LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Aníbal Porras).- Una grave situación de salud pública ha motivado al regidor Luis Carlos Barquero Araya, de la Coalición Cambio Ciudadano (CCC), a presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por la proliferación de basureros a cielo abierto en los distritos de Ipis y Purral.
La denuncia, realizada el pasado 20 de noviembre, pone en evidencia las cuantiosas acumulaciones de desechos en vías y áreas públicas que, según el regidor Barquero, representan un riesgo inminente para las comunidades.
Riesgo sanitario y falta de soluciones
La misiva dirigida a la Dirección Rectora de Salud de Goicoechea, y respaldada por la Coalición Cambio Ciudadano, es clara: se solicita una “intervención” inmediata y “soluciones concretas” por parte de las autoridades de salud y el municipio.
El regidor Barquero subraya en su escrito que la presencia constante de desechos en las calles no solo genera un problema de salubridad, sino que también propicia el aumento de plagas como ratas, cucarachas y mosquitos, vectores de enfermedades como el Dengue y otras infecciones.
“Exigimos a las autoridades de salud y al municipio soluciones concretas para proteger a nuestras familias y cuidar nuestras comunidades,” se lee en el llamado público de la Coalición Cambio Ciudadano, enfatizando la urgencia de la medida.
Llamado a la acción
La Coalición Cambio Ciudadano y el regidor Barquero hacen un llamado a la población para apoyar esta gestión y exigir a las entidades responsables la toma de medidas inmediatas que pongan fin a la crisis de recolección y disposición de la basura que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de Ipis y Purral.
El Ministerio de Salud deberá ahora evaluar la gravedad de la situación y determinar las acciones correctivas y preventivas necesarias para sanear las áreas afectadas y garantizar el bienestar de los ciudadanos.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Un grupo de ciudadanos presentó ante el Concejo Municipal de Goicoechea una solicitud formal para que se inicie el procedimiento que permita convocar un plebiscito revocatorio del mandato del alcalde Fernando Chavarría Quirós.
La gestión fue presentada por el vecino Jostin Madriz Miranda, junto con otros ciudadanos, y se fundamenta en el artículo 19 del Código Municipal y en el Reglamento para la Realización de Consultas Populares del cantón.
Los promoventes aclaran que la solicitud no pretende que el Concejo Municipal destituya directamente al alcalde, sino que active el mecanismo legal para que sea la ciudadanía, mediante una consulta popular, la que decida si el jerarca debe continuar o no en el cargo.
Argumentos expuestos
En el documento entregado al Concejo Municipal se plantean siete razones que, según los solicitantes, justifican la convocatoria del plebiscito.
Entre ellas señalan un supuesto deterioro en la gestión municipal, reflejado en problemas relacionados con la recolección de residuos, el mantenimiento de zonas verdes, espacios públicos, aceras e infraestructura.
Asimismo, cuestionan la existencia de proyectos que permanecen inconclusos, pese a haber sido iniciados o financiados en administraciones anteriores, situación que consideran que representa un uso ineficiente de los recursos públicos.
También afirman que existe una falta de planificación en la administración, indicando que muchas acciones se ejecutan únicamente cuando las situaciones se convierten en crisis, en lugar de prevenirlas mediante una adecuada programación.
El documento además menciona inquietudes sobre nombramientos, contrataciones y despidos de personal municipal, los cuales, según los firmantes, deben responder exclusivamente a criterios técnicos y al interés público.
Otro de los aspectos señalados corresponde a la presunta participación del padre del alcalde en reuniones con funcionarios municipales y en asuntos institucionales, situación que consideran improcedente conforme a la normativa vigente.
Los ciudadanos también hacen referencia a hechos que interpretan como faltas de respeto hacia regidores y regidoras durante el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
Finalmente, sostienen que la acumulación de estos factores ha provocado una pérdida de confianza de parte de la ciudadanía en la actual administración municipal.
Lo que deberá resolver el Concejo
La solicitud pide que el documento sea incorporado al acta de la sesión correspondiente, distribuido entre todas las fracciones políticas representadas en el Concejo Municipal y que, al menos, tres regidores propietarios presenten la moción para que sea discutida y sometida a votación nominal.
En caso de que el Concejo apruebe la convocatoria del plebiscito, corresponderá definir la fecha de la consulta, el presupuesto para su organización, la pregunta que se someterá a votación de los electores y la integración de la comisión encargada del proceso, con el acompañamiento y supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los promoventes enfatizan que la iniciativa no constituye un ataque personal contra el alcalde ni un desconocimiento del resultado electoral, sino el ejercicio de un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la legislación costarricense.
