El Concejo Municipal Tiene la Palabra: el Parque Santiago Jara no Puede Quedar Inconcluso

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LA VOZ DE GOICOECHEA (La Dirección).- La suspensión y posterior terminación del contrato para la reconstrucción del Parque Santiago Jara han abierto un debate que trasciende una simple diferencia administrativa. Lo que hoy está en juego no es únicamente el futuro de una obra que ya registraba cerca del 45 % de avance, sino el respeto al marco jurídico que rige la administración municipal, la correcta utilización de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

La decisión adoptada de forma unilateral por el alcalde Fernando Chavarría, sin un pronunciamiento previo del Concejo Municipal, plantea interrogantes que no pueden ser ignorados. El contrato con el Consorcio Progresa-Hemeca, superior a los ₡900 millones, fue autorizado por el propio Concejo, por lo que cualquier modificación sustancial, suspensión o terminación debe ser analizada con estricto apego al ordenamiento jurídico, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas.

El gobierno local no descansa en una sola figura. La Constitución Política y el Código Municipal establecen un modelo de pesos y contrapesos en el que el alcalde dirige la administración, mientras el Concejo Municipal ejerce la dirección política, aprueba contratos, autoriza recursos y fiscaliza la legalidad de los actos administrativos. Esa separación de funciones no es un formalismo: constituye una garantía para proteger el interés público.

Por ello, el Concejo Municipal tiene hoy una responsabilidad ineludible. No basta con recibir explicaciones; corresponde ejercer plenamente su función de control. Esto implica requerir el expediente completo, escuchar a todas las partes involucradas —incluidos los representantes de la empresa contratista y los equipos técnicos— y determinar si la decisión adoptada respetó los procedimientos establecidos por la ley.

Si del análisis se desprende que hubo actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, el Concejo debe adoptar las medidas necesarias para restablecer la legalidad, corregir el procedimiento y evitar que decisiones administrativas comprometan una inversión pública de gran importancia para el cantón. De igual manera, deberá garantizar que los recursos presupuestados para el Parque Santiago Jara permanezcan destinados exclusivamente a esa obra y no sean desviados hacia otros proyectos mientras persista la incertidumbre sobre su ejecución.

Pero la discusión no puede quedarse en el ámbito jurídico. El objetivo principal debe ser asegurar que la reconstrucción del parque continúe. Ya sea mediante la reanudación del contrato, la corrección del procedimiento o la definición de una nueva ruta administrativa, la comunidad necesita certezas, plazos claros y un compromiso firme para concluir un proyecto largamente esperado por las familias de Guadalupe y de todo Goicoechea.

Asimismo, si durante el proceso se identifican posibles excesos en el ejercicio de las competencias, omisiones o actuaciones negligentes, corresponde activar los mecanismos institucionales de control, incluyendo auditorías internas y, de ser necesario, la intervención de órganos como la Contraloría General de la República u otras instancias competentes. La transparencia no puede ser una opción; es una obligación inherente al servicio público.

El Parque Santiago Jara representa mucho más que una obra de infraestructura. Es un espacio de convivencia, recreación e identidad para el cantón. Permitir que quede inconcluso significaría desperdiciar recursos públicos, frustrar las expectativas de la ciudadanía y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de administrar el patrimonio común.

La audiencia convocada por el Concejo Municipal será una prueba de su capacidad para ejercer el papel que la ley le asigna. La ciudadanía espera respuestas, pero sobre todo espera decisiones responsables, fundamentadas y oportunas.

Hoy, el Concejo Municipal tiene la palabra. Y con ella, la responsabilidad de garantizar que el Parque Santiago Jara no se convierta en otro proyecto inconcluso, sino en un ejemplo de que el Estado de Derecho y el interés público prevalecen por encima de cualquier decisión unilateral.

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Editorial

La Situación de Calle en Goicoechea: Una Realidad que ya no Admite Indiferencia

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por el director).- Quien recorra hoy las calles de Guadalupe, Purral o algunos de los principales espacios públicos de Goicoechea difícilmente puede ignorar una realidad que hace pocos años era mucho menos visible: el aumento de personas que viven en condición de calle. No se trata únicamente de una percepción ciudadana; responde a una tendencia nacional que ha venido creciendo de manera acelerada y que pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y de la propia comunidad.

