Goicoechea 2025: cuando incomodar se volvió pecado

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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Aníbal Porras, periodista).- El 2025 deja para Goicoechea una postal incómoda, pero necesaria. Un año que expuso una institucionalidad local más preocupada por silenciar a quien fiscaliza que por resolver los problemas estructurales que arrastra el cantón desde hace años.

Durante este periodo, autodenominados “líderes cantonales” del partido oficialista en la Municipalidad, manifestaron abiertamente su enojo con este medio de comunicación por hacer lo que corresponde en cualquier democracia: informar, cuestionar lo que no funciona y llamar a la ciudadanía a pedir cuentas. No fue una molestia discreta. Fue una narrativa insistente que buscó desacreditar al mensajero en lugar de responder por el mensaje, acompañada de amenazas veladas, insultos y ataques en redes sociales.

En Goicoechea, criticar dejó de entenderse como un derecho ciudadano y empezó a tratarse como una amenaza política.

Talleres, camiones y facturas que no cuadran

Uno de los casos más comentados del año fue el reportaje que reveló montos llamativamente elevados cobrados por un taller mecánico contratado para reparar camiones recolectores de basura que, en la práctica, continúan sin operar de forma adecuada.

La inquietud creció cuando trascendió que el propietario del taller tendría cercanía con campañas electorales del partido que gobierna el cantón. No se trata únicamente de un problema de basura: es un asunto de posibles conflictos de interés, prioridades distorsionadas y un débil control del gasto público.

Una Municipalidad partida en dos

El 2025 también evidenció una fractura interna cada vez más visible en el liderazgo municipal. Un alcalde que progresivamente resta funciones y espacios a una vicealcaldesa reconocida por su liderazgo y respaldo comunal, en un contexto donde —según comentarios públicos reiterados en el cantón— ella se habría negado a continuar pagando “cuotas de peaje político” a un personaje político local.

Cuando el liderazgo se castiga y la sumisión se premia, la institucionalidad se resiente.

Sindicatos, promesas y silencios incómodos

Otro tema delicado fue la alineación de una fuerza sindical con la administración municipal, en medio de rumores sobre promesas políticas futuras: desde puestos en papeletas municipales hasta jefaturas de despacho vinculadas a aspiraciones legislativas.

No se trata de criminalizar al sindicalismo, sino de recordar que la defensa de los derechos laborales no puede convertirse en moneda de cambio político.

El costo humano del “o yo o nada”

El perseguimiento político a líderes comunales dejó huellas profundas. El caso más doloroso fue el de Francisco Castaing, impulsor del Festival de Bandas de Ipís, quien enfrentó trabas administrativas constantes durante un año completo.

La lógica fue devastadora: “o salgo yo, o no se hace nada”.

El resultado fue la renuncia de un líder comunal a proyectos que generaban cultura, identidad y desarrollo. Cuando la política expulsa a quienes trabajan sin esperar beneficios personales, el cantón pierde mucho más de lo que imagina.

Transparencia ausente y prioridades perdidas

El 2025 deja también una persistente sensación de opacidad institucional:

Información pública manejada con secretismo

Fechas que no se anuncian

Montos que se diluyen en el cómodo “aproximadamente”

Todo esto ocurre en un cantón saturado de necesidades reales: basura sin resolver, aceras inexistentes, calles deterioradas, comercio asfixiado, problemas con patentes, desempleo y tapas de alcantarillado que representan un peligro cotidiano.

Mientras tanto, la casona histórica de Centeno Güell resiste otro año más al abandono, al clima y al tiempo, mientras se anuncian comisiones “para ver el tema”, sin resultados visibles.

Purral: el silencio y la angustia

La amenaza de desalojos en Purral, que podría afectar a cientos de familias de muy bajos recursos, continúa sin respuestas claras. Ni siquiera existe información precisa sobre las zonas realmente afectadas.

El silencio institucional también es una forma de violencia.

Cuando la omisión mata

Uno de los hechos más dolorosos del año fue la muerte de un menor de edad, en un contexto que desnudó la inoperancia municipal y la omisión de deberes por parte de autoridades locales. Como ha ocurrido otras veces, la responsabilidad volvió a desplazarse hacia la ciudadanía, acusada de “no colaborar”.

