentido debe analizarse cuidadosamente desde el punto de vista jurídico y técnico, evitando exponer a la Municipalidad a eventuales incumplimientos legales o responsabilidades administrativas.
Frente al anuncio de un posible paro de labores por parte de los trabajadores del servicio de recolección, motivado por el deterioro de las unidades, la pregunta obligada es: ¿qué debemos hacer?
La respuesta no pasa por la confrontación, sino por el diálogo y la planificación
Lo primero es establecer una mesa de negociación con los trabajadores, escuchando sus preocupaciones y procurando acuerdos que permitan garantizar la continuidad del servicio. Paralelamente, resulta indispensable realizar un diagnóstico técnico del estado de la flotilla para determinar qué unidades pueden repararse de manera segura y rentable, cuáles requieren reconstrucciones mayores y cuáles definitivamente deben sustituirse.
Con esa información, la Municipalidad podrá elaborar un plan de inversión responsable, solicitando los recursos necesarios para la compra o el alquiler temporal de nuevas unidades. Esta decisión debe sustentarse en estudios técnicos que definan la cantidad de vehículos requeridos, su capacidad de carga, las rutas de recolección, los costos de operación, mantenimiento y vida útil, garantizando un uso eficiente de los recursos públicos.
Esta estrategia ya ha sido aplicada en distintos gobiernos locales del país. Mientras se renueva la flotilla, algunas municipalidades han recurrido temporalmente al alquiler de camiones especializados o a la contratación de servicios complementarios, siempre dentro del marco legal de la contratación administrativa y bajo estricta supervisión municipal. Estas medidas han permitido evitar crisis sanitarias mientras se desarrollan soluciones permanentes.
Igualmente, es oportuno fortalecer los programas de separación de residuos en la fuente, ampliar las campañas de educación ambiental y optimizar las rutas mediante herramientas de planificación logística. Desde la ingeniería industrial existen múltiples metodologías que permiten mejorar la eficiencia operativa sin comprometer la calidad del servicio ni incrementar innecesariamente los costos.
En mi criterio, después de los retos que ha enfrentado el cantón en los últimos meses, una suspensión del servicio de recolección sería un golpe muy fuerte para Goicoechea. La acumulación de residuos no distingue barrios ni distritos; afecta la salud pública, deteriora el ambiente, perjudica el comercio y disminuye la calidad de vida de toda la población.
Por ello, hago un respetuoso llamado tanto a las autoridades municipales como a los trabajadores. Todos comparten un mismo objetivo: servir a la comunidad. El trabajo que realizan los funcionarios de recolección es esencial y merece reconocimiento, condiciones seguras y herramientas adecuadas para desempeñarlo.
Al mismo tiempo, les solicito que valoren el enorme impacto que tendría una interrupción del servicio sobre miles de familias. Estoy convencido de que el diálogo, la buena fe y la voluntad de encontrar soluciones permitirán superar este momento.
Finalmente, reitero nuestra disposición de colaborar con la Municipalidad de Goicoechea. Ponemos nuestros conocimientos y experiencia profesional al servicio del cantón para contribuir, desde una perspectiva técnica y jurídica, a la búsqueda de soluciones que beneficien a todos.
Las instituciones públicas, la ciudadanía y los trabajadores no deben verse como adversarios. Cuando trabajan de manera coordinada, con transparencia y dentro del marco de la legislación costarricense, los problemas dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades para fortalecer la gestión pública.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Vladimir León Castillo).- Con frecuencia se afirma que quienes aspiran a ocupar un cargo público deben contar con estudios, experiencia, preparación académica y un amplio conocimiento de la administración y la política. Es una exigencia razonable. La formación brinda herramientas para comprender las leyes, administrar correctamente los recursos públicos, formular proyectos y tomar decisiones responsables.
Sin embargo, existe una cualidad todavía más profunda que no se adquiere en una universidad ni se acredita mediante un título: la sensibilidad humana.
Se trata de esa chispa divina que habita en el corazón de cada persona y que se manifiesta por medio de la compasión, la honestidad, la solidaridad, la justicia y el deseo genuino de servir al prójimo. Esa luz interior es la que permite que una persona no vea únicamente expedientes, estadísticas, presupuestos o votos, sino seres humanos con necesidades, sueños y derechos.