La primera tentación suele ser reducir el debate a la seguridad o al uso de los espacios públicos. Sin embargo, hacerlo sería quedarse apenas en la superficie del problema. Detrás de cada persona que duerme en una acera existe una historia distinta, donde convergen desempleo, pobreza, enfermedades mentales, adicciones, rupturas familiares y ausencia de redes de apoyo. La situación de calle no nace en la calle; llega a ella después de un largo proceso de exclusión.

En ese contexto, es justo reconocer que la Municipalidad de Goicoechea ha optado por un enfoque distinto al de simplemente trasladar el problema de un lugar a otro. Su participación en iniciativas como la Choza de la Esperanza, desarrollada junto al IMAS, la Caja Costarricense de Seguro Social, el IAFA, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, la Iglesia Católica y otras instituciones, refleja una comprensión más amplia del fenómeno. La atención médica, el acompañamiento social, la alimentación y la orientación hacia programas de rehabilitación representan una respuesta más humana y efectiva que las soluciones improvisadas.

No obstante, también conviene decirlo con claridad: la buena voluntad tiene límites cuando no va acompañada de recursos permanentes. Hoy las acciones se sostienen gracias a la coordinación institucional y al esfuerzo del personal municipal, pero Goicoechea sigue sin contar con una partida presupuestaria específica para atender una problemática que crece año tras año. Esa realidad obliga a preguntarse cuánto tiempo podrá mantenerse un modelo basado principalmente en la cooperación.

El reto tampoco corresponde únicamente al gobierno local. Sería injusto trasladar toda la responsabilidad a una municipalidad cuando las causas del problema son nacionales y responden a factores económicos, sociales y de salud pública. La atención de las personas en situación de calle requiere una política de Estado, donde municipios, Gobierno Central, instituciones autónomas, organizaciones sociales, iglesias, empresas y ciudadanía trabajen bajo un mismo propósito.

Existe, además, un desafío que pocas veces se discute. La convivencia entre quienes habitan el cantón y quienes viven en condición de calle debe construirse desde el equilibrio. Los vecinos tienen derecho a disfrutar espacios públicos seguros y ordenados; pero quienes atraviesan condiciones de extrema vulnerabilidad también conservan intacta su dignidad y sus derechos. Convertir esta discusión en una confrontación entre unos y otros solo alimenta la polarización y aleja las soluciones.

Goicoechea enfrenta hoy una oportunidad. La experiencia acumulada en los últimos años demuestra que existe capacidad para coordinar esfuerzos, generar alianzas y atender emergencias sociales con un enfoque integral. El siguiente paso debe ser consolidar esas acciones mediante financiamiento estable, mejores mecanismos de seguimiento y programas que permitan que más personas abandonen definitivamente la calle y recuperen un proyecto de vida.

Porque el verdadero éxito no será repartir más alimentos ni ampliar la asistencia de emergencia. El verdadero indicador será lograr que cada vez menos personas necesiten esa ayuda.

La situación de calle es, en el fondo, un termómetro de la salud social de cualquier comunidad. Ignorarla no hará que desaparezca; enfrentarla con seriedad, sensibilidad y visión de largo plazo sí puede marcar una diferencia. Goicoechea ya ha comenzado ese camino. Ahora corresponde fortalecerlo para que la respuesta crezca al mismo ritmo que el desafío.

Editorial

EDITORIAL | El Concejo que Olvidó Fiscalizar

La democracia municipal no se sostiene únicamente sobre la elección de un alcalde

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- Descansa, también, sobre la existencia de un Concejo Municipal capaz de ejercer el contrapeso que la ley diseñó para impedir que el poder se administre sin vigilancia. Cuando ese equilibrio desaparece, la transparencia deja de ser una garantía y se convierte en una promesa vacía.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Goicoechea

Durante los últimos seis años, el Concejo Municipal ha mantenido una preocupante deuda con los ciudadanos: renunció, en buena medida, a ejercer el control político sobre la administración de los recursos públicos. No se trata de una apreciación subjetiva ni de una diferencia ideológica. Es una conclusión que surge de los hechos.

