América Latina y el Caribe: una región marcada por la impunidad en los asesinatos de periodistas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Federación Internacional de Periodistas advierte que la violencia contra la prensa sigue siendo una amenaza estructural en la región y exige a los Estados acciones urgentes para frenar la impunidad.
América Latina y el Caribe continúan figurando entre las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. Así lo confirma el listado final 2025 de periodistas y trabajadores de medios asesinados, presentado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que documenta al menos 11 comunicadores asesinados durante el último año en la región.
A esta cifra se suman ocho casos adicionales registrados en 2025 que aún se encuentran bajo investigación o sin elementos concluyentes que permitan establecer una relación directa entre los crímenes y la labor periodística de las víctimas. Para la FIP, esta falta de esclarecimiento es en sí misma una señal de alarma y vuelve a evidenciar un patrón persistente de impunidad.
Según el relevamiento regional, México concentra el mayor número de casos, con tres asesinatos confirmados y cinco más en proceso de investigación. Le siguen Perú, con cuatro crímenes, Ecuador, con un caso confirmado y dos pendientes, Guatemala, con dos casos aún sin confirmar, y Colombia y Honduras, con un asesinato cada uno.
La mayoría de las víctimas trabajaba en medios locales, comunitarios o digitales, y estaba involucrada en investigaciones relacionadas con corrupción, crimen organizado, violencia política y abusos de poder a nivel local o regional. En numerosos casos, los periodistas habían recibido amenazas previas o se encontraban en situaciones de riesgo conocidas, sin que existieran mecanismos de protección eficaces por parte del Estado.
El informe destaca de manera particular la situación de Perú, un país que no había registrado asesinatos de trabajadores de prensa durante casi una década. Sin embargo, en los últimos 12 meses se produjeron cuatro crímenes que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú vincula directamente con el ejercicio profesional de las víctimas. A esto se suma un aumento de amenazas y atentados, lo que configura un escenario preocupante para la libertad de prensa en ese país.
Para la FIP, la ausencia de investigaciones exhaustivas y de confirmaciones oficiales sobre la relación entre los asesinatos y el trabajo periodístico refleja debilidades estructurales, como la lentitud judicial y la falta de voluntad política para sancionar a los responsables. “La impunidad sigue siendo el principal factor que permite la repetición de la violencia”, advierte la organización.
Además de los asesinatos, durante el último año se registraron atentados y agresiones que, aunque no dejaron víctimas fatales, buscan intimidar y disciplinar a la prensa, generando autocensura. También se documentaron ataques a periodistas durante coberturas de protestas sociales. Uno de los casos más graves ocurrió en Argentina, donde un fotorreportero resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por fuerzas de seguridad.
Otro fenómeno en crecimiento es la judicialización del periodismo, una práctica que no solo afecta a quienes enfrentan procesos legales, sino que también genera un efecto disuasivo en el resto de los trabajadores de prensa, que optan por callar para evitar represalias.
La Federación Internacional de Periodistas recuerda que cada periodista asesinado representa no solo una vida perdida, sino también un ataque directo al derecho de las sociedades a estar informadas. En contextos donde la prensa local cumple un rol clave en la fiscalización del poder, la violencia contra periodistas se convierte en una forma extrema de censura.
Ante este panorama, la FIP exige a los Estados de América Latina y el Caribe que investiguen de manera pronta, exhaustiva e independiente todos los asesinatos de periodistas, incluidos aquellos aún pendientes de confirmación; que prioricen la labor periodística como línea central de investigación; y que implementen políticas integrales de prevención, protección y combate a la impunidad.
“Sin justicia, no hay garantías para el ejercicio del periodismo ni para la democracia”, concluye el informe.
