Opinión
Hay renuncias que deberían preocupar más que un escándalo
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).– Cuando el jefe de una Policía Municipal, después de casi seis años en el cargo, decide marcharse y deja por escrito que lo hace porque considera que una decisión de la Alcaldía compromete criterios técnicos e incluso podría afectar la seguridad de policías y ciudadanos, no estamos ante una simple salida de personal.
Estamos ante una señal de alarma.
Y Goicoechea tiene derecho a saber qué está pasando..
El licenciado Roy Gerardo Díaz Elizondo, jefe de la Policía Municipal desde septiembre de 2020, presentó su renuncia irrevocable y explicó sus razones en el oficio MG-AG-PM-0410-2026, dirigido al alcalde Fernando Chavarría Quirós.
Lo que relata en ese documento es lo suficientemente serio como para que la Municipalidad no responda con silencio, evasivas ni explicaciones de trámite.
Según Díaz, durante casi seis años tuvo que conducir una jefatura policial “sin asistente alguno”. Sin embargo, cuando finalmente se decidió ocupar esa plaza, sostiene que la Alcaldía nombró a una persona sin tomar en consideración el criterio de quien dirigía operativamente la Policía Municipal.
Y aquí aparece la pregunta inevitable:
¿Cómo puede nombrarse a una persona para apoyar una jefatura policial sin escuchar precisamente al jefe de la Policía?
Pero hay más.
Díaz cuestiona en su renuncia que la persona escogida contara con la experiencia necesaria en seguridad ciudadana para desempeñar funciones que califica como de “alto riesgo”, donde, según advierte textualmente, “puede peligrar la vida de ciudadanos o policías”.
Esto ya no es burocracia.
Esto es seguridad pública.
Y cuando está de por medio la seguridad de los vecinos y de los propios oficiales, la idoneidad deja de ser una palabra bonita para colocar en reglamentos y se convierte en una obligación.
Un antecedente que exige explicaciones
La carta de renuncia plantea además otro episodio que aumenta las interrogantes.
Díaz afirma que anteriormente se intentó colocar en ese mismo puesto a un funcionario de aseo de vías que, según su valoración, no cumplía con los requisitos necesarios para ejercer funciones relacionadas con la actividad policial. Ese nombramiento finalmente habría quedado sin efecto.
Si esto ocurrió exactamente como lo relata el exjefe policial, la pregunta es elemental:
¿Cuál ha sido el criterio de la Alcaldía para intentar llenar una plaza vinculada con la Policía Municipal?
Porque aquí no estamos hablando de menospreciar a ningún trabajador municipal. Todo trabajo digno merece respeto. Estamos hablando de algo completamente distinto: cada puesto público tiene requisitos y responsabilidades que deben respetarse.
Un excelente funcionario de una dependencia municipal no se convierte, por ese solo hecho, en la persona idónea para desempeñar responsabilidades dentro de otra área especializada.
Mucho menos cuando hablamos de seguridad.
Una contradicción que debe aclararse
Hay otro señalamiento particularmente delicado.
Díaz sostiene que el propio alcalde le habría expresado previamente dudas sobre la idoneidad de la persona que semanas después terminó siendo nombrada.
De ser correcta esa versión, la contradicción resulta evidente y merece una explicación pública.
¿Qué cambió?
¿Qué nuevos antecedentes aparecieron?
¿Qué criterio técnico permitió concluir posteriormente que esa persona sí resultaba adecuada?
¿Quién recomendó el nombramiento?
¿Se documentó la decisión?
¿Se consultó formalmente a la jefatura policial?
Estas preguntas no constituyen una acusación. Son precisamente lo contrario: son las preguntas que deben responderse antes de sacar conclusiones.
Y corresponde a la Alcaldía contestarlas.
No basta con decir que todo fue legal
En la administración pública existe una tentación demasiado frecuente: creer que basta con demostrar que algo podía hacerse administrativamente para cerrar cualquier discusión.
No.
Cuando hablamos de seguridad ciudadana, no basta con preguntar si un nombramiento podía realizarse. También hay que preguntar si debía realizarse, bajo qué criterios técnicos y con cuáles garantías de idoneidad.
La legalidad es indispensable, pero la buena administración pública exige además transparencia, razonabilidad y responsabilidad.
La carta de Díaz también hace referencia al informe DFOE-LOC-SGP-00001-2026 de la Contraloría General de la República, dentro de un contexto de riesgos relacionados con procesos de reclutamiento en policías municipales.
