Romper el monopolio — Urge un nuevo pacto de representación
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- El sistema político costarricense, otrora símbolo de estabilidad democrática en la región, atraviesa un desgaste inocultable. La desconfianza ciudadana, el abstencionismo y la desconexión entre la clase política y la realidad cotidiana son señales inequívocas de un modelo agotado. En el corazón de esta fatiga democrática yace un factor estructural: el monopolio que la Constitución otorga a los partidos políticos para postular candidatos a los cargos de elección popular.
La reciente propuesta de reforma constitucional impulsada por la diputada Pilar Cisneros para abrir la posibilidad de candidaturas independientes no surge de la improvisación, sino de la urgencia. Los partidos —que debieron ser vehículos de representación y debate cívico— se han convertido, en muchos casos, en maquinarias burocráticas encerradas en sus propios laberintos. Más preocupados por la “deuda política” que, por la deuda moral con sus electores, han perdido el contacto con las causas y aspiraciones reales de la ciudadanía.
El resultado es desalentador: ciudadanos valiosos, con trayectoria, conocimiento y vocación pública, optan por mantenerse al margen antes que atravesar el calvario de las estructuras partidarias. La democracia se empobrece cuando quienes podrían enriquecerla renuncian a participar.
Oxigenar la democracia sin romperla
Romper este monopolio no equivale a abrir la puerta al caos ni a la demagogia. Significa oxigenar el sistema y elevar los estándares de representación. La falsa dicotomía entre “partidos o anarquía” debe superarse. La apertura a candidaturas independientes o movimientos cívicos locales puede coexistir con la institucionalidad, siempre que existan reglas claras y rigurosas.
El desafío es diseñar filtros que sustituyan la militancia partidaria por criterios de mérito, idoneidad y respaldo ciudadano real. Se trata de pasar del “quién pertenece” al “quién merece”.
Los filtros del siglo XXI
Un sistema mixto o de candidaturas independientes debe cimentarse sobre exigencias firmes:
Respaldo ciudadano real: exigir un número significativo de firmas del padrón electoral según el nivel del cargo, para garantizar legitimidad y evitar aventuras personales.
Probidad absoluta: quienes aspiren a representar al pueblo no deben tener condenas, ni deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. La autoridad moral es un requisito básico, no un lujo.
Transparencia del equipo: especialmente en la contienda presidencial, el país debe conocer de antemano quiénes integrarán el gabinete. Se acabaron los experimentos postelectorales y los nombramientos por conveniencia.
Agendas concretas: reemplazar los planes de gobierno genéricos por propuestas medibles, con metas, plazos y fuentes de financiamiento definidas.
Financiamiento limpio y ética digital: campañas transparentes, sin dinero oscuro ni manipulación de la información. La mentira no puede seguir siendo una estrategia electoral impune.
El paso ineludible
El Tribunal Supremo de Elecciones debería asumir el papel de garante y árbitro de este nuevo paradigma, certificando la idoneidad de las candidaturas y velando por la equidad en la competencia. Asimismo, sería deseable que todo funcionario electo reciba capacitación obligatoria en administración pública y Constitución Política. Gobernar un país exige conocimiento y respeto por las normas que lo sostienen.
El Código Electoral vigente ya no responde a los desafíos del presente. Romper el monopolio de los partidos no es un acto de rebeldía, sino un acto de responsabilidad. La democracia necesita abrir ventanas antes de que la falta de aire la asfixie del todo.
Costa Rica no puede seguir apostando por la inercia. Un nuevo pacto de representación —más inclusivo, transparente y exigente— no solo revitalizaría la política, sino que devolvería al ciudadano la convicción de que su voz importa. Romper el monopolio, lejos de debilitar la democracia, puede ser la única forma de salvarla.