De poco sirven los títulos universitarios cuando el corazón permanece indiferente ante el sufrimiento del pueblo. De poco sirve dominar las leyes cuando se olvida que su finalidad debe ser proteger la dignidad de las personas. La inteligencia sin valores puede utilizarse para construir poder, controlar instituciones o defender intereses particulares; pero solamente una inteligencia guiada por principios puede contribuir a construir una sociedad verdaderamente justa y humana.
Un reconocido pensamiento espiritual señala que es necesario cristianizar la política y no permitir que la política cristianice el Evangelio. Esta expresión merece una reflexión profunda. No se trata de imponer una religión desde el Estado ni de utilizar la fe como instrumento electoral. Se trata de incorporar al servicio público valores universales como la verdad, la justicia, la misericordia, la honestidad, el respeto, la solidaridad y el amor al prójimo.
Cuando la política intenta apropiarse de la religión para obtener votos, justificar privilegios o construir una imagen de superioridad moral, se corre el riesgo de convertir la fe en propaganda. Por el contrario, cuando los valores espirituales transforman la manera de ejercer la política, el poder deja de ser un medio de beneficio personal y se convierte en una herramienta para servir.
Es cierto que, a lo largo de la historia, muchas personas que se han presentado como religiosas han participado en la política sin actuar conforme a los principios que públicamente profesaban. Algunas utilizaron el nombre de Dios mientras practicaban la injusticia, la corrupción, la discriminación o el abuso de poder. Sin embargo, los
Errores y contradicciones de ciertas personas no deben llevarnos a renunciar a los valores.
La verdad continúa siendo necesaria. La justicia sigue siendo indispensable. La solidaridad continúa siendo una obligación moral. Y el servicio sincero permanece como uno de los ideales más elevados de la política.
Tampoco se trata de enfrentar la preparación académica con la espiritualidad. Ambas deben caminar de la mano. Una sociedad necesita profesionales capaces de elaborar políticas públicas, administrar presupuestos y resolver problemas complejos, pero también necesita seres humanos sensibles, capaces de mirar a los ojos al agricultor, al trabajador, al adulto mayor, a la madre que sostiene sola a su familia, al joven que busca su primera oportunidad laboral y a quienes viven en condiciones de pobreza o exclusión.
La preparación técnica permite comprender los problemas, pero la conciencia humana permite reconocer su urgencia. El conocimiento puede indicar cuál es la solución más eficiente, mientras que la ética recuerda que ninguna decisión debe abandonar a las personas más vulnerables.
Cuando la inteligencia se une con la conciencia, cuando el conocimiento se encuentra con la ética y cuando la preparación se acompaña de compasión, nace el verdadero servidor público. Ese líder comprende que el poder no es un premio, una propiedad personal ni un privilegio para favorecer a familiares, amigos o grupos cercanos. Es una responsabilidad temporal que debe ejercerse para servir a toda la comunidad.
Goicoechea necesita mujeres y hombres preparados, honestos y capaces. Pero, sobre todo, necesita personas con una conciencia profundamente humana y cristiana, entendida como una experiencia auténtica de amor al prójimo, respeto por la dignidad de cada habitante y compromiso firme con quienes más necesitan del apoyo institucional.
El cantón no requiere únicamente discursos bien elaborados, títulos colocados en una pared o promesas pronunciadas durante las campañas electorales. Requiere autoridades que escuchen, que recorran las comunidades, que comprendan las necesidades reales de sus habitantes y que administren los recursos públicos con honestidad, transparencia y sensibilidad social.
Las grandes transformaciones no nacen únicamente de una mente brillante. Nacen también de un corazón dispuesto a escuchar, a acompañar, a reconocer sus errores y a trabajar por el bienestar colectivo.
La política recuperará su verdadera grandeza cuando deje de ser vista como un camino para alcanzar poder y vuelva a comprenderse como una vocación de servicio. Porque gobernar no debería significar estar por encima del pueblo, sino colocarse a su lado, defender su dignidad y trabajar incansablemente por el bien común.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gerardo Del Valle Garbanzo).- Gerardo Del Valle Garbanzo, en mi condición de vecino del distrito de Ipís, me dirijo a ustedes para exponer algunos puntos relacionados con la moción presentada en la Sesión Ordinaria N° 28, celebrada el lunes 13 de julio de 2026, referente a la firma de una adenda al convenio suscrito entre la Municipalidad de Goicoechea y la UCR-ProDUS, en el marco del proceso de actualización del Plan Regulador del cantón.