“La democracia no termina el día de las elecciones; las autoridades deben rendir cuentas durante todo su mandato”, concluye el documento presentado ante el órgano municipal.
Ahora corresponderá al Concejo Municipal analizar la admisibilidad de la gestión y determinar, conforme al marco legal vigente, si procede iniciar el trámite para la eventual convocatoria del plebiscito revocatorio.
La Voz de Goicoechea solicitó la opinión de la presidenta municipal sobre este tema; al cierre de esta edición no se había recibido su respuesta.
Sin embargo, este medio mantiene abierta la posibilidad de incorporar la versión institucional en cuanto sea remitida por la presidencia municipal, en apego a los principios de equilibrio informativo, transparencia y derecho de respuesta.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El funcionamiento del Concejo Municipal de Goicoechea representa un gasto superior a los ₡19 millones mensuales, de acuerdo con estimaciones elaboradas por La Voz de Goicoechea a partir del presupuesto municipal de 2026. El monto contempla el pago de dietas a los regidores propietarios, salarios de ocho asesores políticos, personal administrativo de apoyo, gastos operativos y un contrato de asesoría jurídica externa.
Las cifras han reavivado la discusión sobre la eficiencia de la estructura de apoyo con que opera el órgano deliberativo, particularmente por la coexistencia de asesores políticos y un bufete jurídico contratado para brindar asesoría legal al Concejo, mientras el cantón enfrenta necesidades de inversión en infraestructura, mantenimiento vial, seguridad y otros servicios públicos.
Cada sesión representa un gasto cercano a los ₡3,2 millones
El Concejo Municipal realiza mensualmente cuatro sesiones ordinarias y hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas.
Con base en los costos asociados a dietas, asesorías, personal de apoyo y operación administrativa, cada sesión representa un gasto aproximado de ₡3,2 millones, para un costo mensual cercano a los ₡19,2 millones.
Solo por concepto de dietas, cada regidor propietario recibe ₡164.712,56 por sesión. Si asiste al máximo permitido de seis sesiones al mes, puede percibir hasta ₡988.275 mensuales.
Con nueve regidores propietarios, el pago de dietas alcanza aproximadamente ₡8,9 millones por mes, sin considerar las remuneraciones correspondientes a regidores suplentes y síndicos que también participan en las sesiones.
Ocho asesores y un contrato de asesoría jurídica externa
Además de las dietas, el Concejo cuenta con una estructura integrada por ocho asesores políticos: uno asignado a cada fracción política representada en el órgano, además de asesores para la Presidencia y la Vicepresidencia del Concejo.
Paralelamente, la Municipalidad mantiene vigente un contrato con un bufete de abogados externo por un monto de ₡45 millones anuales, destinado a brindar asesoría jurídica en la elaboración de mociones, dictámenes, proyectos de acuerdo y otros criterios legales requeridos por el órgano deliberativo.
La existencia simultánea de ambas estructuras ha generado cuestionamientos sobre un posible traslape de funciones en determinadas materias de asesoría.
Para Randall Mora, contador público consultado por La Voz de Goicoechea, resulta conveniente revisar el modelo desde la perspectiva del uso eficiente de los recursos públicos.
“Estamos pagando dos veces por servicios muy similares: uno emite el criterio jurídico institucional y otro vuelve a analizar los mismos expedientes. Con ocho asesores activos, el gasto aumenta sin que necesariamente exista una mejora proporcional en la calidad de las decisiones o en los resultados para la ciudadanía”, señaló.
Un debate sobre el alcance de las asesorías
El reglamento del Concejo Municipal permite que cada fracción política disponga de un asesor para apoyar la elaboración de propuestas, el análisis técnico y la preparación de intervenciones desde la perspectiva de cada agrupación política.
Por su parte, el contrato suscrito con el bufete jurídico contempla la emisión de criterios legales, revisión de reglamentos y asesoría jurídica para el Concejo Municipal.
Aunque ambas figuras cumplen funciones distintas en su naturaleza, especialistas consultados consideran pertinente revisar el alcance de cada servicio para evitar posibles duplicidades y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
Especialistas plantean alternativas para reducir costos
Los expertos consultados por este medio consideran que existen medidas que podrían disminuir el gasto sin afectar la función deliberativa y fiscalizadora del Concejo Municipal.
Entre las recomendaciones destacan:
Reducir el número de asesores y distribuirlos por áreas técnicas, como originalmente se aprobó, en lugar de asignarlos por fracción política.
