LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El alto tribunal determinó que no existe impedimento legal para negar la información solicitada y ordenó remitir los hechos a la autoridad competente por una eventual falta al deber de acceso a la información pública.
La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregar los archivos de respaldo utilizados para sustentar el denominado Estudio de Razonabilidad de Precios, elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la institución, documento que sirvió de base para calificar como “excesivos” los precios cuestionados en el llamado Caso Barrenador.