Yara Jiménez destaca legado del gobierno de Rodrigo Chaves tras último informe de labores

Published by Redacción on

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, calificó como “trascendental y extraordinario” el cierre de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, tras la presentación de su último informe de labores este lunes.

Durante su intervención, la jerarca legislativa aseguró que el país concluye este periodo gubernamental con avances significativos en áreas clave como la economía, el empleo, la infraestructura y la seguridad. Según indicó, Costa Rica cuenta ahora con mejores condiciones para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.

Jiménez destacó, entre otros logros, la reducción de la pobreza y el desempleo, así como el ordenamiento fiscal y la disminución de la deuda pública. También subrayó la reactivación de proyectos de infraestructura, la mejora en el costo de vida y el aumento en la inversión extranjera.

En materia de seguridad, resaltó las acciones emprendidas contra el narcotráfico y el crimen organizado, afirmando que estos esfuerzos han posicionado al país como un aliado estratégico para Estados Unidos.

Para la presidenta del Congreso, uno de los principales legados del mandatario Chaves es haber transformado la forma de hacer política, colocando a la ciudadanía en el centro de la gestión pública y devolviendo la esperanza a los costarricenses.

Asimismo, Jiménez reiteró su compromiso de impulsar desde el Poder Legislativo una agenda orientada a reformas urgentes que impacten de manera positiva la vida cotidiana de la población.

“A partir de ahora, una nueva etapa comienza. Una etapa que exige madurez política, visión estratégica y un profundo compromiso con el bienestar de todos los costarricenses”, concluyó.

Categories: Nacional
Tags:

Related Posts

Nacional

Chaves Presenta su Informe Final de Gobierno con énfasis en Logros Económicos y Fuertes Críticas Institucionales

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa su informe de labores correspondiente al periodo 2022-2026, en un discurso marcado por la defensa de los resultados de su gestión y un tono confrontativo hacia otros poderes del Estado.

Durante su intervención, el mandatario destacó avances en indicadores económicos y sociales. Según detalló, las exportaciones crecieron un 5,8% y la inversión extranjera directa aumentó un 14%. Además, señaló una reducción en la pobreza, que se ubicó en el 18%, y en el desempleo, que descendió al 6,9%. Chaves también subrayó que la deuda pública cayó por debajo del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), consolidando una tendencia a la baja.

“El Gobierno cumple, construye, no roba, no afloja, no calla y no les rinde pleitesía a las élites de siempre”, afirmó el presidente, quien insistió en que su administración deja resultados tangibles al país.

No obstante, buena parte del discurso estuvo centrada en cuestionamientos a otras instituciones del Estado. El mandatario responsabilizó a diputados, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y a mandos medios de la administración pública por obstaculizar iniciativas del Ejecutivo.

“¿Cómo es posible que el presidente de la República, electo por la mayoría del pueblo, no pueda cumplir con todas sus promesas por culpa de un grupo de funcionarios que se atribuyen el derecho de frenar arbitrariamente el desarrollo del país?”, expresó.

Chaves mencionó de forma directa a figuras como el presidente del Congreso, Rodrigo Arias; el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre; la contralora general, Marta Acosta; y el fiscal general, Carlo Díaz, a quienes señaló por liderar instituciones que calificó como “desprestigiadas”.

En materia de seguridad, el presidente reconoció errores en la estrategia inicial de su gobierno. Afirmó que dedicó demasiado tiempo a negociaciones políticas para impulsar reformas contra la criminalidad, lo que, a su juicio, retrasó acciones más contundentes.

“Me arrepiento de haber perdido el tiempo conversando. Debí haber empezado más duro”, declaró, en referencia al aumento de la violencia y a los más de 800 homicidios anuales registrados en los últimos años en el país.

El informe generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El exdiputado Rodrigo Arias advirtió sobre una posible “deriva autoritaria” en el discurso presidencial, mientras otros sectores manifestaron posiciones divididas tanto sobre los resultados expuestos como sobre las críticas emitidas.