En Goicoechea, la culpa casi siempre cae hacia abajo.

Sobres amarillos y verdades que no llegan

Durante el 2025 circularon denuncias confidenciales, sobres amarillos y señalamientos contra el alcalde. Sin embargo, la ciudadanía nunca supo de qué se trataban ni qué decisiones se tomaron.

¿Se investigó? ¿Se archivó? ¿Se resolvió?

El ciudadano común no lo sabe.

Criticar a quienes critican

Como respuesta, surgió una página en redes sociales dedicada a criticar a quienes critican, apelando a una supuesta “neutralidad”, mientras aplaude cada comisión creada por la Alcaldía, aunque estas —como ya es costumbre— no produzcan resultados concretos.

La neutralidad selectiva no es neutralidad.

Goicoechea Resucita: el movimiento que incomoda

En contraste, el 2025 también vio el fortalecimiento de un movimiento ciudadano: Goicoechea Resucita. Un grupo que decidió informar, señalar oportunidades de mejora y sembrar esperanza, y que por ello fue atacado por políticos y politiqueros tradicionales que se sintieron amenazados.

Porque en Goicoechea —como en muchos lugares— la información sigue siendo el peor enemigo de quienes prefieren operar en la sombra.

El 2025 no fue un año cualquiera. Fue el año en que quedó claro que incomodar al poder sigue siendo necesario, que la crítica no es traición y que la democracia local no se defiende con aplausos, sino con preguntas.

Y esas preguntas, tarde o temprano, siempre encuentran su camino.

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Opinión

Si todo es “dictadura”, ya nada lo es: el negociazo de trivializar el lenguaje como estrategia política

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por María Lucía Arias).- En el mundo de la estrategia política, en los últimos años se volvió casi rutina usar palabras como “autoritarismo”, “dictadura” o “fascismo” para atacar a un candidato o, más bien, para asustar a la gente y empujarla a votar desde el miedo. Antes, al menos en el discurso público, la política se jugaba más alrededor de quién parecía más preparado, más capaz o con mejores ideas. Hoy, en cambio, muchas campañas se han reducido a una competencia de quién es el “menos malo”, quién es el “menos dictador”. Y cuando el debate se encierra en ese marco, las consecuencias son reales, porque no solo se empobrece la conversación democrática en Costa Rica, sino que además se debilita la manera en que, a nivel internacional, entendemos y defendemos la democracia.

Esta práctica se vio con fuerza durante la primera campaña presidencial de Donald Trump en 2016, cuando se volvió común etiquetarlo de “dictador”, “fascista” o “autoritario” como fórmula repetida. Desde entonces, y aunque la experiencia ha mostrado que esa táctica muchas veces no funciona como se espera, se ha seguido usando el miedo como atajo, incluso sabiendo que el costo lo termina pagando el lenguaje político y, con él, la confianza pública. A partir de esto, la pregunta importante no es si una frase pega o no pega en redes, sino qué le hace al país cuando las palabras dejan de significar cosas concretas.

Para discutir esto sin gritos, primero hay que aterrizar los conceptos. Dictadura no es una palabra dramática para sonar fuerte: es una descripción de un tipo de régimen. La RAE la define como un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Ahí hay criterios bien específicos: concentración del poder y represión de derechos y libertades, no solo decisiones impopulares o estilos bruscos. Si esas piezas no están, no estamos describiendo una dictadura, estamos usando la palabra como insulto.

Con el autoritarismo pasa algo distinto. La RAE habla de “actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella” y también de un “régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad”. O sea, el autoritarismo puede ser un estilo, una tentación o prácticas dentro de un sistema que todavía tiene elecciones, división de poderes y prensa crítica, aunque funcione mal o se tense. Que un gobierno haga cosas autoritarias puede ser grave y criticable, claro, pero no equivale automáticamente a dictadura, porque dictadura implica concentración total del poder y represión estructural, no solo políticas públicas que no les gusten.

Y con fascismo pasa algo parecido. La RAE lo define primero como el movimiento histórico surgido en Italia que gobernó entre 1922 y 1945, y también recoge un uso más general como “actitud autoritaria y antidemocrática”. El problema aparece cuando esa palabra se convierte en etiqueta para cualquier cosa que molesta. Cuando todo termina siendo “fascismo”, la palabra deja de decir algo específico; ya no distingue entre un desacuerdo fuerte, una política dura, un gobierno torpe o un régimen con culto al líder, partido único y persecución organizada. Esa inflación del lenguaje no solo le falta el respeto a la historia, también nos deja desarmados para reconocer lo realmente peligroso cuando aparezca.

