Peñas Blancas estrena escáneres móviles donados por EE. UU. para reforzar la seguridad fronteriza

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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Este miércoles fueron inaugurados en la frontera norte de Peñas Blancas, en el cantón de La Cruz, dos modernos escáneres móviles donados por el Gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en uno de los principales puntos de ingreso al país.

La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves; la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand; y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quienes destacaron la importancia de esta cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.

Los nuevos equipos, valorados en más de 2,5 millones de dólares, permitirán detectar narcóticos, dinero, armas, explosivos y otros ilícitos ocultos en cargas y vehículos. Su tecnología de rayos X de baja energía facilita inspecciones rápidas, seguras y eficientes, incluso en unidades en movimiento.

Uno de los escáneres operará en el Centro de Control Fronterizo de Peñas Blancas, mientras que el segundo será destinado a la frontera sur, en Paso Canoas. Cada sistema incluye además un escáner portátil que complementa las labores de revisión en campo.

Estas herramientas forman parte de la estrategia gubernamental denominada “Operación Soberanía”, orientada a modernizar la vigilancia en fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y a cerrar el paso a redes de narcotráfico y crimen transnacional.

Las autoridades informaron que ya existen equipos similares en funcionamiento en Puerto Caldera y en la terminal portuaria Gastón Kogan, en Limón. Asimismo, 20 oficiales de la Policía de Fronteras han recibido capacitación especializada para operar estos dispositivos.

Con esta incorporación, el Gobierno busca fortalecer las capacidades del país en la protección de sus rutas logísticas, en un contexto regional marcado por el incremento de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.

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Gobierno plantea condiciones para negociación del FEES 2027 enfocadas en resultados y equidad

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Gobierno de la República anunció una serie de condiciones clave para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, centradas no solo en el monto de los recursos, sino en el impacto que estos deben generar en el desarrollo del país.

Durante la primera sesión de discusión, las autoridades expusieron el contexto macroeconómico nacional, marcado por una inflación negativa y restricciones fiscales, lo que —según indicaron— obliga a maximizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la educación superior.

En este escenario, el Ejecutivo propuso una serie de lineamientos concretos para orientar la asignación del FEES. Entre ellos destacan el aumento de becas para estudiantes en condición de pobreza, una distribución más equitativa de los fondos entre universidades y la promoción de carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral, especialmente en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

Asimismo, el Gobierno planteó la necesidad de reducir los tiempos de graduación y fortalecer la inversión en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), con el fin de ampliar las oportunidades educativas en todo el territorio nacional.

Otro de los puntos señalados fue la exigencia de una rendición de cuentas más rigurosa por parte de las universidades públicas, particularmente en relación con los compromisos asumidos en el año 2025.

En la sesión también se abordaron temas estratégicos vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Entre estos, se incluyen aspectos relacionados con la Ley Marco de Empleo Público y el Sistema Nacional de Inversión Pública.

La próxima reunión para continuar con la negociación del FEES 2027 está programada para el 7 de abril en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), donde se espera que tanto el Gobierno como las universidades presenten sus propuestas formales.

Con este planteamiento inicial, el Ejecutivo busca orientar la discusión hacia resultados medibles en equidad, acceso y pertinencia de la educación superior, en un contexto económico que exige mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Nacional

Cuatro años de campaña, ahora toca gobernar

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Marco Betancourt Quesada, Columnista).- Lo ocurrido el pasado primero de febrero refleja una de esas imperfecciones de la democracia: cuando la polarización de un país lleva nuevamente a un resultado de un voto de censura de una parte de la sociedad contra los partidos y políticos tradicionales. Aunque el abstencionismo se redujo al 31%, la participación ciudadana efectiva apenas alcanzó el 69%. Esto se traduce en que la presidente electa obtuvo el respaldo de aproximadamente un 31,9% del padrón electoral total.

El resultado de las elecciones de 2026, marca un punto de inflexión en la política costarricense. Tras cuatro años de la gestión encabezada por Rodrigo Chaves, esta se ha caracterizado por la constante justificación de sus deficiencias en la administración pública culpando a gobiernos anteriores, la ciudadanía ha optado por dar continuidad al proyecto político del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Sin embargo, el reto ahora es distinto: ya no basta con señalar responsabilidades históricas, sino demostrar capacidad de gobernar y ofrecer resultados tangibles.

Los problemas estructurales del país en inseguridad y el narcotráfico se dispararon, con un doble aumento en los homicidios en comparación con periodos presidenciales previos. Las filas de espera en la Caja se convirtieron en símbolo de ineficiencia e ineficacia institucional; mientras que, el índice desempleo efectivo, maquillado por la informalidad y la falta de dinamismo económico, dejaron a amplios sectores en la incertidumbre.

