LA VOZ DE GOICOECHEA, (Por Gabriela Umaña, periodista).- En Goicoechea, el discurso del desarrollo comienza a vaciarse de contenido cuando se pretende confundir progreso con cemento. La intención de la Municipalidad de Goicoechea de intervenir —y eventualmente cementar— el Parque Santiago Jara, en Guadalupe, no solo genera preocupación: constituye una señal alarmante sobre el rumbo que están tomando las decisiones políticas en el ámbito local.
El Concejo Municipal está integrado por representantes de Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Cambio Ciudadano, Unidos Podemos y Progreso Social Democrático. Partidos que hoy, en el escenario nacional, hablan de bienestar, sostenibilidad, salud y calidad de vida. Es precisamente por eso que resulta inaceptable que, desde el gobierno local, se impulse una idea que atenta contra uno de los pocos espacios verdes que aún le quedan al cantón.
El Parque Santiago Jara no es un lote subutilizado ni un espacio “disponible” para proyectos de cemento. Es un pulmón urbano, un espacio de convivencia comunitaria y un refugio ambiental en medio de una zona cada vez más saturada por el tráfico, el ruido y la contaminación. Allí confluyen familias, personas adultas mayores, niñas, niños y vecinos que encuentran en ese espacio algo cada vez más escaso: aire, sombra, tranquilidad y contacto con la naturaleza.
Las ciudades modernas y responsables avanzan hacia la recuperación y ampliación de sus áreas verdes, no hacia su reducción. Numerosos estudios confirman que los parques urbanos mejoran la salud mental, reducen el estrés, mitigan el calor, mejoran la calidad del aire y fortalecen el tejido social. Cementar un parque no es una decisión técnica: es una decisión política que revela prioridades.
Por ello, desde este medio hacemos un llamado directo y público al alcalde, a las regidoras y regidores de Goicoechea: revisen esta propuesta, detengan cualquier intento de cementación del Parque Santiago Jara y abran un proceso transparente de diálogo con la comunidad. Gobernar no es imponer proyectos desde un escritorio; es escuchar, comprender y proteger el interés colectivo.
La ciudadanía no eligió autoridades para que administren la escasez de espacios verdes, sino para que los defiendan y los fortalezcan. Persistir en una lógica de cemento y urbanización desmedida sería una falta grave de visión y de responsabilidad histórica.
Desde La Voz de Goicoechea asumimos una posición clara y firme: nos oponemos a cualquier iniciativa que implique la pérdida del carácter verde del Parque Santiago Jara. Exigimos que se respete su vocación ambiental y comunitaria, y que se descarte de manera definitiva cualquier plan que lo convierta en una plancha de concreto.
El verdadero desarrollo de Goicoechea no se mide en obras grises, sino en la capacidad de proteger la vida, la salud y el derecho de las comunidades a un entorno digno. El Parque Santiago Jara no se negocia. Se defiende.
VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- La ciudadanía tiene derecho a fiscalizar a sus representantes. Pero una cosa es exigir transparencia y otra, muy distinta, pretender que un regidor comprometa su voto antes de que un asunto haya sido estudiado, discutido y sometido a decisión.
La solicitud presentada por el ciudadano Randall Manuel López Ríos ha puesto sobre la mesa un debate que va mucho más allá de una gestión administrativa.
López Ríos solicitó información sobre el trámite de una iniciativa de plebiscito y pidió, además, que los nueve integrantes del Concejo Municipal de Goicoechea manifestaran por escrito y anticipadamente su posición: a favor, en contra o condicionada.
Cuatro regidores propietarios de oposición —William Fallas Bogantes, Vilma García Hernández, Carlos Luis Murillo Rodríguez y Carmen Martínez Barahona— respondieron conjuntamente.
Y su respuesta establece una diferencia que merece ser discutida públicamente:
Una cosa es informar. Otra es adelantar el voto.
La información pública no se negocia
En esto no debería haber zonas grises.
