Morosidad tributaria: cuando pagar impuestos se convierte en una carrera de obstáculos
El cumplimiento de las obligaciones tributarias constituye uno de los deberes fundamentales de todo ciudadano. Sin embargo, cuando las disposiciones administrativas dificultan innecesariamente ese cumplimiento, surge una interrogante que merece la atención de las autoridades: ¿está el Estado facilitando la recaudación de impuestos o, por el contrario, está colocando obstáculos a quienes desean pagar puntualmente?
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Daniel Madrigal Sojo, abogado y periodista).- En conversaciones con amigos, vecinos, colegas y personas pensionadas, he podido constatar una preocupación recurrente: las dificultades que enfrentan numerosos contribuyentes para realizar sus pagos tributarios, particularmente a raíz de las restricciones en los canales bancarios habilitados para recibirlos.
Una de las principales inquietudes se relaciona con la exclusividad otorgada al Banco de Costa Rica (BCR) y al Banco BAC para determinados servicios de recaudación, situación que ha limitado las alternativas de quienes tradicionalmente efectuaban sus pagos en otras entidades financieras.
En mi caso particular, resido a escasos 150 metros de una agencia de la Mutual Alajuela, institución en la que anteriormente podía cumplir mensualmente con mis obligaciones sin mayores inconvenientes. Asimismo, a unos 600 metros de mi domicilio se encuentra una sucursal del Banco Popular, otra alternativa que facilitaba estos trámites.
No obstante, con las restricciones aplicadas a los canales de recaudación, muchos ciudadanos nos hemos visto obligados a desplazarnos distancias mayores, utilizar transporte particular o recurrir a servicios como Uber para realizar gestiones que antes podían resolverse caminando unos cuantos metros.
Lo que inicialmente parecía una disposición temporal terminó convirtiéndose, en la experiencia de numerosos contribuyentes, en una dificultad prolongada.
Y aquí surge una contradicción que merece analizarse
Por una parte, el Estado necesita fortalecer sus ingresos, combatir la evasión fiscal y reducir la morosidad tributaria. Por otra, determinadas decisiones administrativas pueden terminar desalentando el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
No resulta razonable exigir puntualidad al contribuyente mientras se le reducen las facilidades para cumplir con sus deberes.
Esta situación adquiere especial importancia cuando pensamos en las personas adultas mayores, pensionadas, ciudadanos con dificultades de movilidad o habitantes de comunidades donde las entidades bancarias autorizadas se encuentran a distancias considerables.
Para estos sectores, trasladarse hasta una sucursal determinada no representa únicamente una incomodidad. Puede significar gastos adicionales, pérdida de tiempo y dificultades físicas que deberían evitarse mediante una administración pública eficiente y sensible a las necesidades de la población.
Desde una perspectiva jurídica y administrativa, conviene recordar que la actuación del Estado debe orientarse por principios de razonabilidad, eficiencia y servicio al ciudadano. La recaudación tributaria, por su propia naturaleza, debería contar con mecanismos accesibles, ágiles y suficientemente diversificados.
No se trata de cuestionar la necesidad de controles financieros ni de desconocer las razones técnicas que puedan justificar determinados convenios bancarios. Se trata de preguntarnos si esas decisiones están produciendo los mejores resultados para la ciudadanía y para la propia Hacienda Pública.
La modernización de los servicios tributarios, incluidos los mecanismos electrónicos de pago, constituye un avance importante. Sin embargo, la digitalización no debería convertirse en una excusa para desatender a quienes todavía necesitan o prefieren realizar sus gestiones de manera presencial.
Un sistema verdaderamente moderno no es aquel que simplemente incorpora tecnología, sino el que garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a sus servicios en condiciones razonables.
Por ello, considero conveniente que las autoridades competentes revisen las restricciones existentes y valoren la posibilidad de ampliar nuevamente la participación de distintas entidades financieras en la recaudación de tributos, siempre bajo los controles legales y técnicos correspondientes.
La apertura de más canales de pago podría contribuir a disminuir desplazamientos innecesarios, facilitar el cumplimiento voluntario y reducir las dificultades que enfrentan numerosos contribuyentes.
La lucha contra la morosidad tributaria no debe limitarse a exigir el pago de impuestos; también debe procurar que cumplir con esa obligación resulte sencillo, accesible y oportuno.
En definitiva, una administración tributaria eficiente no debería medir su éxito únicamente por los recursos que recauda, sino también por la facilidad que ofrece a los ciudadanos para cumplir con sus responsabilidades.
Porque cuando el Estado elimina obstáculos, fortalece la confianza pública y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ganamos todos: los contribuyentes, las instituciones y el país.
Facilitar el pago de los impuestos no es conceder un privilegio al ciudadano. Es una expresión elemental de buena administración pública.
