Alerta financiera: El 40% de los trabajadores en Costa Rica está excluido del sistema bancario por deudas

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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Welmer Ramos Gonzáles, columnista).- Expertos del ámbito académico, social y financiero lanzaron una fuerte advertencia sobre la crisis de endeudamiento que atraviesa el país. Según datos revelados en un conversatorio realizado en el Colegio de Abogados, al cierre del 2024 se registraban 715.780 deudas en cobro judicial.

Esta cifra refleja una realidad alarmante: por cada 100 trabajadores, 40 están actualmente “manchados” y excluidos del sistema financiero formal, obligándolos a recurrir a otras fuentes de financiamiento menos reguladas.

Una “fábrica de exclusión financiera”

Durante el evento, convocado por el Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERCON) y el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), se señaló que el problema responde a “incentivos perversos” dentro de la normativa actual.

Los especialistas explicaron que las tasas de interés actuales, que oscilan entre el 36% y el 51% en créditos de consumo, permiten a las entidades financieras asumir de antemano pérdidas de entre 20 y 30 puntos porcentuales.

“Esto significa que, de cada 100 créditos otorgados, cerca de 30 caerán en morosidad, convirtiendo al crédito de consumo en una fábrica permanente de exclusión financiera”, advirtieron los expositores.

El Lic. David Carreras enfatizó que el crédito de consumo es el segmento de mayor crecimiento, representando ya $33 de cada $100 otorgados. Además, alertó sobre una práctica preocupante: gran parte de los créditos clasificados como “vivienda” son, en realidad, deudas de consumo refinanciadas con garantía hipotecaria, lo que desvía recursos que deberían ir a actividades productivas.

Asimetrías y falta de protección

La Msc. Adriana Rojas Rivero, presidenta de APRODECO, denunció las “asimetrías groseras” que enfrentan los consumidores al intentar defender sus derechos frente a acreedores abusivos.

Rojas recalcó la urgencia de aprobar una ley sólida de protección al consumidor financiero, similar a la normativa europea, para equilibrar la relación entre bancos y usuarios. Asimismo, recordó que comprometer más del 30% del ingreso mensual en deudas es una clara señal de sobreendeudamiento.

Propuesta de solución: Un Plan Nacional de Refinanciamiento

Frente a este panorama, Yeikol Zúñiga propuso la creación de un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas. Esta iniciativa busca limpiar el historial crediticio de las personas “manchadas” para reintegrarlas al sistema formal.

Según Zúñiga, este mecanismo beneficiaría a todas las partes:

A los consumidores: Recuperan su salud financiera.

A las entidades financieras: Sanean sus balances y recuperan cartera.

Al Estado: Se reduce la saturación de procesos de cobro en el Poder Judicial.

Las organizaciones organizadoras concluyeron que el sobreendeudamiento se ha convertido en una “auténtica pandemia social” y exigieron a la Asamblea Legislativa y a los reguladores implementar políticas públicas efectivas para detener este deterioro en la economía de los hogares.

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