Todo ciudadano tiene derecho a preguntar qué ocurre con un asunto sometido a conocimiento de la Municipalidad, dónde se encuentra un expediente y qué actuaciones, acuerdos, informes o dictámenes públicos existen.
La Municipalidad debe responder conforme corresponda y facilitar el acceso a la información que sea pública.
En La Voz de Goicoechea creemos que entre más información tenga el ciudadano sobre las decisiones de su gobierno local, mejor funciona la democracia.
La transparencia no es un favor que concede una autoridad. Es parte de su obligación frente a los ciudadanos.
Pero de ahí no se desprende necesariamente que un regidor deba anunciar cómo votará antes de conocer todos los elementos que tendrá que valorar.
¿Entonces para qué deliberar?
La pregunta parece evidente.
Si cada regidor tuviera que comprometer públicamente su voto antes de estudiar los informes, conocer los criterios jurídicos y escuchar los argumentos alrededor de una propuesta, ¿qué sentido tendría después discutirla en comisión o llevarla al Concejo?
La deliberación no puede convertirse en una ceremonia para confirmar decisiones tomadas de antemano.
Los ciudadanos deberíamos esperar exactamente lo contrario de nuestros representantes: que estudien los asuntos antes de votar.
Incluso deberíamos aceptar que un regidor cambie de opinión cuando encuentre argumentos o información suficientemente sólidos para hacerlo.
Cambiar de posición después de estudiar un expediente no necesariamente es inconsistencia política.
Puede ser responsabilidad.
Eso sí: después nadie debería esconderse
Defender el derecho de un regidor a no comprometer anticipadamente su voto tampoco significa entregarle un cheque en blanco.
Cuando llegue la hora de decidir sobre esta iniciativa, Goicoechea tiene derecho a saber quién votó a favor, quién votó en contra y cuál fue el resultado.
Y sería deseable que cada representante pudiera explicar a los vecinos las razones de su decisión.
Porque la independencia de criterio funciona en ambas direcciones.
El regidor debe tener libertad para estudiar y deliberar antes de votar, pero una vez emitido su voto debe estar dispuesto a responder políticamente por él.
Libertad antes del voto. Rendición de cuentas después del voto.
No perdamos de vista el verdadero debate
Hay otro peligro en esta controversia.
Podemos terminar discutiendo durante semanas quién quiso o no quiso adelantar su posición y olvidarnos de la pregunta realmente importante:
¿Qué plantea el plebiscito y por qué debería —o no— realizarse?
Ahí debería concentrarse la atención pública.
Que se conozca la iniciativa. Que se informe en qué etapa se encuentra. Que se hagan públicos los documentos que corresponda divulgar. Que se conozcan los criterios técnicos y jurídicos. Que quienes impulsan el plebiscito expliquen sus argumentos y que quienes tengan objeciones hagan exactamente lo mismo.
Y después, que el Concejo Municipal discuta y vote.
Sin escondites.
Sin decisiones oscuras.
Pero tampoco convirtiendo la legítima fiscalización ciudadana en una exigencia para comprometer votos antes de tiempo.
En La Voz de Goicoechea lo resumimos así:
Preguntar es un derecho. Informar es una obligación. Deliberar es una responsabilidad. Y rendir cuentas después de votar también lo es.
Ese debería ser el estándar para todos.
Gobierno, oposición y ciudadanía.
Porque en Goicoechea la transparencia no debería depender de quién pregunta, quién gobierna o quién ocupa una curul.
Una celebración cantonal financiada con recursos públicos obliga a preguntar por la planificación, la escasa convocatoria y las prioridades de la Municipalidad
Goicoechea cumplió 135 años y la pregunta resulta incómoda, pero necesaria: ¿cuántos vecinos se enteraron de que su cantón estaba celebrando?
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- Este fin de semana, el Parque Centenario de Guadalupe fue escenario de actividades conmemorativas por el aniversario del cantón. Había artistas, escenario, organización y recursos destinados a celebrar una fecha que debería despertar orgullo y sentido de pertenencia.