La presentación de esta informe marca el cierre de la administración Chaves, quien concluirá su mandato el próximo 8 de mayo.

Nacional

Denuncia penal en Fiscalía de Probidad señala a 17 funcionarios judiciales por presuntos delitos de falsedad, allanamientos ilegales y prevaricato

Expediente ingresado el 4 de mayo de 2026 en el I Circuito Judicial de San José acusa a jueces, fiscales y oficiales de seguridad por una serie de ilícitos cometidos en el ejercicio de sus cargos

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El exfiscal técnico judicial Diego Soto, denunció penalmente al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, y a personal del Ministerio Público por presuntos nombramientos irregulares o “a dedo”. La acción, surgida en marzo de 2026, cuestiona los procesos internos de designación y provocó que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación de oficio contra el jerarca

La denuncia penal fue presentada la mañana de este lunes ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del I Circuito Judicial de San José, donde se señala a 17 funcionarios judiciales de cometer múltiples delitos contra la función pública, incluyendo falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y prevaricato.

El documento, recibido oficialmente por la Fiscalía el 04 de mayo de 2026 bajo el folio 115, detalla una calificación legal individual para cada uno de los denunciados, destacando una supuesta manipulación sistemática de documentos judiciales y actuaciones ilegales en diversos procesos.

Los señalamientos principales

De acuerdo con la denuncia, los funcionarios habrían incurrido en las siguientes conductas:

Carlo Israel Díaz Sánchez y Carlos Alberto Castro Sojo son acusados de 10 delitos de falsedad ideológica, 10 delitos de uso de documento falso y un delito de fraude procesal cada uno, según los artículos 367, 372 y 338 del Código Penal.

María José Solano Acuña enfrenta el mayor número de imputaciones: 47 delitos de allanamientos ilegales, 7 de prevaricato, 7 de abuso de autoridad y un delito de fraude procesal.

José Pablo Jiménez Trejos es señalado por un delito de allanamiento ilegal (artículo 205) y uno de abuso de autoridad (artículo 338).

Karen Susana Barquero Fernández aparece acusada de abuso de autoridad y prevaricato.

Otros funcionarios como Melissa Bogantes Segura, Heidi Gerardina Ulate Torres, Rafael Corea Chacón, William Serrano Baby, Isaac Adriano Mora Espinoza, Aaron Josué Arias Solís y Carlos David Monge Baltodano son mencionados con diversos grados de prevaricato, abuso de autoridad y fraude procesal.

En tanto, Ana Ruth Ortega Chavarría es acusada de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes (artículo 339).

Un grupo de funcionarios, entre ellos Sharon Rodríguez Segura, David Corrales Mora, Rodolfo de los Ángeles Brenes Sandí y Silvia Jiménez Valverde, son señalados por falsedad ideológica, uso de documento falso y fraude procesal.

Contexto de la denuncia

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Probidad, que es la instancia especializada del Ministerio Público costarricense encargada de investigar delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente aquellos vinculados a la corrupción, el abuso de poder y la violación de deberes públicos.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no se había pronunciado oficialmente sobre el contenido de la denuncia ni sobre si abrirá una investigación formal. El documento ingresó con el sello de “Recibido” bajo el número de trámite 14.07, a cargo del oficial Oscar Arce C.

Reacciones

Especialistas en derecho penal consultados por La Voz de Goicoechea señalaron que, de comprobarse los hechos, las penas por delitos como prevaricato (artículo 357) o falsedad ideológica (artículo 367) podrían alcanzar varios años de prisión, además de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Hasta el momento, ninguno de los funcionarios denunciados ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Lo que viene

Corresponderá ahora a la Fiscalía Adjunta de Probidad realizar una revisión preliminar de los hechos denunciados para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. De ser así, se notificará a los imputados y se iniciará una etapa de recolección de pruebas.

