La Corrupción no es un error Administrativo: es una Traición a la Confianza Pública
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- La corrupción no comienza con un cheque millonario ni con un contrato maquiavélico. Comienza mucho antes: en el instante en que un funcionario público olvida que el uniforme que viste, el sello que estampa o la oficina que ocupa no le pertenece. Le pertenece a la ciudadanía. Y cuando esa conciencia se pierde, el daño ya está en marcha.
Hoy, la noticia puede ser una oficial de tránsito señalada por presuntamente solicitar dinero a cambio de omitir una infracción. Mañana, podría ser un funcionario municipal firmando contratos irregulares, favoreciendo intereses privados o desviando recursos desde una oficina de alto nivel. Los montos cambian, los escenarios varían, pero la esencia permanece intacta: la corrupción nace cuando alguien cree —erróneamente— que sus actos quedarán impunes.
En Costa Rica, miles de servidores públicos cumplen con su deber con honestidad, sacrificio y vocación. Son ellos quienes sostienen el peso de una institucionalidad que, a pesar de sus fisuras, sigue en pie. Sin embargo, basta con un solo caso para que la confianza de toda una comunidad se resienta. Porque la corrupción, por pequeña que parezca, no es un desliz: es una fisura que, si no se sella a tiempo, termina por derrumbar la estructura.
Quienes cometen estos actos suelen sentirse intocables. Minimizan las consecuencias, se rodean de complicidades silenciosas y dejan de lado principios fundamentales como la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero la historia —y la justicia costarricense— ha demostrado que las malas decisiones tarde o temprano dejan de ser secretos para convertirse en condenas. Y cuando eso ocurre, no solo cae un funcionario: se desmoronan familias, se truncan carreras y se debilitan instituciones enteras.
Aquí radica la urgencia: las instituciones públicas y municipales deben hacer todos los esfuerzos para que, ante el mínimo cuestionamiento de corrupción, se aplique la ley con rigor y sin contemplaciones. No se trata de persecución ni de linchamiento mediático. Se trata de coherencia institucional. Un país que aspira a la integridad no puede permitirse la indulgencia selectiva ni la impunidad disfrazada de “error administrativo”. La ley debe actuar con la misma determinación ante una coima de pocos colones que ante un desfalco millonario, porque ambas conductas nacen del mismo desprecio por el deber público.
Es cierto que el cambio no depende únicamente de normas, controles o tecnología de vigilancia. Depende también de la conciencia individual de quienes ejercen el poder público. Pero la conciencia no se puede legislar: sí se puede exigir, cultivar y, sobre todo, premiar con ejemplo. Cuando una institución actúa con firmeza contra la corrupción, envía un mensaje claro a sus funcionarios y a la ciudadanía: aquí no hay espacio para quienes traicionan la confianza que se les ha depositado.
La corrupción no siempre llega con estruendo. A veces se presenta disfrazada de “favor”, de “pragmatismo” o de “cómo se hacen las cosas”. Pero cada vez que un servidor público acepta que la ley es opcional, cada vez que una denuncia se archiva por “falta de evidencias” cuando la hay, cada vez que el castigo se diluye en trámites interminables, se erosiona un poco más la credibilidad del Estado.
Costa Rica no puede darse ese lujo. Goicoechea no puede darse ese lujo.
Porque cuando se pierde la integridad en el servicio público, no solo cae un funcionario: se deteriora la confianza de toda una nación. Y recuperarla es tarea que exige, ante todo, el compromiso irrenunciable de quienes tienen la obligación —y el honor— de servir al pueblo.
