LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El funcionamiento del Concejo Municipal de Goicoechea representa un gasto superior a los ₡19 millones mensuales, de acuerdo con estimaciones elaboradas por La Voz de Goicoechea a partir del presupuesto municipal de 2026. El monto contempla el pago de dietas a los regidores propietarios, salarios de ocho asesores políticos, personal administrativo de apoyo, gastos operativos y un contrato de asesoría jurídica externa.

Las cifras han reavivado la discusión sobre la eficiencia de la estructura de apoyo con que opera el órgano deliberativo, particularmente por la coexistencia de asesores políticos y un bufete jurídico contratado para brindar asesoría legal al Concejo, mientras el cantón enfrenta necesidades de inversión en infraestructura, mantenimiento vial, seguridad y otros servicios públicos.

Cada sesión representa un gasto cercano a los ₡3,2 millones

El Concejo Municipal realiza mensualmente cuatro sesiones ordinarias y hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas.

Con base en los costos asociados a dietas, asesorías, personal de apoyo y operación administrativa, cada sesión representa un gasto aproximado de ₡3,2 millones, para un costo mensual cercano a los ₡19,2 millones.

Solo por concepto de dietas, cada regidor propietario recibe ₡164.712,56 por sesión. Si asiste al máximo permitido de seis sesiones al mes, puede percibir hasta ₡988.275 mensuales.

Con nueve regidores propietarios, el pago de dietas alcanza aproximadamente ₡8,9 millones por mes, sin considerar las remuneraciones correspondientes a regidores suplentes y síndicos que también participan en las sesiones.

Ocho asesores y un contrato de asesoría jurídica externa

Además de las dietas, el Concejo cuenta con una estructura integrada por ocho asesores políticos: uno asignado a cada fracción política representada en el órgano, además de asesores para la Presidencia y la Vicepresidencia del Concejo.

Paralelamente, la Municipalidad mantiene vigente un contrato con un bufete de abogados externo por un monto de ₡45 millones anuales, destinado a brindar asesoría jurídica en la elaboración de mociones, dictámenes, proyectos de acuerdo y otros criterios legales requeridos por el órgano deliberativo.

La existencia simultánea de ambas estructuras ha generado cuestionamientos sobre un posible traslape de funciones en determinadas materias de asesoría.

Para Randall Mora, contador público consultado por La Voz de Goicoechea, resulta conveniente revisar el modelo desde la perspectiva del uso eficiente de los recursos públicos.

“Estamos pagando dos veces por servicios muy similares: uno emite el criterio jurídico institucional y otro vuelve a analizar los mismos expedientes. Con ocho asesores activos, el gasto aumenta sin que necesariamente exista una mejora proporcional en la calidad de las decisiones o en los resultados para la ciudadanía”, señaló.

Un debate sobre el alcance de las asesorías

El reglamento del Concejo Municipal permite que cada fracción política disponga de un asesor para apoyar la elaboración de propuestas, el análisis técnico y la preparación de intervenciones desde la perspectiva de cada agrupación política.

Por su parte, el contrato suscrito con el bufete jurídico contempla la emisión de criterios legales, revisión de reglamentos y asesoría jurídica para el Concejo Municipal.

Aunque ambas figuras cumplen funciones distintas en su naturaleza, especialistas consultados consideran pertinente revisar el alcance de cada servicio para evitar posibles duplicidades y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

Especialistas plantean alternativas para reducir costos

Los expertos consultados por este medio consideran que existen medidas que podrían disminuir el gasto sin afectar la función deliberativa y fiscalizadora del Concejo Municipal.

Entre las recomendaciones destacan:

Reducir el número de asesores y distribuirlos por áreas técnicas, como originalmente se aprobó, en lugar de asignarlos por fracción política.

Delimitar con mayor claridad las funciones del bufete externo y de los asesores políticos.

Exigir informes mensuales de labores a cada asesor contratado.

Publicar de manera permanente los pagos efectuados y los productos entregados por cada contratación profesional.

Asimismo, plantean fortalecer el Departamento Jurídico de la Municipalidad para que asuma parte de las funciones actualmente contratadas de forma externa, con el objetivo de disminuir el gasto anual por asesoría legal.

Otra de las propuestas consiste en valorar la realización de sesiones híbridas o virtuales cuando la normativa lo permita, a fin de reducir costos operativos relacionados con logística, seguridad y viáticos.

La discusión trasciende la cantidad de asesores

Para el doctor Gabriel Ulate Céspedes, del Centro de Estudios Municipales de la Fundación para el Desarrollo Internacional (DSE), el análisis no debe limitarse únicamente al número de asesores contratados.

“La función fiscalizadora no se mide por la cantidad de asesores, sino por la calidad técnica y la independencia de sus criterios. En Goicoechea, el costo por sesión es elevado y la coexistencia de asesorías legales merece una revisión desde la perspectiva de la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.”

El especialista considera que cualquier eventual ajuste debe procurar mantener la capacidad técnica del Concejo sin generar gastos que puedan resultar innecesarios.

Municipalidad aún no responde consulta de este medio

Con el propósito de conocer la posición oficial sobre la estructura de asesorías del Concejo Municipal, el contrato con el bufete jurídico externo y el costo de funcionamiento del órgano deliberativo, La Voz de Goicoechea remitió una solicitud de información a la Oficina de Prensa de la Municipalidad de Goicoechea.

Al cierre de esta edición había transcurrido más de un mes desde el envío de la consulta sin que la Municipalidad remitiera una respuesta oficial, pese a las gestiones realizadas por este medio.

La Voz de Goicoechea mantiene abierta la posibilidad de incorporar la versión institucional en cuanto sea remitida por las autoridades municipales, en apego a los principios de equilibrio informativo, transparencia y derecho de respuesta.