Fraude digital en Costa Rica crece sin control y deja a miles de ciudadanos desprotegidos
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El fraude digital en el país ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno masivo, sistemático y en constante expansión, según advierte el Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON). La situación, señalan, evidencia fallas estructurales en la capacidad del Estado para proteger a los usuarios en un entorno financiero cada vez más digitalizado.
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solo en 2025 se registraron cerca de 30.000 denuncias por fraude informático, aunque expertos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor debido al subregistro de casos. Muchas víctimas optan por no denunciar ante la percepción de falta de respuesta o porque, en algunos casos, terminan siendo responsabilizadas por las pérdidas.
“El ciudadano pierde su dinero y además debe defenderse solo”, alerta el informe, que describe un sistema desigual donde las víctimas enfrentan redes delictivas altamente especializadas, capaces de utilizar técnicas de suplantación, manipulación psicológica e incluso herramientas de inteligencia artificial para cometer estafas.
Un sistema que no evolucionó al ritmo digital
El problema, según OMERCON, radica en una brecha crítica: mientras el sistema financiero avanzó hacia la digitalización —con banca móvil, pagos electrónicos y transacciones instantáneas— la regulación y los mecanismos de protección al consumidor no evolucionaron al mismo ritmo.
Durante años, esta desventaja se tradujo en una carga injusta para los usuarios, quienes debían demostrar fallas en sistemas bancarios altamente complejos para recuperar su dinero. En la práctica, esto dejaba a miles de casos sin resolución.
Nueva ley busca corregir la desigualdad
Ante este panorama, la reciente aprobación del proyecto de ley 23.908 marca un punto de inflexión. La normativa, impulsada por organizaciones ciudadanas y respaldada por el diputado Óscar Izquierdo Sandí, introduce cambios clave:
Invierte la carga de la prueba en casos de fraude
Establece mayor responsabilidad para las entidades financieras
Obliga a reforzar los estándares de seguridad
El principio central es claro: el dinero depositado en el banco está en custodia, no en riesgo del cliente.
Un problema más amplio que la banca
El informe advierte que el fraude digital no se limita a la relación entre bancos y usuarios. Se trata de un ecosistema más amplio que involucra:
Empresas de telecomunicaciones
Plataformas digitales y redes sociales
Infraestructura tecnológica vulnerable a la suplantación
Sin una regulación integral, el problema simplemente se desplaza entre estos actores.
Retos pendientes
Pese al avance legislativo, persisten desafíos importantes en Costa Rica, como el control de las telecomunicaciones, la regulación de plataformas digitales y la limitada capacidad institucional para investigar delitos tecnológicos.
Además, se mantiene pendiente la aprobación de una Ley de Protección al Consumidor Financiero alineada con estándares internacionales.
Una decisión de país
Para OMERCON, el combate al fraude electrónico trasciende lo técnico y se convierte en una decisión política: definir si el país protegerá efectivamente a sus ciudadanos en el entorno digital o si continuará trasladando los riesgos a los usuarios.
“El fraude no es un problema del usuario, es un problema del sistema”, concluye el informe.