Precisamente por eso, cualquier cuestionamiento sobre nombramientos relacionados con un cuerpo policial debería provocar más transparencia, no menos.
Renunciar también puede ser una forma de cumplir
Roy Díaz tenía una alternativa cómoda: guardar silencio.
Podía aceptar una decisión con la que, según explica, estaba técnicamente en desacuerdo, conservar su puesto y permitir que el tiempo diluyera cualquier responsabilidad.
No lo hizo.
Optó por dejar constancia escrita de sus objeciones y presentar su renuncia irrevocable.
La Voz de Goicoechea reconoce ese gesto.
Lo reconocemos porque la responsabilidad de una jefatura no consiste únicamente en obedecer. También implica advertir cuando quien ocupa el cargo considera que una decisión puede afectar el funcionamiento del servicio bajo su responsabilidad.
Eso no significa que Díaz posea automáticamente la verdad absoluta.
Su carta contiene su versión de los acontecimientos y los señalamientos que realiza deben ser contrastados con la posición de la Alcaldía y con la documentación administrativa correspondiente.
Pero precisamente por la gravedad de lo denunciado, su contenido no puede simplemente archivarse junto con la renuncia.
Alcalde: Goicoechea merece respuestas
Este periódico considera que el alcalde Fernando Chavarría Quirós debería explicar públicamente, de manera clara y documentada, qué ocurrió.
No mediante generalidades.
No atacando al funcionario que se marcha.
No desviando la discusión hacia asuntos personales.
Con documentos y hechos.
¿Cuáles eran los requisitos del puesto?
¿Los cumplía la persona nombrada?
¿Cuál fue el procedimiento utilizado para seleccionarla?
¿Por qué no se acogieron —si efectivamente existieron— las objeciones técnicas de la jefatura policial?
¿Qué ocurrió con el intento anterior de nombramiento mencionado por Díaz?
¿Es cierto que existieron dudas previas sobre la idoneidad de la persona finalmente designada?
¿Quién tomó la decisión final y con base en cuáles informes?
Y, sobre todo:
¿Puede garantizar la Alcaldía a los vecinos de Goicoechea que en los nombramientos relacionados con su Policía Municipal prevalecieron exclusivamente criterios técnicos y de idoneidad?
Responder esas preguntas sería saludable para todos, incluida la propia Administración.
Aquí no caben los favores
No afirmamos que haya existido amiguismo, favoritismo o partidismo en este caso. Hacerlo sin las pruebas correspondientes sería irresponsable.
Pero justamente porque esos fantasmas dañan profundamente la confianza ciudadana en las municipalidades, la mejor manera de disipar cualquier sospecha es abrir las ventanas y mostrar los expedientes.
Transparencia. Documentos. Criterios técnicos.
Así de sencillo.
Los puestos públicos no son premios.
Las plazas municipales no deberían convertirse en espacios para acomodar personas.
Y una Policía Municipal, por la naturaleza de sus responsabilidades, merece todavía mayor rigurosidad.
La seguridad de Goicoechea no puede administrarse con improvisaciones.
Hasta aquí
Por eso reconocemos públicamente la decisión de Roy Gerardo Díaz Elizondo.
No porque debamos aceptar sin contraste cada afirmación contenida en su renuncia, sino porque tuvo algo que demasiadas veces escasea en la función pública: la disposición de poner su nombre debajo de una denuncia, documentar sus objeciones y asumir personalmente las consecuencias de sostenerlas.
Ahora la pelota está en la cancha de la Alcaldía.
Si los señalamientos de Díaz son incorrectos, que se demuestre.
Si el nombramiento cuestionado cumplió todos los requisitos técnicos, que se documenten.
Si las decisiones fueron transparentes, que se expliquen.
Y si hubo errores, que se reconozcan y se corrijan.
Eso es rendición de cuentas.
Goicoechea no necesita funcionarios que digan sí a todo. Necesita servidores públicos capaces de advertir cuando consideran que algo amenaza el buen funcionamiento de la institución.
Y necesita autoridades suficientemente seguras de sus decisiones como para explicarlas frente a los ciudadanos.
Porque un puesto se puede reemplazar.
Un jefe puede marcharse.
Una administración también termina.
Pero recuperar la confianza de una comunidad, una vez perdida, cuesta muchísimo más.
Roy Díaz decidió decir “hasta aquí”.
Ahora le corresponde a la Alcaldía decirle a Goicoechea qué ocurrió y por qué.
