Siete años después, la Sala IV sigue sin resolver recurso contra privilegios salariales de magistrados

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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Daniel Madrigal Sojo, abogado y periodista).- A más de siete años de haber sido presentado, un recurso de inconstitucionalidad contra los privilegios salariales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúa sin resolución en la Sala Constitucional, generando serios cuestionamientos sobre la mora judicial y un posible conflicto de intereses en el máximo órgano garante de la Constitución.

La acción fue interpuesta contra el denominado índice gerencial, un plus salarial aprobado en 2010 que permitió a los integrantes de la Corte Plena incrementar sus salarios en un 96%, mediante una decisión adoptada por los propios beneficiarios, sin consulta ciudadana ni controles externos efectivos.

Según lo planteado en el recurso, este beneficio resulta desproporcionado e irrazonable, especialmente en un contexto marcado por restricciones fiscales, ajustes presupuestarios y sacrificios exigidos de forma recurrente a la población. Pese a la relevancia institucional del tema y su impacto directo sobre el uso de recursos públicos, el expediente permanece sin una resolución definitiva en la Sala IV.

“La inercia institucional ha tenido consecuencias económicas concretas: mientras el expediente duerme, mes a mes se siguen pagando millones de colones provenientes del erario público”, se ha advertido reiteradamente. Esta falta de respuesta no solo afecta la confianza ciudadana en el sistema de justicia, sino que prolonga la vigencia de privilegios cuestionados desde el punto de vista ético y legal.

El caso fue impulsado originalmente por los jueces Silvia Arce y Armando Elizondo, quienes alertaron sobre la existencia de un beneficio que la cúpula judicial se autoasignó, sin debate público y de espaldas al país.

Para los críticos, la situación refleja un problema estructural más profundo. “Existen dos instancias superiores a la Sala Constitucional: la moral y la vergüenza. Ambas obligarían no solo a eliminar el beneficio, sino también a devolver los recursos públicos repartidos como si se tratara de una piñata”, señalan.

Desde distintos sectores se insiste en la urgencia de que la Sala Constitucional se pronuncie, ya sea para validar o anular el beneficio, pero poniendo fin a una espera que ya supera los siete años y que continúa erosionando la credibilidad del sistema de justicia costarricense.

Mientras tanto, el expediente sigue pendiente.

Y el silencio institucional, también.

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