Ciudadano presenta recurso de amparo contra diputados y el TSE por levantamiento de inmunidad presidencial
LA VOZ DE GOICOECHEA (por Gabriela Umaña, periodista).- Un ciudadano costarricense presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a raíz del proceso que culminó con el proceso del levantamiento de la inmunidad al presidente de la República.
El recurso fue interpuesto por Milton Madriz Cedeño, profesional con más de 30 años de experiencia en la Asamblea Legislativa, quien cuestiona directamente a los diputados que votaron afirmativamente dicho levantamiento, así como al TSE, al que señala como promotor de un trámite que considera inconstitucional.
Según el comunicado divulgado este 1.º de enero, el amparo —tramitado bajo el expediente 26-000010-0007-CO— sostiene que el procedimiento seguido por los legisladores violó el principio de separación de poderes, al asumir competencias que, de acuerdo con la Constitución, no les corresponden.
Señalan extralimitación de funciones
El fundamento central del recurso indica que la supuesta “beligerancia política” atribuida al mandatario no constituye un delito penal, sino una falta administrativa-electoral, cuya competencia corresponde exclusiva y excluyentemente al Tribunal Supremo de Elecciones, conforme al artículo 102 inciso 5 de la Constitución Política.
Asimismo, se argumenta que el artículo 121 inciso 9 únicamente faculta a la Asamblea Legislativa a tramitar la llamada “formación de causa” cuando existe una acusación penal presentada por el Ministerio Público y un eventual juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia, condiciones que —según el recurrente— no se cumplían en este caso.
Lo que se solicita a la Sala Constitucional
Entre las peticiones planteadas a la Sala IV destacan:
Declarar la nulidad absoluta del procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa.
Establecer un precedente vinculante sobre los límites constitucionales para la “formación de causa”.
Declarar que el TSE excedió sus competencias constitucionales.
Remitir el caso al Ministerio Público para que investigue posibles delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones y prevaricato.
Advertencia sobre “lawfare”
El recurso también advierte sobre el riesgo de institucionalizar el “lawfare”, entendido como el uso de mecanismos legales con fines de persecución política. Para sustentar esta posición, se cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe restringir los derechos políticos de funcionarios electos mediante procedimientos administrativos o legislativos que no equivalgan a una condena penal firme.
“Esta acción no defiende a un gobierno ni a un partido político. Defiende el principio de separación de poderes. Si permitimos que un poder del Estado invada las competencias de otro, estaríamos normalizando el uso del derecho como herramienta de persecución política”, afirmó Madriz Cedeño.
Antecedentes y llamado a un pronunciamiento de fondo
El documento señala además que la Sala Constitucional habría rechazado previamente dos recursos relacionados, alegando que el acto no estaba “consumado”, pese a existir —según el recurrente— un precedente reciente donde sí se entró a conocer el fondo de un caso análogo.
Ahora, el nuevo amparo busca que el alto tribunal se pronuncie de manera sustantiva, dada la trascendencia institucional y democrática del caso.
