Editorial
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por La Redacción).- La Contraloría General de la República pone al descubierto serias deficiencias en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea: cobros sin aprobación municipal, exoneraciones carentes de respaldo reglamentario, aprovechamiento comercial de instalaciones públicas sin contraprestación económica y débiles controles sobre posibles conflictos de intereses.
Cuando la Contraloría General de la República debe intervenir mediante una orden vinculante para exigir el cumplimiento de obligaciones básicas de legalidad, administración y control interno, estamos ante una situación que merece la atención de toda la ciudadanía.
Eso es precisamente lo que ocurre con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG), según se desprende del oficio DFOE-LOC-1661, fechado el 3 de noviembre de 2026, que contiene la orden DFOE-LOC-ORD-00016-2026.
El documento no constituye una simple recomendación administrativa. Es el resultado de una investigación del órgano fiscalizador que identifica incumplimientos legales y técnicos, deficiencias en la gestión de recursos públicos y debilidades institucionales que requieren medidas correctivas.
Los hallazgos deben preocuparnos porque involucran instalaciones deportivas municipales, recursos que deberían beneficiar a la comunidad y decisiones que exigen transparencia, objetividad y apego a la ley.
Un reglamento desactualizado y una obligación legal incumplida
Uno de los primeros señalamientos de la Contraloría es la falta de actualización del reglamento que regula el funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes.
La Ley N.º 10626, publicada en enero de 2025, estableció un plazo de un año para efectuar las modificaciones reglamentarias correspondientes. Ese plazo venció el 17 de enero de 2026.
Sin embargo, al momento de la investigación, Goicoechea continuaba sin completar esa actualización.
Resulta difícil justificar que una institución encargada de administrar instalaciones, programas y recursos públicos funcione bajo un marco reglamentario que la propia Contraloría considera desactualizado e incompatible con disposiciones legales vigentes.
No se trata de un simple atraso burocrático.
La ausencia de reglas actualizadas genera vacíos en materias tan sensibles como la administración de instalaciones, las donaciones, las transferencias, la fiscalización y la rendición de cuentas.
La pregunta es inevitable: ¿por qué las autoridades municipales y deportivas permitieron que transcurriera el plazo legal sin completar una reforma indispensable para el funcionamiento del Comité?
Cobros sin aprobación municipal: una situación inadmisible
Quizás uno de los hallazgos más preocupantes se relaciona con el manejo de los ingresos generados por las instalaciones deportivas.
La Contraloría determinó que durante 2025 y 2026 el Comité aplicó tarifas de alquiler sin contar con estudios de costos suficientemente fundamentados ni con la aprobación formal del Concejo Municipal.
Aunque la Junta Directiva aprobó internamente tarifas para determinados recintos y para la piscina municipal, esos acuerdos carecían de eficacia jurídica por no haber recibido la aprobación del órgano municipal competente.
Esto plantea una interrogante fundamental: ¿cómo se permitió cobrar por el uso de instalaciones públicas sin cumplir previamente los procedimientos legales establecidos?
La administración de bienes municipales no puede depender de decisiones discrecionales ni de acuerdos internos que prescindan de los controles exigidos por la normativa.
Cada tarifa debe responder a criterios técnicos, económicos y jurídicos verificables.
Cuando esos requisitos se incumplen, se debilita la seguridad jurídica y se compromete la confianza ciudadana.
Instalaciones públicas, cobros privados y recursos que no ingresaron al Comité
Otro aspecto particularmente delicado es el aprovechamiento económico de instalaciones deportivas municipales por parte de terceros.
Según la Contraloría, dos asociaciones deportivas cobraron entradas al público en instalaciones municipales sin que existiera una estructura tarifaria previamente autorizada por el Concejo Municipal.
Más preocupante todavía es que el órgano contralor identificó cobros de taquilla realizados durante 2026 en el Gimnasio Municipal que no habían sido reportados por la administración del Comité.