Con ese marco, es más fácil ver el punto central: en Costa Rica se volvió casi reflejo decir que “si gana Laura Fernández viene la dictadura”, solo por ser vista como continuidad del oficialismo. El problema de lanzar esas frases no es únicamente que muchas veces no funcionan y hasta pueden fortalecer al mismo oficialismo. Es algo más profundo, la gente se acostumbra a escuchar esos términos como si fueran parte del vocabulario cotidiano, dichos a la ligera, repetidos hasta quedar vacíos. Y cuando “todo” es así de peligroso, al final nada lo es.

Esa banalización tiene un efecto peligroso, porque le abre el camino a futuros líderes realmente autoritarios. Si algún día alguien intenta de verdad concentrar poder, debilitar controles y recortar libertades, el país llegará con las alarmas gastadas. La costumbre de exagerar convierte las advertencias en ruido, y ese ruido termina normalizando lo que antes habría parecido inaceptable. Así se borra la línea entre una democracia imperfecta y un régimen que efectivamente reprime y manda sin frenos, y cuando esa línea desaparece, perdemos todos porque ya no sabemos cómo nombrar el peligro justo cuando de verdad aparece.

Por eso, si alguien quiere advertir, que lo haga con hechos: cuáles controles se están debilitando, qué instituciones se están capturando, qué libertades se están recortando, qué reformas concretas apuntan a concentrar poder. Si no puede mostrar eso, entonces no está haciendo una alerta democrática, está haciendo propaganda para asustar. Y ese atajo, por más tentador que sea, alimenta la misma cultura política que después hace más fácil tolerar abusos reales.

En esa confusión también se mete otro error frecuente: convertir debates normales de política pública en pruebas de “fascismo”. Querer calles seguras, apoyar penas más duras para delitos violentos, estar en contra de bloqueos en carretera, pedir control fronterizo, exigir deportación de criminales extranjeros, ordenar la migración, pedir una policía bien equipada, castigar al narco o impulsar escáneres en puertos son discusiones de orden público que existen en democracias de muchos signos. Se vuelven autoritarias no por el tema en sí, sino por el cómo: si se ignora el debido proceso, si se crean excepciones permanentes, si se castiga selectivamente o si se normalizan abusos sin controles.

Con educación y cultura pasa lo mismo. Pedir que el MEP se enfoque en matemáticas y lectura, exigir evidencia antes de política pública, defender el debate con datos o criticar sesgos en universidades puede ser parte de una conversación democrática legítima. Lo antidemocrático sería imponer una línea única desde el poder, perseguir la disidencia, censurar o convertir instituciones en instrumentos para callar al que piensa distinto. Ahí es donde está la frontera que de verdad importa.

En economía y Estado también sucede constantemente. Defender el mérito, pedir rendición de cuentas, combatir la corrupción, exigir eficiencia, cuestionar privilegios del sector público, criticar sindicatos cuando paralizan servicios, o plantear menos trámites y más espacio para emprender no es “culto al poder”. Es discutir modelo económico, tamaño del Estado y calidad del gasto. En democracia eso se debate con números, resultados y reglas claras, no con etiquetas dramáticas y estigmatizantes.

Y en libertades civiles, la discusión se vuelve todavía más delicada, precisamente porque ahí sí aparecen riesgos reales si se cruzan límites. Defender la libertad de expresión, sostener ideas impopulares, criticar tendencias culturales como la cultura “woke”, oponerse al lenguaje inclusivo o disentir de agendas identitarias no es fascismo. Lo que sí sería peligroso es usar el Estado para castigar opiniones, acallar medios, intimidar opositores o construir enemigos internos para justificar persecución. Otra vez, no es la palabra bonita o fea, es el uso del poder.