Lo que faltó fue algo fundamental: una convocatoria ciudadana a la altura de la celebración.
La asistencia observada durante las actividades estuvo lejos de transmitir la imagen de un cantón movilizado alrededor de sus 135 años de historia.
Y cuando se trata de una actividad organizada desde la institucionalidad pública, no basta con decir que el evento se realizó. También corresponde preguntar si cumplió su propósito.
¿De qué sirve organizar si la gente no se entera?
Los artistas hicieron su trabajo.
Los grupos que subieron al escenario demostraron talento, profesionalismo y compromiso con Goicoechea. Sería injusto trasladar hacia ellos cualquier cuestionamiento por lo sucedido.
El problema está en otro lugar
¿Cómo se comunicó esta celebración? ¿Con cuánto tiempo se anunció? ¿Qué estrategia se utilizó para llegar a los siete distritos? ¿Cómo se involucró a organizaciones comunales, centros educativos, comerciantes, agrupaciones culturales y vecinos?
Una publicación en redes sociales no constituye, por sí sola, una estrategia de comunicación.
Mucho menos cuando se pretende convocar a todo un cantón.
La comunicación municipal debe ser oportuna, constante y cercana. Si la ciudadanía termina diciendo “no sabíamos nada”, algo merece ser revisado.
Los recursos públicos también deben medirse por sus resultados
Hay otra pregunta que la Municipalidad debería responder con claridad:
¿Cuánto costó la celebración de los 135 años de Goicoechea?
La pregunta no pretende cuestionar la inversión en cultura. Todo lo contrario. Goicoechea necesita actividades culturales, espacios de convivencia y oportunidades para sus artistas.
Pero cada colón proveniente de recursos públicos debe administrarse con responsabilidad.
Por eso interesa conocer cuánto se destinó a producción, sonido, tarimas, contratación de servicios, artistas, logística, seguridad, publicidad y demás componentes de las actividades.
También interesa conocer cuál era la asistencia prevista y cuáles mecanismos se utilizarán para evaluar los resultados.
La rendición de cuentas no termina demostrando que una actividad se realizó.
También implica explicar cuánto costó, para qué se hizo y qué resultados produjo.
¿Por qué celebrar fuera de la fecha?
Existe además una interrogante que merece respuesta institucional.
El aniversario de la creación del cantón de Goicoechea corresponde al 6 de agosto.
Si las autoridades decidieron realizar las actividades principales en una fecha diferente, tienen todo el derecho de explicar las razones.
Lo que no corresponde es tratar una fecha histórica como un elemento secundario del calendario.
Cumplir 135 años no sucede todos los días.
Una conmemoración de esta magnitud debería planificarse con meses de anticipación y convertirse en una oportunidad para enseñar historia local, reconocer personajes, recuperar memoria, promover cultura y reunir a las comunidades de Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Rancho Redondo y Purral.
No simplemente cumplir con una actividad.
Antes se comunicaba diferente
También resulta inevitable mirar hacia atrás.
Durante la etapa en que Roberto Acosta estuvo al frente de la comunicación municipal, este medio recuerda una relación más fluida y una divulgación más constante y oportuna de las actividades municipales.
No se trata de idealizar administraciones anteriores.
Se trata de reconocer que la comunicación pública importa.
Una Municipalidad puede organizar una excelente actividad, pero si no consigue comunicarla, convocar a los vecinos y generar participación, una parte esencial del esfuerzo se pierde.
La comunicación institucional no es decoración.
También es gestión pública.
“No sabíamos nada”
Algunos asistentes resumieron el problema en pocas palabras:
“No sabíamos nada de estos eventos”.
Otros plantearon una discusión diferente, pero igualmente válida: ¿por qué realizar estas actividades en el Parque Centenario mientras continúa pendiente la situación del Parque Santiago Jara?
Son preguntas ciudadanas.