El documento también señala que una asociación deportiva recibió autorización para colocar publicidad comercial en el Gimnasio Municipal sin que el Comité percibiera contraprestación económica por ese aprovechamiento.
La Contraloría advierte que estas debilidades generan riesgos de lucro privado mediante el uso de bienes públicos y han impedido al Comité percibir recursos para el cumplimiento de sus fines.
Aquí surge una pregunta que las autoridades deben responder con absoluta claridad:
¿Quiénes se beneficiaron económicamente de esas actividades, cuánto dinero se recaudó y qué controles existieron sobre los recursos obtenidos?
Es importante precisar que el oficio no establece un monto total de ingresos dejados de percibir ni determina responsabilidades individuales por apropiación de fondos. Pero los hallazgos justifican exigir una revisión documentada de los cobros, autorizaciones y beneficios concedidos.
Las instalaciones deportivas municipales pertenecen al patrimonio público. Su aprovechamiento debe responder al interés general y no convertirse en un espacio de privilegios económicos carentes de regulación.
Exoneraciones y tarifas diferenciadas: ¿con qué criterios?
La Contraloría también cuestiona decisiones relacionadas con el otorgamiento de beneficios económicos.
Durante el período examinado, la Junta Directiva aprobó el uso gratuito de instalaciones a favor de una persona física y estableció tarifas diferenciadas para dos organizaciones, sin contar con parámetros objetivos que facultaran esas decisiones.
El problema no es que existan políticas de apoyo a determinadas personas u organizaciones.
Por el contrario, facilitar el acceso al deporte a poblaciones vulnerables o entidades de interés social puede ser una medida legítima y necesaria.
El problema aparece cuando esos beneficios se conceden sin reglas claras, criterios verificables y autorizaciones legalmente exigidas.
La solidaridad institucional debe sustentarse en normas, no en decisiones discrecionales.
De lo contrario, se abre la puerta a tratamientos desiguales y a dudas sobre la imparcialidad con que se administran los bienes públicos.
Conflictos de intereses: una debilidad que exige atención inmediata
Uno de los señalamientos más significativos del oficio se relaciona con la prevención y gestión de posibles conflictos de intereses.
La Contraloría identificó ausencia de mecanismos suficientes para prevenir, detectar y gestionar estas situaciones en procesos como contrataciones, donaciones, selección de personal, transferencias de recursos y relaciones con terceros.
Además, encontró una práctica especialmente cuestionable: cuando un integrante de la Junta Directiva presenta un posible conflicto de intereses, el mecanismo utilizado consiste en abstenerse de votar, pero se le permite participar en la propuesta y discusión del asunto.
Esta práctica, advierte el órgano contralor, mantiene el riesgo de influir en las decisiones de los demás integrantes.
Y tiene razón.
La imparcialidad no se garantiza únicamente evitando levantar la mano durante una votación. También exige apartarse de las deliberaciones cuando existe un interés personal que pueda comprometer la objetividad de una decisión.
En una institución donde participan representantes de organizaciones deportivas y comunales, resulta indispensable distinguir entre la legítima representación de esos sectores y las obligaciones de quienes administran recursos públicos.
La Contraloría no concluye en este oficio que todos los integrantes de la Junta Directiva hayan incurrido en conflictos de intereses efectivos. Lo que se identifica es una estructura de prevención insuficiente y una aplicación incorrecta del deber de abstención.
Eso, por sí solo, representa una advertencia institucional que no debe minimizarse.
La responsabilidad también alcanza a las autoridades municipales
Sería equivocado interpretar estos hallazgos como un problema exclusivo del Comité Cantonal de Deportes.
La Contraloría dirige órdenes expresas al alcalde municipal, Fernando Chavarría Quirós, y al Concejo Municipal de Goicoechea, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Al alcalde le ordena actualizar, remitir para su trámite, publicar e implementar el reglamento correspondiente, incorporando controles sobre conflictos de intereses, donaciones, tarifas, exoneraciones y aprovechamiento económico de las instalaciones.
