Editorial Noticia
Los encuentros entre altas figuras del Poder Judicial y representantes políticos merecen explicaciones claras. La independencia de la Justicia no solo debe existir: también debe ser visible y generar confianza ciudadana
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por el Director).- El principio más elemental del Estado de derecho descansa sobre una premisa que no admite concesiones: la Justicia debe actuar con independencia. Independencia frente a las presiones del poder político, frente a intereses partidarios y frente a cualquier circunstancia capaz de sembrar dudas razonables sobre la imparcialidad de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.
Por eso, los encuentros entre figuras de alto nivel del Poder Judicial y representantes de partidos políticos no deberían tratarse como un asunto menor. Mucho menos cuando alrededor de esas reuniones surgen interrogantes sobre su contenido, sus propósitos o el grado de transparencia con que fueron comunicadas a la ciudadanía.
Las reuniones atribuidas a figuras del Poder Judicial, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la magistrada Patricia Solano, con representantes del Frente Amplio, requieren una explicación pública suficiente. Si, como se ha señalado, el objeto de las conversaciones fueron proyectos de ley, corresponde informar con precisión qué asuntos se discutieron, quiénes participaron y en qué condición lo hicieron.
No afirmamos que una reunión, por sí misma, demuestre la existencia de un acuerdo político indebido. Hacerlo sin pruebas sería irresponsable. Pero tampoco corresponde ignorar las preguntas que este tipo de encuentros puede provocar.
La confianza también forma parte de la Justicia
La independencia judicial no es un adorno institucional. Es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia.
Los magistrados y jerarcas judiciales pueden tener razones institucionales legítimas para conversar con diputados sobre legislación relacionada con el funcionamiento de la Justicia. Precisamente por eso, esas relaciones deben manejarse con reglas claras y con la mayor transparencia posible.
No basta con ser independiente. En una democracia, las instituciones también deben cuidar la apariencia de independencia.
Cuando un ciudadano empieza a preguntarse si una resolución judicial podría estar condicionada por afinidades políticas, la confianza pública comienza a deteriorarse. Y recuperar esa confianza resulta mucho más difícil que prevenir su pérdida.
De ahí que resulte particularmente delicado trasladar las sospechas al funcionamiento futuro de la Sala Constitucional. Sería improcedente afirmar, sin evidencia, que la Sala IV bloqueará iniciativas del Poder Ejecutivo por motivos ideológicos. Pero es igualmente legítimo exigir condiciones institucionales que impidan que semejante sospecha pueda echar raíces.
Las resoluciones de los tribunales deben poder defenderse mediante argumentos constitucionales y jurídicos, no mediante simpatías partidarias reales o supuestas.
Los partidos también deben rendir cuentas
El episodio abre además una discusión sobre la actuación de los partidos políticos.
El Frente Amplio, como cualquier otra agrupación, tiene derecho a impulsar sus posiciones, negociar proyectos y dialogar con distintos sectores institucionales dentro de los límites establecidos por nuestro ordenamiento. Pero ese derecho no elimina la obligación de explicar públicamente el alcance de sus encuentros con altas autoridades judiciales cuando estos despiertan un interés legítimo de la ciudadanía.
El Partido Liberación Nacional, por su parte, atraviesa desde hace años un proceso de pérdida de respaldo electoral y redefinición política. Si establece coincidencias o alianzas con otras agrupaciones, deberá explicarlas a sus electores y asumir las consecuencias políticas correspondientes. Las alianzas son parte de la democracia; la opacidad no debería serlo.
El problema central, por tanto, no consiste en que dos actores políticos conversen o alcancen acuerdos. La política democrática necesita diálogo. El problema aparece cuando las fronteras entre actividad partidaria e independencia de los poderes públicos se vuelven difíciles de distinguir.
Transparencia antes que sospechas
Desde La Voz de Goicoechea creemos que el periodismo local también tiene una responsabilidad cívica frente a los grandes asuntos nacionales. Defender la institucionalidad no significa defender a un gobierno, un partido o una corriente ideológica. Significa exigir las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas para todos.
Por esa misma razón, tampoco debemos convertir sospechas en hechos ni preguntas legítimas en condenas anticipadas.
Lo responsable es exigir respuestas.
¿Quién solicitó esos encuentros? ¿Cuál fue su agenda? ¿Qué proyectos de ley fueron discutidos? ¿Existen actas, registros o comunicaciones oficiales sobre las reuniones? ¿Qué normas regulan este tipo de contactos entre magistrados y representantes partidarios? ¿Considera la Corte que deben hacerse públicos estos encuentros?
Responder esas preguntas contribuiría mucho más a fortalecer la institucionalidad que permitir que prosperen versiones, especulaciones y enfrentamientos.
Costa Rica ha construido buena parte de su estabilidad democrática sobre la fortaleza de sus instituciones. Esa tradición no las coloca por encima del escrutinio; al contrario, obliga a examinarlas con especial cuidado.
La ciudadanía tiene derecho a conocer con quién se reúnen sus altas autoridades, sobre qué asuntos conversan y bajo qué reglas se producen esos contactos. Y cuando se trata del Poder Judicial, esa exigencia adquiere todavía mayor importancia, porque la confianza en la imparcialidad de los jueces constituye un patrimonio democrático que debemos proteger.
La respuesta frente a las dudas no debe ser el silencio ni la descalificación.
Debe ser la transparencia.
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