En esta misma línea, la continuidad política por sí sola no es evidencia de dictadura. Costa Rica ya ha tenido periodos de gobiernos consecutivos del mismo partido y no por eso se suspendieron elecciones, se cerró el Congreso o desaparecieron los controles. Veamos como ejemplo los últimos seis gobiernos. En 1998 se declaró electa la fórmula del Partido Unidad Social Cristiana con Miguel Ángel Rodríguez para 1998–2002, y en 2002 de nuevo la del PUSC con Abel Pacheco para 2002–2006. Eso fue continuidad partidaria de 8 años. Luego, el TSE declaró electa la fórmula del PLN con Óscar Arias para 2006–2010, y en 2010 la del PLN con Laura Chinchilla para 2010–2014. Más tarde, el PAC encadenó también dos gobiernos: el TSE declaró electa la fórmula del PAC con Luis Guillermo Solís para 2014–2018, y en 2018 la del PAC con Carlos Alvarado para 2018–2022.

Por lo que nos queda claro que la continuidad, por sí sola, no prueba nada de lo que significan “dictadura” o “fascismo”.

Costa Rica no necesita campañas basadas en palabras infladas, necesita ciudadanos que entiendan la diferencia entre un gobierno que no les gusta y un régimen que les quita la voz. Trivializar el lenguaje no es un accidente, es un negocio redondo. Si todo es “dictadura”, cualquiera puede venderse como “resistencia”, cualquier comentario se vuelve “valiente” y cualquier medio o influencer puede ordeñar indignación a punta de asustar a las personas.

Es propaganda disfrazada de defensa democrática porque no exige pruebas, no aguanta matices y, cuando le pedimos hechos, se ofenden como si pedir evidencia fuera “complicidad”. Al final, el país paga la factura doble, porque se normaliza el grito y se pierde el termómetro. Y cuando aparezca alguien que sí quiera el poder de verdad, va a entrar con la alfombra roja puesta por los mismos que se pasaron años usando “dictadura” como muletilla para ganar atención. Si todo es “dictadura”, ya nada lo es, y ese es exactamente el negociazo.

Opinión

El suspicaz apuro del magistrado Rueda en el proceso de frecuencias de radio y TV

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Paula Bogantes Zamora, ministra).- La periodista Vilma Ibarra divulgó, el pasado jueves, en su programa Hablando Claro detalles de los procesos interpuestos ante la Sala Constitucional contra el concurso de frecuencias de radio y televisión. En su intervención, hizo referencia a información presuntamente filtrada desde la propia Sala Constitucional, un hecho preocupante que merece especial atención.

En ese espacio se dio información que no es pública y que evidenciaría una peligrosa convergencia entre ciertos sectores de la prensa y un sector politizado dentro de la Sala Constitucional. Se mencionó incluso la oposición de un magistrado a votar el fallo, desacreditándolo como “filibustero”, no por violentar la ley, sino por no alinearse con la prisa ni con la narrativa que algunos desean imponer antes de que finalice enero, coincidentemente, en la antesala del proceso electoral.

Esta reciente divulgación de información, así como la presión pública por acelerar resoluciones judiciales, generan serias dudas sobre la independencia del proceso relacionado con dicho concurso.

Destaca la premura atribuida al magistrado Rueda para votar un fallo, junto con la imposición de una medida cautelar sin audiencia previa al Estado, lo cual limita su derecho de defensa.

Este contexto coincide con una ofensiva mediática y judicial de sectores históricamente beneficiados por concesiones otorgadas durante más de 70 años bajo condiciones laxas, con costos risibles y derechos de uso gratuitos, además de obligaciones mínimas de cobertura y calidad de servicio.

El espectro radioeléctrico es un bien público estratégico, no un derecho privado perpetuo, el cual debe asignarse mediante concursos transparentes, con el objetivo principal de garantizar cobertura nacional y calidad del servicio.

El actual proceso de reasignación de frecuencias contempla concesiones de hasta 25 años, así como facilidades de pago que permiten distribuir la inversión en el tiempo, por lo que resulta insostenible afirmar que el precio del espectro sea inviable para una industria con ingresos significativos.

Mientras tanto, amplias regiones del país —como la Huetar Norte y el Pacífico Central— presentan coberturas de televisión digital inferiores al 6%, evidenciando un rezago que afecta directamente el derecho a la información y obliga a estas comunidades a vivir un apagón informativo.

No se trata de libertad de expresión, sino de establecer reglas claras para el uso de un bien público. La pluralidad, la competencia y la mejora del servicio fortalecen la democracia; la defensa de privilegios históricos no.