La Voz de Goicoechea dará seguimiento a este caso, que sacude el ámbito judicial del país por la cantidad de funcionarios señalados y la gravedad de los ilícitos que se les atribuyen.

Nacional

La Excusa de los Suplentes no Puede Vaciar la Justicia Constitucional

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En Costa Rica, la justicia constitucional no es un lujo: es el último resguardo de la ciudadanía frente a la arbitrariedad, la omisión y el abuso del poder. Por eso, cuando ese resguardo empieza a mostrar fisuras, la preocupación deja de ser jurídica para convertirse en un asunto profundamente democrático.

Hoy asistimos, con inquietud creciente, a un deterioro evidente en el funcionamiento de la Sala Constitucional. Lo que durante años fue motivo de orgullo —una jurisdicción firme, garantista y accesible— parece ceder ante una peligrosa lógica de resignación. La explicación oficial, repetida casi como un mantra, resulta tan simple como alarmante: no hay magistrados suplentes. Y bajo ese argumento, se rechazan recursos de amparo que no son triviales, sino que tocan el núcleo mismo de los derechos fundamentales.

El reciente voto No. 2026-4074 ilustra con claridad esta deriva. Un vecino de Goicoechea acudió a la Sala para exigir la construcción de una acera en un tramo de alto riesgo, transitado por niños, adultos mayores y personas con discapacidad. No pedía privilegios ni obras faraónicas. Pedía lo mínimo indispensable para resguardar la vida. La respuesta fue un rechazo de plano, amparado en una limitación administrativa.

Pero la justicia constitucional no puede operar bajo la lógica de la escasez burocrática cuando están en juego derechos esenciales. Rechazar un caso así no es una decisión neutra: es, en los hechos, una renuncia a la función más básica del constitucionalismo. La propia Sala ha sostenido, en precedentes como el voto 5051-2007, que el Estado tiene una obligación positiva e inmediata de proteger la vida y la integridad física. La seguridad peatonal no es un accesorio: es parte de ese mandato.

Aceptar que la falta de suplentes justifique la inacción equivale a normalizar la omisión. Y esa normalización es peligrosa. Porque si la Sala relativiza riesgos concretos —como obligar a peatones a caminar por la calzada—, entonces el derecho a la vida consagrado en el artículo 21 de la Constitución deja de ser una garantía efectiva para convertirse en una declaración retórica.

Más aún, decisiones como esta tienen efectos desiguales. La ausencia de infraestructura accesible golpea con mayor fuerza a quienes ya enfrentan barreras: personas con discapacidad, adultos mayores, niños. No intervenir ante esa realidad perpetúa una exclusión silenciosa del espacio público. No es imparcialidad; es una forma de complicidad por omisión.

También se envía un mensaje equivocado a las autoridades locales: que el incumplimiento de deberes básicos puede quedar sin consecuencias constitucionales reales. Así se debilita el control sobre la administración pública, se incentiva la inercia y se erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

El principio de progresividad de los derechos fundamentales exige avanzar, no retroceder. Una acera no es un favor de la administración; es una expresión concreta de la dignidad humana. Permitir que su ausencia se justifique por limitaciones internas del tribunal es, en la práctica, vaciar de contenido la justicia constitucional.

Si la Sala enfrenta carencias estructurales, corresponde decirlo con claridad y exigir soluciones. Lo que no resulta aceptable es trasladar ese déficit a los ciudadanos mediante resoluciones que eluden el fondo de los problemas. La justicia constitucional no puede administrarse a la baja.

La Voz de Goicoechea lo afirma sin ambigüedades: no hay espacio para una justicia de segunda categoría. La falta de suplentes no puede convertirse en coartada para desproteger derechos fundamentales. Cuando lo que está en juego es la vida, la accesibilidad y la igualdad, no caben excusas.

La Constitución no puede esperar. Y la ciudadanía, mucho menos.

Política de privacidad - - Diseñado por PARWEBCR