Y precisamente porque se trata de recursos, espacios e instituciones públicas, merecen respuestas públicas.
La Municipalidad debería explicar sus decisiones, no porque hacerlo constituya una concesión a sus críticos, sino porque rendir cuentas forma parte de sus responsabilidades frente a los habitantes del cantón.
Goicoechea merece algo más que cumplir con el calendario
Lo ocurrido debería servir para revisar la manera en que la Municipalidad planifica y comunica sus actividades.
No necesitamos celebrar menos.
Necesitamos celebrar mejor.
Goicoechea merece una conmemoración capaz de llenar sus espacios públicos de familias, jóvenes, adultos mayores, artistas, estudiantes, organizaciones comunales y vecinos orgullosos de pertenecer a este cantón.
Para lograrlo no alcanza con montar una tarima.
Hay que convocar.
Hay que comunicar.
Hay que planificar.
Y cuando se utilizan recursos públicos, hay que rendir cuentas.
Desde La Voz de Goicoechea consideramos pertinente que la Municipalidad informe públicamente cuánto costaron las actividades por el 135 aniversario, cómo fueron contratadas, cuál fue la estrategia de divulgación utilizada y qué evaluación hace de la participación ciudadana obtenida.
Fiscalizar no significa oponerse a la cultura ni a las celebraciones.
Significa preguntar cómo se utilizan los recursos de todos.
Goicoechea tiene 135 años de historia.
Lo mínimo que merece esa historia es que, cuando llegue el momento de celebrarla, el pueblo se entere.
VOZ DE GOICOECHEA Por la Dirección).- Goicoechea es, ante todo, un cantón de gente trabajadora. Una comunidad diversa, distribuida entre Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Rancho Redondo y Purral, cuyos habitantes esperan —y tienen derecho a esperar— que las instituciones públicas estén a la altura de sus necesidades.
Detrás de cada trámite, cada solicitud, cada obra pendiente y cada gestión ante una institución hay una persona. Hay una familia que necesita una respuesta, un comerciante que procura sacar adelante su negocio, una comunidad que espera una solución o un ciudadano que simplemente está ejerciendo un derecho.
Por eso, desde La Voz de Goicoechea creemos necesario recordar algo que parece elemental, pero que nunca debería darse por sentado: la función pública es un compromiso con la ciudadanía, no un privilegio de quien ocupa un cargo.
Servir debe ser la razón de estar ahí
Ser funcionario público implica asumir una responsabilidad especial.
No importa si se trabaja detrás de una ventanilla, en labores administrativas, en la calle, en una oficina técnica o desde un puesto de dirección. Tampoco importa si el cargo es producto de una elección popular, un nombramiento o una carrera de muchos años dentro de una institución.
En todos los casos existe una misma obligación: servir bien.
Quien ocupa un puesto público administra recursos, toma decisiones o presta servicios que pertenecen a la colectividad. Su autoridad no es patrimonio personal. Su puesto tampoco debería convertirse en una trinchera de comodidad, indiferencia o poder.
La ciudadanía merece funcionarios que atiendan con respeto, que respondan oportunamente, que conozcan sus responsabilidades y que, cuando un problema no pueda resolverse inmediatamente, al menos tengan la disposición de explicar qué ocurre y qué camino debe seguirse.
Decir “eso no me corresponde” y desentenderse puede ser sencillo. Ayudar a encontrar una solución requiere verdadera vocación de servicio.
Y esa diferencia la siente el ciudadano.
La eficiencia también es respeto
A veces hablamos de transparencia, probidad y eficiencia como grandes conceptos institucionales. Pero para el vecino tienen manifestaciones muy concretas.
La eficiencia es que un trámite no duerma innecesariamente sobre un escritorio.
La transparencia es que las decisiones puedan explicarse.
Probidad es administrar correctamente los recursos que pertenecen a todos.
La vocación de servicio es tratar con dignidad tanto a quien conocemos como a quien nunca hemos visto.