La legislación costarricense es clara. La administración corresponde al alcalde; la fiscalización corresponde al Concejo. Esa división no es un formalismo jurídico. Es uno de los pilares del gobierno local. Los regidores aprueban presupuestos, conocen modificaciones financieras, adjudican contrataciones de alto monto, solicitan informes, convocan funcionarios y tienen la responsabilidad de verificar que cada decisión administrativa responda al interés público.

Cuando ese control desaparece, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de protección.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió

Mientras la Municipalidad ejecutaba contratos millonarios y comprometía importantes recursos del presupuesto cantonal, el órgano llamado a supervisar esas decisiones permaneció, en demasiadas ocasiones, silencioso.

El ejemplo más evidente es el mantenimiento de la flotilla destinada a la recolección de residuos sólidos. En un solo año se destinaron más de ₡619 millones para reparar los camiones recolectores, mientras los vecinos continuaban enfrentando interrupciones constantes del servicio precisamente por fallas mecánicas.

No fue una comisión del Concejo la que alertó sobre esa contradicción. No fue una investigación impulsada por los regidores la que reveló el monto invertido. La información salió a la luz por medio de la prensa local, como en el caso de este medio de comunicación, que preguntó y el alcalde respondió mediante un oficio oficial.

En una democracia saludable, esa secuencia debería haber ocurrido exactamente al revés

La misma falta de control se observa en otros expedientes que, por su impacto económico, merecían un seguimiento permanente: el elevado costo del alquiler del edificio de la Policía Municipal; las contrataciones para actividades festivas; la remodelación del Parque Santiago Jara, marcada por retrasos, modificaciones y cuestionamientos; así como diversas advertencias formuladas por la Contraloría General de la República sobre debilidades en los controles internos y la razonabilidad de ciertos precios.

El problema nunca fue la existencia de asuntos que investigar. Toda administración pública los tiene. El verdadero problema fue la ausencia de una vigilancia sistemática.

Peor aún, el Concejo terminó dividido entre dos conductas igualmente inconvenientes para la democracia local.

Un sector confundió el control político con lealtad partidaria y actuó como prolongación de la administración municipal, olvidando que los regidores representan a los ciudadanos y no al alcalde.

El otro sector denunció algunas irregularidades, pero con una prudencia que terminó siendo funcional a la inacción. Las advertencias no se tradujeron en investigaciones profundas, visitas de inspección permanentes ni en la utilización de todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger el patrimonio público.

Fiscalizar exige mucho más que discursos

Implica revisar expedientes, visitar obras, contrastar informes técnicos, exigir explicaciones cuando los números no coinciden y acudir a las autoridades competentes cuando existan indicios de posibles irregularidades. Esa es la esencia del control político.

Por eso resulta inevitable observar con cierto escepticismo el repentino despertar fiscalizador que hoy experimenta el Concejo Municipal.

A pocos meses de un nuevo proceso electoral, abundan las solicitudes de información, las mociones de investigación y las declaraciones públicas en defensa de la transparencia. Bienvenidas sean todas las acciones que fortalezcan la rendición de cuentas. Nunca será un error fiscalizar.

Pero también es imposible ignorar el momento en que ese entusiasmo aparece

La vigilancia de los recursos públicos no puede activarse únicamente cuando inicia la campaña electoral. La obligación de fiscalizar comienza el mismo día en que un regidor asume su cargo y concluye únicamente cuando entrega la credencial.

Cada sesión del Concejo representa una oportunidad para defender el dinero de los contribuyentes. Cada contratación, cada modificación presupuestaria y cada obra pública merecen el mismo nivel de escrutinio, sin importar quién gobierne o quién aspire a continuar haciéndolo.

Porque el dinero municipal no pertenece al alcalde ni al Concejo. Pertenece a los ciudadanos

Y cuando esos recursos se administran sin una vigilancia constante, no solo aumenta el riesgo de ineficiencias o malas decisiones. También se erosiona la confianza pública, el activo más valioso de cualquier gobierno democrático.

