La normativa costarricense permite la participación de partidos y candidaturas bajo investigación, situación que, aunque se ajusta a la ley, genera un profundo debate sobre ética política y confianza ciudadana

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouaffak).- El panorama electoral costarricense opera bajo una paradoja legal que cada vez genera mayor escepticismo entre la ciudadanía. Hablar de investigaciones abiertas —ya sean administrativas o penales— contra partidos políticos o candidaturas a cargos de elección popular se ha vuelto habitual, pero la ley vigente permite que estas agrupaciones continúen compitiendo activamente en la arena política.

El tema central no es la existencia de las investigaciones, sino la velocidad y la claridad de su resolución, lo que abre una brecha entre lo que es legal y lo que la ciudadanía percibe como legítimo.

El dilema de la ley: presunción de inocencia vs transparencia

La normativa electoral costarricense es categórica: ninguna investigación abierta, administrativa o penal, inhabilita automáticamente a partidos o candidaturas. El principio de presunción de inocencia rige en el ámbito político, y solo una sentencia firme que incluya expresamente la inhabilitación para ejercer cargos públicos puede generar un impedimento legal para participar.

Esto explica por qué partidos que han sido cuestionados por presunto financiamiento irregular en las campañas de 2018 y 2022, o que postulan candidatos a diputaciones con procesos penales pendientes, mantienen su derecho a competir.

Dato clave: La existencia de un expediente abierto en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o en el Ministerio Público no se traduce en prohibición, mientras no haya condena definitiva.

Partidos bajo la lupa (2018-2022)

Una lista de partidos con expedientes abiertos o cuestionamientos en años recientes subraya la magnitud del problema

Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Investigación por presuntas estructuras paralelas de financiamiento en 2022. El informe del TSE fue remitido al Ministerio Público y el proceso sigue en curso, sin resolución firme.

Partido Restauración Nacional (PRN): Investigaciones administrativas sobre donaciones y reportes financieros en 2018.

Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Revisiones y ajustes contables, principalmente relacionados con liquidación de gastos en campañas anteriores.

Partido Acción Ciudadana (PAC) y Partido Integración Nacional (PIN): Cuestionamientos y revisiones administrativas sobre financiamiento y liquidación de deuda política.

Partido Pueblo Soberano: Cuenta con candidaturas a diputaciones que mantienen procesos penales abiertos.

En todos estos casos, es esencial entender que “investigado no significa condenado”, pero la indefinición institucional prolongada ha generado un ambiente de suspicacia.

El problema crítico: la falta de cierres oportunos

La experiencia del país ha demostrado que cuando las investigaciones del TSE concluyen de manera clara y oportuna, los partidos tienden a acatar las resoluciones.

El Partido Acción Ciudadana (PAC), por ejemplo, asumió el pago de la deuda política derivada de un proceso resuelto por el TSE correspondiente a la campaña de 2014.

El caso del Movimiento Libertario es aún más contundente: la investigación no solo derivó en la negativa del pago de la deuda política, sino también en consecuencias penales para sus dirigentes.

Estos precedentes confirman que el problema no es la ausencia de herramientas legales, sino la falta de cierres oportunos en los procesos abiertos más recientes.

Muchos de estos expedientes permanecen sin resolución clara durante años, atrapando a la ciudadanía entre dos sensaciones nocivas: la de una impunidad normalizada o la de una acusación eterna sin desenlace. Ambas situaciones erosionan la confianza en el sistema.

¿Se abre el debate por una reforma electoral?

Ante este panorama, la discusión trasciende lo jurídico para volverse un asunto de ética política y confianza pública.

El país se enfrenta a dos preguntas clave: ¿Debe el Tribunal Supremo de Elecciones contar con mecanismos más eficaces y plazos más claros para resolver las investigaciones abiertas?

¿Debe Costa Rica debatir una reforma a la ley electoral que permita inhabilitar temporalmente a partidos o candidaturas cuando existan cuestionamientos graves y debidamente fundamentados, mientras se resuelven las causas?

No se trata de relativizar el principio de presunción de inocencia, sino de cuestionar si el equilibrio actual entre legalidad y confianza pública es suficiente para proteger la salud de la democracia. La rendición de cuentas en tiempo y forma es tan fundamental como el acto de votar.