Ramos propone refinanciamiento a tasas más bajas y plazos extendidos para reducir la cuota mensual
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gabriela Umaña).- El candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, presentó una propuesta orientada a reducir las tasas de interés y facilitar esquemas de refinanciamiento para personas con créditos activos, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los hogares y reactivar la economía productiva.
La iniciativa se sustenta en tres ejes principales: alivio crediticio, educación financiera y el derecho al olvido financiero. Según explicó Ramos, el componente central del plan busca promover procesos de refinanciamiento con tasas más bajas y plazos más largos, de manera que se reduzca la cuota mensual y se libere capacidad económica de forma sostenida en las familias.
El aspirante liberacionista reconoció que una aplicación desordenada de este tipo de medidas podría representar riesgos para el sistema financiero; no obstante, afirmó que bajo un enfoque equilibrado se generarían beneficios para todas las partes involucradas. “Las familias podrían cumplir con sus obligaciones, regularizar sus historiales crediticios y, al mismo tiempo, se fortalecería la estabilidad del sector bancario”, señaló.
Inclusión al sistema financiero
En cuanto a la reincorporación de personas excluidas del sistema formal, la propuesta contempla un esquema de bancarización dirigido a integrar a estos sectores mediante productos financieros ajustados a su capacidad real de pago.
Ramos criticó la orientación del sistema financiero hacia el consumo, al considerar que este enfoque no necesariamente genera ingresos sostenibles. “Desde hace mucho la orientación del sistema financiero ha sido muy hacia el consumo y ha perdido esa conexión con el productor nacional, que sí puede generar ingresos si accede a productos financieros adecuados”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó la situación del sector cafetalero. “Conversando con los cafetaleros, ellos me dicen que necesitan renovar sus matas para ser más productivos, pero para eso requieren dos o tres años de gracia mientras la planta alcanza su plena producción”, indicó.
Derecho al olvido financiero
El tercer eje de la propuesta se centra en la restitución del derecho al olvido financiero, con el fin de limitar la vigencia indefinida de deudas impagas y evitar prácticas legales orientadas a reactivar obligaciones ya prescritas.
La iniciativa plantea establecer periodos definidos para el registro de manchas crediticias, tras los cuales las personas puedan recuperar plenamente su historial financiero, en concordancia con prácticas aplicadas en economías desarrolladas. Ramos sostuvo que los esquemas punitivos permanentes derivados de dificultades económicas deben eliminarse, al considerar legítimo el acceso a nuevas oportunidades financieras tanto para las personas como para el país.
Críticas al esquema actual
Ramos describió un contexto marcado por los efectos de la pandemia sobre numerosos productores, quienes —según afirmó— enfrentaron desatención institucional en el momento de mayor necesidad de alivio, tanto tras la emergencia sanitaria como durante la crisis inflacionaria.
Señaló, además, decisiones de política pública que, a su criterio, agravaron el endeudamiento productivo, como las reducciones arancelarias, con el arroz como ejemplo más visible, aunque con repercusiones en otros sectores agrícolas.
En relación con el sistema financiero, mencionó la existencia de medidas orientadas a compensar temporalmente pérdidas, como el encaje mínimo legal del Banco Central, el cual —dijo— cuenta con margen de maniobra en un contexto de mayor liquidez para apoyar la estabilidad bancaria durante periodos de menor flujo de caja.
Ramos calificó como ineficiente el modelo actual de cobro judicial, al señalar procesos prolongados que generan recuperaciones mínimas tras varios años y saturan los juzgados especializados. Según su análisis, esta situación perjudica tanto a las personas deudoras como a las entidades financieras y a la Hacienda Pública, que debe financiar procesos judiciales sin resultados efectivos.