El plazo para acreditar la remisión de la propuesta reglamentaria al Concejo Municipal vence el 31 de marzo de 2027.
Por su parte, el Concejo Municipal deberá resolver sobre la propuesta dentro del plazo establecido por el órgano contralor y acreditar el acuerdo adoptado.
No basta, por tanto, con trasladar responsabilidades de una oficina a otra.
La Alcaldía, el Concejo Municipal y la Junta Directiva del Comité deben actuar coordinadamente, respetando sus competencias y demostrando resultados concretos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas se adoptarán, quiénes serán responsables de ejecutarlas y cómo se garantizará que las deficiencias no vuelvan a repetirse.
El verdadero perjudicado puede ser el deporte cantonal
Detrás de estos señalamientos administrativos existe una dimensión que no debemos olvidar: el bienestar de las comunidades.
Cada recurso que el Comité deja de percibir representa una oportunidad menos para financiar el mantenimiento de instalaciones, mejorar infraestructura o fortalecer programas deportivos y recreativos.
Cada decisión adoptada sin criterios claros deteriora la confianza de las organizaciones que sí cumplen las reglas.
Y cada debilidad en los mecanismos de control aumenta el riesgo de que los beneficios públicos no se distribuyan de manera equitativa.
Goicoechea necesita instalaciones deportivas accesibles, seguras y bien administradas.
Necesita oportunidades para que niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad participen en actividades deportivas y recreativas.
Necesita un Comité Cantonal que sea ejemplo de buena administración, no una institución cuya gestión deba corregirse mediante órdenes vinculantes del órgano fiscalizador superior.
No basta con corregir el reglamento: hay que rendir cuentas
Desde La Voz de Goicoechea consideramos que las autoridades deben ir más allá del cumplimiento formal de las órdenes emitidas por la Contraloría.
Es necesario explicar públicamente cómo se establecieron las tarifas cuestionadas, cuáles organizaciones y particulares recibieron beneficios, qué controles existieron sobre los cobros de taquilla y publicidad, y qué medidas se adoptarán para prevenir posibles conflictos de intereses.
También corresponde determinar, mediante los procedimientos institucionales pertinentes, si existen recursos pendientes de recuperar o responsabilidades que deban investigarse.
No se trata de adelantar juicios ni de señalar culpables sin pruebas.
Se trata de ejercer una exigencia democrática elemental: quien administra bienes y recursos públicos debe explicar cómo los utiliza, bajo qué criterios toma sus decisiones y qué resultados obtiene en beneficio de la comunidad.
El documento de la Contraloría debe convertirse en un punto de inflexión para la gestión deportiva cantonal.
La corrección de las deficiencias no puede reducirse a redactar otro reglamento que termine archivado o incumplido.
Debe traducirse en controles efectivos, transparencia financiera, decisiones imparciales y una política deportiva verdaderamente orientada al interés público.
Goicoechea merece respuestas, no excusas
La orden de la Contraloría es clara. Los incumplimientos y debilidades detectados requieren acciones concretas.
También es clara la advertencia sobre las consecuencias legales que puede generar el incumplimiento injustificado de sus órdenes.
Por eso, este periódico considera indispensable que el Concejo Municipal mantenga un seguimiento público y permanente de las medidas correctivas.
La ciudadanía no debería enterarse de las deficiencias administrativas únicamente cuando interviene la Contraloría General de la República.
La transparencia debe ser una práctica cotidiana y no una reacción obligada ante la fiscalización externa.
El deporte de Goicoechea no puede administrarse con improvisación, vacíos legales ni privilegios sin justificación.
Las instalaciones son públicas. Los recursos deben beneficiar a la comunidad. Las decisiones deben ajustarse a la ley.
Y las autoridades tienen la obligación de responder.
Porque el deporte cantonal merece una administración a la altura de sus atletas, sus organizaciones y sus comunidades.