Sala IV ordena a la CCSS entregar documentos clave del “Caso Barrenador”
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El alto tribunal determinó que no existe impedimento legal para negar la información solicitada y ordenó remitir los hechos a la autoridad competente por una eventual falta al deber de acceso a la información pública.
La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregar los archivos de respaldo utilizados para sustentar el denominado Estudio de Razonabilidad de Precios, elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la institución, documento que sirvió de base para calificar como “excesivos” los precios cuestionados en el llamado Caso Barrenador.
La resolución responde a un recurso de amparo presentado por la expresidenta ejecutiva de la CCSS y hoy diputada electa Marta Esquivel Rodríguez, quien desde octubre de 2025 solicitó acceso a dicha documentación al considerar que es indispensable para demostrar que el caso se construyó sobre supuestos erróneos y premisas falsas.
En su momento, el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado Chacón, negó la entrega de la información argumentando que actuaba bajo instrucciones de la Dirección Jurídica de la institución y que los datos no podían ser facilitados debido a la existencia de un proceso penal en curso relacionado con el tema.
Sin embargo, en la resolución del expediente 26-000167-0007-CO, la Sala IV concluyó que la información solicitada no estaba formalmente sujeta a un régimen de confidencialidad debidamente declarado, ni existía una prohibición constitucional o legal que justificara su negativa. Por ello, ordenó a la CCSS suministrar los documentos requeridos.
Además, el alto tribunal dispuso que los hechos denunciados por Esquivel Rodríguez sean puestos en conocimiento de la autoridad competente, con el fin de valorar la eventual apertura de un procedimiento disciplinario contra el gerente financiero por una posible infracción a los deberes funcionales vinculados con el acceso a la información pública
Antecedentes similares
Una situación similar fue denunciada previamente por cooperativas de salud, que solicitaron a la Contraloría General de la República investigar a los funcionarios responsables de una Nota Técnica que validó el estudio del Área de Costos de la CCSS. Según las cooperativas, dicho documento contendría irregularidades graves y conclusiones técnicas erróneas.
No obstante, mediante la resolución R-DC-00080-2025, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, negó el acceso a la información requerida, al señalar que esta formaba parte de un proceso penal en curso, lo que —a su criterio— impedía realizar la investigación solicitada.
Esta negativa llevó a las cooperativas a interponer demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa tanto contra la jerarca de la Contraloría como contra los autores de la Nota Técnica cuestionada.
Cuestionamientos sin respuesta
Hasta la fecha, ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni el Ministerio Público, ni la Contraloría General de la República han presentado una explicación técnica y documentada que sustente los supuestos sobreprecios señalados en el Caso Barrenador.
Para Marta Esquivel Rodríguez, el proceso responde a una persecución de carácter político que, además, pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud que brindan las cooperativas a cerca de medio millón de personas en distintas regiones del país.
