Cantonal
CGR advierte incumplimientos legales, falta de controles y riesgos en el uso de casi ₡982 millones adjudicados entre 2024 y 2025
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara (periodista).- La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe especial en el que señala serias deficiencias en la gestión de las contrataciones públicas por excepción realizadas por la Municipalidad de Goicoechea durante los años 2024 y 2025.
Según el órgano contralor, el gobierno local presentó un incumplimiento generalizado del marco jurídico y técnico aplicable, así como debilidades en sus mecanismos de control, situación que podría comprometer la eficiencia, la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos del cantón.
De acuerdo con el informe, durante el período analizado se tramitaron 44 procedimientos de contratación por excepción, por un monto total adjudicado de ₡981,92 millones.
La mayor parte de esos recursos correspondió a contrataciones bajo la figura de proveedor único, modalidad utilizada en 20 procedimientos por un monto de ₡881,56 millones. También se identificaron contrataciones relacionadas con reparaciones indeterminadas, servicios artísticos y culturales, medios de comunicación, capacitación abierta y convenios entre entes públicos.
Deficiencias recurrentes
La CGR determinó que, en la mayoría de los expedientes revisados, no se acreditaron adecuadamente las condiciones que justificaban el uso de mecanismos excepcionales, los cuales están contemplados en la Ley General de Contratación Pública únicamente para situaciones específicas.
Entre los principales hallazgos destacan:
Ausencia de planificación estratégica: la municipalidad carece de un plan formal de abastecimiento, programas de capacitación para el personal encargado y manuales actualizados de procesos y puestos. Además, no se identifican ni gestionan adecuadamente los riesgos asociados a estas compras.
Falta de justificación técnica y legal: en más del 90% de los expedientes no se documentaron de forma suficiente las razones legales, técnicas o financieras para recurrir a una excepción.
Insuficiente análisis del mercado: el 86% de los procedimientos carecía de estudios de mercado o sondeos de precios que respaldaran la contratación.
Definiciones técnicas incompletas: en el 52% de los casos no se establecieron claramente las especificaciones técnicas requeridas.
Debilidad en la figura de proveedor único: en el 45% de los expedientes no se comprobó efectivamente que existiera un solo proveedor capaz de brindar el servicio o producto contratado.
Uso cuestionado de las excepciones
El informe también advierte sobre un posible uso inadecuado de algunas causales de excepción.
Por ejemplo, la figura de proveedor único habría sido utilizada para contratar actividades de capacitación o eventos artísticos, pese a que existen alternativas disponibles en el mercado y otras modalidades legales más apropiadas.
Asimismo, la causal de reparaciones indeterminadas fue empleada para atender mantenimientos rutinarios, una práctica que, según la Contraloría, desvirtúa el propósito para el cual fue creada esta excepción.
Dependencia tecnológica y falta de transparencia
Otro de los aspectos señalados por la auditoría es la existencia de riesgos de dependencia tecnológica, debido a que diversas adquisiciones de tecnología se realizaron bajo argumentos de continuidad operativa, sin valorar otras opciones disponibles ni promover criterios de interoperabilidad.
La CGR advierte que esta práctica podría traducirse en sobrecostos y dependencia de proveedores específicos.
En materia de integridad y prevención de la corrupción, el panorama tampoco resulta alentador. El informe indica que solo el 9% de los expedientes incorporó declaraciones juradas completas relacionadas con posibles conflictos de interés.
Además, se detectaron debilidades en los controles destinados a verificar prohibiciones legales, prevenir actos irregulares y garantizar el adecuado registro de la información en el Sistema Digital Unificado de Contratación Pública.
Riesgos para el interés público
Para la Contraloría, las situaciones identificadas comprometen principios fundamentales de la contratación administrativa, como la publicidad, la trazabilidad, la libre competencia y la rendición de cuentas.
El ente fiscalizador advirtió que la ausencia de controles adecuados incrementa el riesgo de sobreprecios, contrataciones injustificadas, obsolescencia tecnológica y uso ineficiente de los recursos aportados por los contribuyentes.
“Las compras por excepción deben ser la excepción, no la regla. Su uso requiere justificación estricta y documentación completa”, señala el informe de la CGR.
Siete disposiciones obligatorias
Ante los hallazgos detectados, la Contraloría emitió siete disposiciones de acatamiento obligatorio, dirigidas tanto a la Alcaldía como al Concejo Municipal de Goicoechea.
Entre las principales medidas ordenadas destacan:
Diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer la planificación y ejecución de las contrataciones por excepción.
Actualizar y aprobar el Reglamento de Contratación Pública municipal, conforme a la normativa nacional vigente.
Formalizar manuales actualizados de procesos y perfiles de puestos.
Elaborar planes para reducir la dependencia tecnológica y mejorar los criterios de selección en contrataciones de medios de comunicación y mantenimiento de bienes.
El alcalde municipal, Fernando Chavarría Quirós, deberá presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de estas disposiciones. La Contraloría recordó que el incumplimiento de las órdenes emitidas podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso legales.
El informe concluye que resulta urgente corregir las prácticas detectadas para asegurar que las contrataciones públicas respondan al interés general y se ajusten estrictamente a la legislación vigente, garantizando así la protección de los recursos y el bienestar de los habitantes del cantón de Goicoechea.