Y la rendición de cuentas significa comprender que quien ejerce una función pública debe poder responder por sus actuaciones.
Cuando esas condiciones se cumplen, aumenta la confianza en las instituciones. Cuando ocurre lo contrario —cuando aparecen la negligencia, el favoritismo, la indiferencia, el abuso de autoridad o las demoras injustificadas— no solamente se perjudica a una persona: se deteriora la credibilidad del servicio público.
Siete distritos, ciudadanos con los mismos derechos
Goicoechea tiene realidades muy distintas.
Guadalupe concentra buena parte de la actividad comercial e institucional del cantón. San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís y Purral poseen sus propias necesidades y desafíos en infraestructura, seguridad, movilidad y servicios. Rancho Redondo, por su condición rural y geográfica, enfrenta circunstancias diferentes.
Pero hay algo que no debería cambiar de un distrito a otro: la calidad con la que las instituciones atienden a sus habitantes.
Vivir más lejos de los centros institucionales no puede significar recibir menos atención. Pertenecer a determinado barrio tampoco puede otorgar más o menos posibilidades de obtener una respuesta.
El servicio público debe llegar con la misma dignidad a todos.
También debemos reconocer a quienes sí cumplen
Sería injusto afirmar que todo está mal.
En nuestras instituciones también encontramos funcionarios responsables, honestos y comprometidos. Personas que muchas veces trabajan con recursos limitados, enfrentan una enorme carga laboral y, aun así, procuran resolver los problemas de quienes llegan hasta ellas.
A esos servidores públicos hay que reconocerlos.
Porque también ellos demuestran que es posible ejercer la función pública con sensibilidad, profesionalismo y compromiso.
Precisamente por respeto a quienes cumplen correctamente con su deber, debemos ser exigentes con quienes no lo hacen.
No podemos normalizar la mala atención, la tardanza injustificada, la indiferencia o el incumplimiento simplemente porque “siempre ha sido así”.
Cada decisión tiene consecuencias
Desde un escritorio público puede parecer que se está resolviendo solamente un expediente, un permiso, una solicitud o una partida presupuestaria.
Del otro lado, sin embargo, puede haber una familia esperando, una persona adulta mayor necesitando ayuda, un emprendedor intentando abrir su negocio, una comunidad solicitando una obra o un vecino que lleva semanas buscando una respuesta.
El expediente tiene un número; el ciudadano tiene un nombre.
No olvidarlo debería ser una regla básica de toda institución.
Por eso, desde La Voz de Goicoechea hacemos un llamado respetuoso, pero vehemente, a quienes desempeñan funciones públicas relacionadas con nuestro cantón: cumplan con su deber.
Háganlo con puntualidad. Con transparencia. Con eficiencia. Con respeto. Con honestidad. Y, sobre todo, con conciencia de que detrás de cada decisión existe una ciudadanía que sostiene las instituciones y que tiene derecho a exigir resultados.
La crítica ciudadana tampoco debe interpretarse automáticamente como un ataque. Fiscalizar, preguntar, señalar deficiencias y exigir explicaciones forma parte de una democracia saludable. Las instituciones sólidas no temen al escrutinio: responden ante él.
Goicoechea necesita instituciones fuertes, pero las instituciones no son únicamente edificios, reglamentos, presupuestos u organigramas. Las instituciones son, en buena medida, las personas que todos los días actúan en su nombre.
Un funcionario responsable puede hacer que el ciudadano vuelva a creer en ellas. Uno indiferente puede conseguir exactamente lo contrario.
La función pública puede ser un honor. Pero ese honor conlleva una obligación diaria.
Quien acepta servir al público acepta también el deber de hacerlo bien.
Porque el puesto puede ser temporal, pero las consecuencias de una decisión pública permanecen en nuestras comunidades.
Y en Goicoechea, como en cualquier sociedad democrática, servir al ciudadano no es hacerle un favor: es cumplir con el deber para el cual existe la función pública.
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