Goicoechea necesita un Concejo que entienda que fiscalizar no significa obstaculizar la gestión, sino dignificarla. Que comprenda que la mejor defensa de una administración honesta es precisamente una supervisión rigurosa e independiente. Y que asuma, de una vez por todas, que el control político no puede ejercerse según la conveniencia electoral, sino conforme al mandato permanente que le impone la ley.

Los vecinos cumplen todos los días con el pago de sus impuestos. Lo mínimo que pueden exigir es que quienes fueron elegidos para representarlos cumplan, con la misma disciplina, la obligación de vigilar cómo se invierte cada colón.

Porque cuando un Concejo Municipal renuncia a fiscalizar, deja de ser un contrapeso del poder para convertirse en un simple espectador de su ejercicio. Y esa es una democracia que siempre termina costándoles demasiado a los ciudadanos.

Editorial

El error fue nuestro; la responsabilidad también

Los medios de comunicación viven de la credibilidad. Esa confianza no se construye sobre la falsa idea de la perfección, sino sobre la capacidad de reconocer los errores cuando ocurren y corregirlos con transparencia

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En La Voz de Goicoechea asumimos plenamente la responsabilidad por el error cometido en la nota publicada el pasado 1 de julio bajo el título “Goicoechea necesita decisiones, no más explicaciones”. Durante el proceso de edición se incorporó un párrafo completamente ajeno al contenido de la información, un hecho que nunca debió suceder y que es atribuible exclusivamente a nuestra redacción.

No existen excusas. Cuando un medio se equivoca, corresponde rectificar, pedir disculpas y fortalecer sus mecanismos de control para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse. Ese compromiso es el que asumimos hoy ante nuestros lectores.

Sin embargo, tan preocupante como el error mismo ha sido observar cómo este fue utilizado para alimentar una confrontación política que poco aporta al interés público. Un desacierto editorial terminó convirtiéndose en la oportunidad para dirigir ataques contra la regidora Melissa Valdivia, quien no tuvo ninguna participación en la elaboración, revisión o publicación del contenido cuestionado.

Es necesario decirlo con claridad: responsabilizar a una fuente por un error cometido por un medio de comunicación resulta injusto y desvirtúa los principios más elementales del debate democrático. La responsabilidad de lo publicado corresponde exclusivamente a quien publica.

Mientras tanto, el tema de fondo quedó relegado. La discusión sobre la gestión de los residuos no tradicionales en Goicoechea —un problema ambiental y de salud pública que preocupa a numerosos vecinos— fue desplazada por una polémica que nació de un error editorial y terminó alimentando la descalificación personal.

Las diferencias políticas son legítimas y forman parte de toda democracia. Lo que no fortalece la institucionalidad es aprovechar cualquier circunstancia para desacreditar a personas en lugar de discutir ideas, propuestas y soluciones. La ciudadanía espera representantes que debatan con argumentos y medios de comunicación que informen con responsabilidad.

Este episodio también deja una enseñanza para nuestra profesión. La tecnología es hoy una aliada importante del periodismo. En nuestra sala de redacción utilizamos herramientas de apoyo para revisar ortografía, gramática y estructura de los textos antes de su publicación. Son recursos valiosos que ayudan a mejorar la calidad editorial, pero jamás sustituyen el criterio humano ni la responsabilidad del periodista. La última palabra siempre debe ser de quienes editamos y publicamos.

En esta ocasión, los controles fallaron y asumimos plenamente esa responsabilidad. Rectificar no disminuye la credibilidad; por el contrario, demuestra respeto por los lectores y compromiso con la verdad.

Goicoechea enfrenta desafíos que requieren atención inmediata: la gestión de residuos, la infraestructura comunal, la seguridad, la movilidad y la calidad de los servicios públicos. Esos son los temas que merecen ocupar el centro de la conversación ciudadana.

Como medio local seguiremos fiscalizando a las autoridades, dando espacio a todas las voces y, cuando corresponda, reconociendo nuestros propios errores. Porque el periodismo responsable no consiste en no equivocarse nunca, sino en tener la honestidad de corregir cuando ocurre y la independencia para mantener el foco en aquello que verdaderamente importa a la comunidad.

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