Magistrados que se aumentan el salario y una justicia que tarda 16 años
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Daniel Madrigal Sojo, periodista y abogado).- En Costa Rica, cuando se trata de los ciudadanos, las reglas suelen ser claras: pagar impuestos, aceptar recortes, soportar reformas fiscales y entender que “no hay dinero”. Pero cuando se trata de algunos de los más altos jerarcas del Estado, la historia parece ser otra.
Hace más de una década, magistrados del Poder Judicial aprobaron para sí mismos un aumento salarial mediante un plus denominado “Índice Gerencial”, que en algunos casos elevó sus ingresos hasta en un 98%. Sí, casi duplicaron su salario.
No fue producto de una negociación laboral común ni de una reforma general del empleo público. Fue un auto aumento aprobado por quienes ocupan algunos de los cargos más poderosos del país.
El incremento se aplicó en dos momentos: agosto de 2008 y noviembre de 2010. Desde entonces, esos recursos —provenientes del bolsillo de todos los costarricenses— han seguido llegando puntualmente a las cuentas de estos funcionarios.
Pero el problema no termina ahí
Durante 16 años, la Sala Constitucional ha mantenido pendiente un pronunciamiento sobre la legalidad de este beneficio. Dieciséis años en los que el país ha vivido crisis fiscales, reformas tributarias y llamados constantes a la austeridad.
Mientras tanto, quienes deben ser ejemplo de probidad y prudencia en el manejo de los recursos públicos continúan recibiendo estos incrementos millonarios.
En su momento, la Contraloría General de la República optó por guardar silencio, argumentando que pronunciarse podría interpretarse como una intromisión en la independencia de poderes. Sin embargo, ese silencio tuvo consecuencias muy concretas: permitió que el beneficio se mantuviera intacto durante más de una década.
El resultado es un mensaje profundamente dañino para la confianza pública: cuando las decisiones favorecen a quienes están en la cima del poder, la justicia parece avanzar con una lentitud inexplicable.
Costa Rica ha defendido históricamente la independencia del Poder Judicial como uno de los pilares de su democracia. Pero independencia no puede convertirse en impunidad institucional ni en un escudo para justificar privilegios financiados con dinero público.
El país enfrenta enormes desafíos económicos, desigualdad creciente y un profundo desgaste en la confianza hacia las instituciones. Casos como este solo alimentan la percepción de que existen dos Costa Ricas: una donde se exige sacrificio a la ciudadanía, y otra donde algunos jerarcas parecen tener la capacidad de aprobar beneficios para sí mismos sin consecuencias.
Después de 16 años de espera, la pregunta ya no es solo jurídica.
Es moral.
¿Puede un sistema judicial exigir respeto y credibilidad cuando quienes lo encabezan se aprueban aumentos salariales cercanos al 100% y el país debe esperar más de una década para saber si eso fue legal?
Costa Rica merece una respuesta.
Y la merece ahora.
