La democracia municipal no se sostiene únicamente sobre la elección de un alcalde

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- Descansa, también, sobre la existencia de un Concejo Municipal capaz de ejercer el contrapeso que la ley diseñó para impedir que el poder se administre sin vigilancia. Cuando ese equilibrio desaparece, la transparencia deja de ser una garantía y se convierte en una promesa vacía.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Goicoechea

Durante los últimos seis años, el Concejo Municipal ha mantenido una preocupante deuda con los ciudadanos: renunció, en buena medida, a ejercer el control político sobre la administración de los recursos públicos. No se trata de una apreciación subjetiva ni de una diferencia ideológica. Es una conclusión que surge de los hechos.

La legislación costarricense es clara. La administración corresponde al alcalde; la fiscalización corresponde al Concejo. Esa división no es un formalismo jurídico. Es uno de los pilares del gobierno local. Los regidores aprueban presupuestos, conocen modificaciones financieras, adjudican contrataciones de alto monto, solicitan informes, convocan funcionarios y tienen la responsabilidad de verificar que cada decisión administrativa responda al interés público.

Cuando ese control desaparece, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de protección.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió

Mientras la Municipalidad ejecutaba contratos millonarios y comprometía importantes recursos del presupuesto cantonal, el órgano llamado a supervisar esas decisiones permaneció, en demasiadas ocasiones, silencioso.

El ejemplo más evidente es el mantenimiento de la flotilla destinada a la recolección de residuos sólidos. En un solo año se destinaron más de ₡619 millones para reparar los camiones recolectores, mientras los vecinos continuaban enfrentando interrupciones constantes del servicio precisamente por fallas mecánicas.

No fue una comisión del Concejo la que alertó sobre esa contradicción. No fue una investigación impulsada por los regidores la que reveló el monto invertido. La información salió a la luz por medio de la prensa local, como en el caso de este medio de comunicación, que preguntó y el alcalde respondió mediante un oficio oficial.

En una democracia saludable, esa secuencia debería haber ocurrido exactamente al revés

La misma falta de control se observa en otros expedientes que, por su impacto económico, merecían un seguimiento permanente: el elevado costo del alquiler del edificio de la Policía Municipal; las contrataciones para actividades festivas; la remodelación del Parque Santiago Jara, marcada por retrasos, modificaciones y cuestionamientos; así como diversas advertencias formuladas por la Contraloría General de la República sobre debilidades en los controles internos y la razonabilidad de ciertos precios.

El problema nunca fue la existencia de asuntos que investigar. Toda administración pública los tiene. El verdadero problema fue la ausencia de una vigilancia sistemática.

Peor aún, el Concejo terminó dividido entre dos conductas igualmente inconvenientes para la democracia local.

Un sector confundió el control político con lealtad partidaria y actuó como prolongación de la administración municipal, olvidando que los regidores representan a los ciudadanos y no al alcalde.

El otro sector denunció algunas irregularidades, pero con una prudencia que terminó siendo funcional a la inacción. Las advertencias no se tradujeron en investigaciones profundas, visitas de inspección permanentes ni en la utilización de todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger el patrimonio público.

Fiscalizar exige mucho más que discursos

Implica revisar expedientes, visitar obras, contrastar informes técnicos, exigir explicaciones cuando los números no coinciden y acudir a las autoridades competentes cuando existan indicios de posibles irregularidades. Esa es la esencia del control político.

Por eso resulta inevitable observar con cierto escepticismo el repentino despertar fiscalizador que hoy experimenta el Concejo Municipal.

A pocos meses de un nuevo proceso electoral, abundan las solicitudes de información, las mociones de investigación y las declaraciones públicas en defensa de la transparencia. Bienvenidas sean todas las acciones que fortalezcan la rendición de cuentas. Nunca será un error fiscalizar.

Pero también es imposible ignorar el momento en que ese entusiasmo aparece

La vigilancia de los recursos públicos no puede activarse únicamente cuando inicia la campaña electoral. La obligación de fiscalizar comienza el mismo día en que un regidor asume su cargo y concluye únicamente cuando entrega la credencial.

Cada sesión del Concejo representa una oportunidad para defender el dinero de los contribuyentes. Cada contratación, cada modificación presupuestaria y cada obra pública merecen el mismo nivel de escrutinio, sin importar quién gobierne o quién aspire a continuar haciéndolo.

Porque el dinero municipal no pertenece al alcalde ni al Concejo. Pertenece a los ciudadanos

Y cuando esos recursos se administran sin una vigilancia constante, no solo aumenta el riesgo de ineficiencias o malas decisiones. También se erosiona la confianza pública, el activo más valioso de cualquier gobierno democrático.

Goicoechea necesita un Concejo que entienda que fiscalizar no significa obstaculizar la gestión, sino dignificarla. Que comprenda que la mejor defensa de una administración honesta es precisamente una supervisión rigurosa e independiente. Y que asuma, de una vez por todas, que el control político no puede ejercerse según la conveniencia electoral, sino conforme al mandato permanente que le impone la ley.

Los vecinos cumplen todos los días con el pago de sus impuestos. Lo mínimo que pueden exigir es que quienes fueron elegidos para representarlos cumplan, con la misma disciplina, la obligación de vigilar cómo se invierte cada colón.

Porque cuando un Concejo Municipal renuncia a fiscalizar, deja de ser un contrapeso del poder para convertirse en un simple espectador de su ejercicio. Y esa es una democracia que siempre termina costándoles demasiado a los ciudadanos.