Delimitar con mayor claridad las funciones del bufete externo y de los asesores políticos.
Exigir informes mensuales de labores a cada asesor contratado.
Publicar de manera permanente los pagos efectuados y los productos entregados por cada contratación profesional.
Asimismo, plantean fortalecer el Departamento Jurídico de la Municipalidad para que asuma parte de las funciones actualmente contratadas de forma externa, con el objetivo de disminuir el gasto anual por asesoría legal.
Otra de las propuestas consiste en valorar la realización de sesiones híbridas o virtuales cuando la normativa lo permita, a fin de reducir costos operativos relacionados con logística, seguridad y viáticos.
La discusión trasciende la cantidad de asesores
Para el doctor Gabriel Ulate Céspedes, del Centro de Estudios Municipales de la Fundación para el Desarrollo Internacional (DSE), el análisis no debe limitarse únicamente al número de asesores contratados.
“La función fiscalizadora no se mide por la cantidad de asesores, sino por la calidad técnica y la independencia de sus criterios. En Goicoechea, el costo por sesión es elevado y la coexistencia de asesorías legales merece una revisión desde la perspectiva de la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.”
El especialista considera que cualquier eventual ajuste debe procurar mantener la capacidad técnica del Concejo sin generar gastos que puedan resultar innecesarios.
Municipalidad aún no responde consulta de este medio
Con el propósito de conocer la posición oficial sobre la estructura de asesorías del Concejo Municipal, el contrato con el bufete jurídico externo y el costo de funcionamiento del órgano deliberativo, La Voz de Goicoechea remitió una solicitud de información a la Oficina de Prensa de la Municipalidad de Goicoechea.
Al cierre de esta edición había transcurrido más de un mes desde el envío de la consulta sin que la Municipalidad remitiera una respuesta oficial, pese a las gestiones realizadas por este medio.
La Voz de Goicoechea mantiene abierta la posibilidad de incorporar la versión institucional en cuanto sea remitida por las autoridades municipales, en apego a los principios de equilibrio informativo, transparencia y derecho de respuesta.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó el sobreseimiento definitivo a favor del empresario Nabil Mouaffak, al concluir que no fue responsable del delito de apropiación y retención indebida en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La resolución judicial, emitida a las 5:20 p.m. del 24 de julio de 2017, puso fin a la causa penal tramitada bajo el expediente 17-000613-0175-PE, al determinar que el hecho investigado no fue cometido por el imputado.
Este medio obtuvo copia de la resolución luego de que, en los últimos días, circularon en redes sociales publicaciones de un hombre de apellidos Chavarría Zúñiga, quien atribuye a Mouaffak la comisión de ese delito.
La investigación se originó tras una denuncia de la CCSS, que señalaba que, en calidad de representante de una empresa, Mouaffak habría retenido cuotas obrero-patronales descontadas a los trabajadores durante los meses de febrero, marzo, abril y junio de 2016, sin trasladarlas a la institución.
No obstante, durante el proceso judicial se acreditó, mediante un contrato de compraventa, certificaciones notariales, actas de asamblea y escrituras públicas, que el 14 de enero de 2016, antes de los hechos investigados, Mouaffak había vendido la totalidad de la sociedad a un tercero, dejando de ser representante legal, gerente o responsable de la empresa.
En la resolución, la jueza Natalia Vega Soto explicó que la responsabilidad penal es personalísima y que el delito atribuido exige que la persona tenga la custodia o el control de los fondos y la voluntad de no entregarlos a la institución.
La autoridad judicial concluyó que, para el momento en que se produjeron las presuntas omisiones, Mouaffak ya no mantenía ninguna relación con la empresa ni tenía control sobre su administración, por lo que carecía de poder de decisión sobre el pago de las cuotas obrero-patronales.
Con base en esos elementos, el despacho acogió los argumentos de la defensa y aplicó el artículo 311 del Código Procesal Penal, decretando el sobreseimiento definitivo, lo que extinguió por completo la acción penal contra Mouaffak. La resolución también dispuso que no hubiera condenatoria en costas.
El Ministerio Público y la representación legal de la CCSS fueron notificados de la decisión judicial.
Anuncia acciones legales
Tras la difusión de publicaciones en redes sociales relacionadas con este caso, Nabil Mouaffak informó que su equipo legal prepara denuncias penales y las querellas que considere pertinentes contra quienes, según afirma, han difundido información que considera difamatoria.
De acuerdo con lo indicado por Mouaffak, dichas acciones legales serían presentadas en los próximos días ante las autoridades judiciales competentes.
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