Existe amplia documentación sobre las consultas realizadas por la comunidad, el propio Concejo Municipal y otras instancias ante esta Comisión y ante la UCR-ProDUS. Por mi parte, me refiero a aspectos específicos del proceso que considero relevantes, tal como detallo a continuación.
Es preocupante el rumbo que ha tomado la situación respecto a la adenda, pendiente actualmente de ratificación. También es relevante destacar —en favor de esta Comisión— que es la primera instancia del Plan Regulador que menciona explícitamente la situación de los vecinos que han presentado consultas sobre la actualización del instrumento, y que en el plenario del Concejo se ha reiterado que muchas de estas personas no han recibido respuesta a sus inquietudes.
Se ha justificado la necesidad de ampliar el convenio mediante adenda debido a la próxima finalización del plazo del contrato. Al respecto, surge la siguiente duda: si en octubre de 2025 se convocó a una audiencia pública para analizar la propuesta de actualización del Plan Regulador, se entiende que para esa fecha los estudios ya estaban concluidos y sus resultados estaban listos para ser presentados y consultados por la ciudadanía.
En consecuencia, si se aprueba la adenda sin condiciones, la Municipalidad estaría validando como definitivos los estudios, diagnósticos e informes entregados antes de esa audiencia. De haberse celebrado la audiencia de octubre de 2025, esta Comisión sería la garante de la información presentada; al convalidar el Concejo el criterio de la Comisión, asumiría la responsabilidad ante la comunidad de Goicoechea, pero sin haber integrado las consultas de los vecinos.
Un ejemplo de esta falta de claridad es la creación de los reglamentos supletorios a la actualización: en particular, el Reglamento de Renovación Urbana aprobado en 2024, que se elaboró con el fin de diversificar el uso de los terrenos y ampliar las facultades de la administración para su aplicación, pero que presenta contradicciones en sus lineamientos.
En la misma línea, respecto al listado de usos de suelo: se parte de 94 categorías vigentes, y representantes de ProDUS han informado que se ampliará a más de 500 nuevos usos. A pesar de mis solicitudes formales, no he recibido el detalle de esta lista hasta la fecha.
Es necesario aclarar que se trata de una actualización del reglamento vigente: es decir, se agregan, mejoran o sustituyen algunos artículos, sin que se trate de un instrumento totalmente nuevo.
Propuestas para integrar en la adenda
Por lo anterior, respetuosamente sugiero incluir los siguientes puntos como requisitos obligatorios para la aprobación de la adenda:
La UCR-ProDUS deberá presentar, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la firma de la adenda, la siguiente información:
Informe técnico de avance.
Relación de los productos entregados a la fecha, con indicación de cuáles han sido aprobados por la Comisión y su referencia respecto a los ejes de trabajo.
Porcentaje de avance físico y financiero del convenio hasta la fecha.
Lista de productos pendientes desde octubre de 2025 hasta la actualidad, con cronograma detallado de entrega de los estudios faltantes.
Estudio Ambiental Estratégico, propuesta final de zonificación y texto completo de los nuevos reglamentos.
Estrategia de gestión de residuos sólidos, con indicación de sus alcances, efectos y mecanismos de seguimiento.
Copia de las respuestas a las consultas enviadas al INVU, SETENA, AyA y demás entidades públicas competentes, presentadas antes de octubre de 2025.
Verificación de los reglamentos por la Dirección de Ingeniería Municipal: Esta instancia deberá comprobar directamente que las organizaciones comunales de cada distrito fueron consideradas en la elaboración de los nuevos reglamentos, así como que se atendieron los temas relativos al medio ambiente y la conservación. Esta función no podrá delegarse, y se deberá rendir un informe a la Comisión con los resultados del análisis.
Condición sobre la audiencia pública: Si para octubre de 2025 la información ya estaba lista para su presentación, no se justifican estudios adicionales por parte del ente contratado. Por tanto, una vez cumplidos los puntos anteriores, se deberá convocar nuevamente a la audiencia pública en un plazo máximo de 120 días.
En resumen, de aprobarse la adenda bajo estas condiciones, el plazo previsto originalmente para la audiencia pública se reduciría de 730 a 120 días. Asimismo, el pago final del contrato quedará condicionado a la aprobación total de la actualización del Plan Regulador.
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