Crisis de frecuencias: Señalan al “cálculo político” y a la presión de grandes operadores como causantes del cierre de medios pequeños
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Las frecuencias del espectro radioeléctrico en Costa Rica, utilizadas para la radiodifusión sonora (radio) y televisiva, son consideradas bienes de dominio público o demaniales. Su administración y otorgamiento son responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
La reciente controversia en torno a la asignación y costos de las frecuencias de radio y televisión en el país no es un hecho aislado, sino el desenlace de décadas de inacción administrativa y presiones políticas, según se desprende de un reciente análisis compartido por la comunicadora Maricarmen en redes sociales.
El comentario pone el dedo en la llaga sobre una problemática que hoy amenaza la pluralidad mediática: la desaparición de emisoras y canales pequeños ante los nuevos costos fijados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Crónica de un colapso anunciado
Según el análisis, la situación actual es el resultado de haber “pateado la bola durante décadas”. Históricamente, los montos que pagaban los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico eran considerados “ridículos” y no reflejaban el valor real del bien público. Sin embargo, la falta de actualización de estos cánones respondió, según la crítica, a un puro “cálculo político”, donde ninguna administración quiso asumir el costo de regular el mercado.
El escenario cambió drásticamente cuando la Sutel intervino fijando precios que han sido calificados como “elevados”. El efecto inmediato, tal como se preveía, ha sido un golpe letal para las finanzas de los operadores de menor tamaño.
“Las radioemisoras y canales pequeños no pueden asumir esos costos y se ven obligados a cerrar o buscar otras opciones digitales”, señala el texto.
El proyecto de ley fallido y el lobby de los “gigantes”
Uno de los puntos más críticos del comentario se centra en la oportunidad legislativa perdida. Se hace referencia a un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que proponía una solución alternativa: un sistema de pago proporcional, ajustado a la capacidad económica real de cada operador. Este modelo habría permitido la supervivencia de medios locales y pequeños frente a los grandes conglomerados.
Sin embargo, el análisis denuncia que esta iniciativa fue frenada en la Asamblea Legislativa debido a presiones externas.
“Eso no les servía a los más grandes; por presiones los diputados lo frenaron y fin de la historia”, concluye lapidariamente el mensaje.
El resultado final deja un panorama mediático en transformación forzada, donde la diversidad de voces en el espectro tradicional se ve reducida, empujando a los actores más débiles hacia la virtualidad o el cierre definitivo, mientras se consolida la posición de los operadores con mayor músculo financiero.