En ese contexto, la victoria de la Sra. Fernández no puede interpretarse únicamente como un voto de confianza, sino también como un mandato de exigencia. La presidente electa cuenta ahora con una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, 31 diputados. Esto le otorga una ventaja significativa para aprobar leyes ordinarias y avanzar en su agenda política sin los supuestos bloqueos que enfrentó su antecesor. Este respaldo parlamentario elimina la excusa de la falta de gobernabilidad y coloca sobre sus hombros la responsabilidad directa de ejecutar cambios concretos.

El discurso de campaña de “continuidad del cambio”, debe transformarse en acciones de gobernanza concretas y verificables. Costa Rica no puede permitirse otros cuatro años de retórica política sin resultados. La ciudadanía espera mejoras en la seguridad, reducción de las listas de espera en salud, generación de empleo de calidad y una estrategia clara para recuperar la competitividad internacional. Asimismo, se requiere un plan que extienda la reactivación económica más allá de las zonas francas, integrando a las pequeñas y medianas empresas en un modelo de desarrollo inclusivo.

Laura Fernández y su futura gestión, cuentan ahora con las condiciones políticas necesarias para gobernar con eficacia. La mayoría en la Asamblea Legislativa elimina obstáculos y abre la puerta a la acción. Costa Rica urge de resultados, y la nueva administración tiene la palabra: Es hora de trabajar y demostrar que el cambio prometido puede convertirse en realidad para bien de Costa Rica.

Nacional

Ocho de cada diez mujeres comunicadoras en Costa Rica han sufrido violencia laboral, revela estudio

Una investigación del CICOM, la UCR y el COLPER expone la magnitud de la violencia digital, simbólica y laboral que enfrentan las profesionales de la comunicación en el país

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El 80 % de las mujeres comunicadoras en Costa Rica ha experimentado algún tipo de violencia en el ejercicio de su profesión, según revela el estudio “Violencia digital contra mujeres en el ejercicio profesional de la comunicación” (2026), elaborado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER).

La investigación —basada en un cuestionario en línea aplicado a 214 profesionales en febrero de 2026— documenta que las agresiones se manifiestan tanto en espacios laborales como digitales. Estas incluyen discursos de odio, acoso, campañas de desinformación y distintas formas de violencia simbólica, psicológica, institucional, sexual y económica.

De acuerdo con los resultados, la violencia ocurre con diferentes niveles de frecuencia: un 61 % de las comunicadoras la enfrenta de manera ocasional, un 16 % de forma frecuente y un 10 % de manera permanente.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que las agresiones provienen mayoritariamente de figuras de autoridad dentro de las propias organizaciones, lo que agrava su impacto. Estas situaciones se presentan en oficinas, reuniones de trabajo y entornos digitales vinculados al ejercicio profesional.

Las consecuencias no son menores. El informe señala que la violencia genera afectaciones emocionales o psicológicas en el 28 % de los casos, deterioro del clima laboral en un 20 % y, en un 18 %, provoca autocensura o cambios en las prácticas periodísticas, un dato que las investigadoras consideran especialmente preocupante para el ejercicio de la profesión.

Yanancy Noguera, presidenta de la Junta Directiva del COLPER, subrayó que estos resultados evidencian una problemática estructural: “La violencia de género se experimenta a todo nivel en Costa Rica y el mundo. Este sondeo define una ruta de trabajo para apoyar a las colegiadas”.

Por su parte, la investigadora de la ECCC, Yanet Martínez Toledo, explicó que las comunicadoras enfrentan estas agresiones tanto en espacios institucionales como en entornos digitales, donde la exposición se intensifica.

El estudio también advierte que el uso de perfiles personales en redes sociales con fines laborales difumina la frontera entre lo privado y lo profesional, aumentando la vulnerabilidad frente a ataques. En estos espacios, los comentarios ofensivos suelen centrarse en la ética profesional, la apariencia física o la edad, y provienen en su mayoría de usuarios anónimos.

A pesar de que muchas profesionales adoptan medidas de seguridad digital, la investigación evidencia una limitada respuesta institucional: solo un 32 % de las afectadas denunció los hechos, y la mayoría considera que las acciones tomadas fueron insuficientes o inexistentes.

Ante este panorama, el COLPER ha impulsado iniciativas de sensibilización y acompañamiento, incluyendo campañas con mujeres referentes del sector y su participación en actividades como la marcha del 8 de marzo.

El estudio no solo visibiliza la magnitud del problema, sino que también plantea la urgencia de fortalecer mecanismos de prevención, atención y sanción, así como de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Costa Rica.

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