LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Daniel Madrigal Sojo, abogado y periodista).- A más de siete años de haber sido presentado, un recurso de inconstitucionalidad contra los privilegios salariales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúa sin resolución en la Sala Constitucional, generando serios cuestionamientos sobre la mora judicial y un posible conflicto de intereses en el máximo órgano garante de la Constitución.
La acción fue interpuesta contra el denominado índice gerencial, un plus salarial aprobado en 2010 que permitió a los integrantes de la Corte Plena incrementar sus salarios en un 96%, mediante una decisión adoptada por los propios beneficiarios, sin consulta ciudadana ni controles externos efectivos.