El Estado actuará conforme a derecho, pero también debe señalar el uso del poder mediático para presionar decisiones o frenar reformas necesarias, recordando que los criterios de los magistrados deben guiarse exclusivamente por su deber de ser garantes de los derechos consagrados en la Constitución Política, sin atender presiones externas ni preferencias políticas.

La libertad de expresión no es un derecho supeditado al uso de frecuencias, por lo que invocarla para frenar este proceso es un error de concepto. Lo que aquí se discute es el fin de una gestión irresponsable del espectro que ha beneficiado a unos pocos sobre el interés general. La democracia se fortalece cuando un recurso que nos pertenece a todos se administra con transparencia y apertura, y no cuando se perpetúan ventajas que ignoran la realidad de las comunidades.

Opinión

Salgamos a votar

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gerardo Alberto Pérez Obando (Gapo), columnista).- El abstencionismo. Reflexión cívica sobre sus causas, efectos, y caminos de reducción. Es la decisión de no participar en una elección, o consulta popular. Un fenómeno complejo que no se explica con una sola causa, ni se resuelve con solo una medida. A veces se interpreta, apresuradamente, como indiferencia, pereza, o desinterés. En otras, protesta silenciosa.

La realidad es que suele ser una mezcla de factores personales, sociales, e institucionales que se acumulan con el tiempo. Comprenderlo con serenidad es el primer paso para disminuirlo. Solo lo que se entiende puede atenderse con eficacia.

En las democracias contemporáneas, la participación electoral es una de las formas más visibles de la ciudadanía. No es la única, también lo son la deliberación pública, vigilancia del poder, organización comunitaria, acceso a la información, y el respeto por las reglas del juego, pero el acto de participar en una elección tiene una característica especial por las consecuencias, concretas y mensurables, en la distribución de responsabilidades públicas.

Cuando el abstencionismo crece, normalmente lo acompaña una sensación colectiva de distancia entre instituciones y ciudadanía. Una especie de “brecha” que debilita la confianza en el sistema.

Con frecuencia, el abstencionismo refleja una pregunta más profunda: “¿Para qué participar si nada cambia?” Esa idea puede nacer de experiencias acumuladas, promesas incumplidas, escándalos, decisiones públicas que no se explican bien, o parecen contradecir el interés general.

Cuando una parte de la población percibe que su voz no pesa, o que los resultados están “decididos” por otros, la motivación para participar se erosiona.

No siempre se trata de apatía; a veces es decepción.

Hay abstencionismos distintos. En el “pasivo”, la desconexión se debe a falta de información, cansancio, o creer que no entiende el tema. El “activo, se asume como gesto de protesta o rechazo.

En ambos casos, el efecto práctico es el mismo. El espacio público termina representando, con mayor intensidad, a quienes participan; dejando en la periferia a los que se ausentan.

Entre las razones más comunes del abstencionismo se encuentra la desconfianza y fatiga cívica. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones no responden, o el debate público se degrada en ataques y simplificaciones, se produce un desgaste emocional, convirtiendo a la política en un ruido o conflicto permanente. Esa fatiga puede llevar a desconectarse “para cuidar la paz personal”.

Desinformación y exceso de información. Paradójicamente hoy podemos estar desinformados, por falta de datos o saturación de mensajes contradictorios. Cuando no hay claridad, se impone el “mejor no me meto”, y el costo de informarse se percibe demasiado alto.

Obstáculos prácticos. Puede haber personas ausentes por razones logísticas de trabajo, transporte, cuido de familiares, enfermedad, distancia, o trámites no completados a tiempo. Barreras importantes porque muestran que el abstencionismo no siempre es una decisión ideológica, sino una consecuencia de condiciones de vida.

También existe una sensación de falta de propuestas. Si la ciudadanía percibe que las opciones no la representan, o las diferencias son mínimas, aparece la sensación que “todas son iguales”. Esa conclusión, puede ser discutible, pero existe y pesa.

Salgamos a votar para comenzar a luchar contra este mal endémico en que nos ha sumido la politiquería tradicional. En el aire se siente que la ciudadanía, lentamente va despertando ante los acontecimientos de este período presidencial que concluye.  

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