Hablemos de Ley y Vida: Proteger sin imponer: la voluntad de las personas con discapacidad merece respeto

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Licda. María del Milagro Alvarado B., comunicación y derecho).- Hay muchas formas de expresar amor, solidaridad y preocupación por quienes nos rodean especialmente cuando en nuestra vida tenemos personas con alguna discapacidad ya que existe una línea que no siempre resulta fácil y es aquella que separa el deseo legítimo de proteger de la imposición de decisiones que corresponden a la propia persona
Muchas familias asumen que una condición de discapacidad en la persona implica la imposibilidad de administrar bienes, tomar decisiones personales, expresar preferencias o determinar cómo desean vivir su vida y, a pesar de que estas actuaciones pueden surgir de una preocupación genuina, también pueden convertirse en formas de sobreprotección que terminan limitando y vulnerando derechos fundamentales.
Y es en este punto donde nos cuestionamos: ¿quién determina lo que es mejor para una persona con discapacidad?, ¿hasta dónde puede intervenir su familia?, ¿necesitar apoyo significa perder el derecho a decidir?, invitándonos a reflexionar sobre un principio esencial: la dignidad humana no depende de las capacidades físicas, intelectuales, mentales o sensoriales de una persona, y el derecho a decidir sobre la propia vida que merece respeto en condiciones de igualdad.
La discapacidad no elimina la capacidad jurídica
Durante muchos años, las personas con discapacidad se enfrentaron a modelos jurídicos y sociales que privilegiaban la sustitución de su voluntad y bajo estos esquemas, otras personas podían asumir decisiones importantes sobre su patrimonio, su vida cotidiana e incluso sus relaciones personales.
Con el reconocimiento internacional de los derechos humanos se ha impulsado un cambio fundamental: pasar del modelo mencionado a uno basado en la autonomía, la igualdad y los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin ser vulnerados.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente en su artículo 12, se reconoce que estas personas tienen personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, además, en el inciso 3 se deja abierta la puerta para que cuenten con un apoyo idóneo para que puedan ejercer íntegramente esa capacidad jurídica.
En Costa Rica, a través de la Ley N.º 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, se ampara este principio reconociendo la importancia de garantizar el ejercicio de sus derechos mediante mecanismos de apoyo y salvaguardias, sin que esto signifique que una discapacidad por sí sola no constituye una razón legítima para desconocer la voluntad de una persona o privarla del ejercicio de sus derechos.
Muy distinto es que requiera de asistencia para comprender documentos, comunicar adecuadamente sus deseos, realizar trámites y/o evaluar las consecuencias de una decisión, sin que ello implique que deba ser excluida del proceso de decidir. Necesitar ayuda no es sinónimo de carecer de voluntad, y recibir acompañamiento no significa renunciar a la autonomía.
De aquí nace la figura del garante para la igualdad jurídica, el cual debe acompañar, pero sin sustituir, ya que su finalidad es brindar apoyo para que una persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en condiciones de igualdad, cuando sus circunstancias particulares hagan necesaria una salvaguardia. Es imperativo no confundir esta figura con una autorización perpetua para controlar la vida de otra persona. Su intervención debe responder a necesidades concretas y siempre respetar la voluntad, las preferencias y los derechos de quien recibe el apoyo.
El numeral 11 de esta ley establece obligaciones específicas para el garante tales como: asistir en decisiones legales, financieras y patrimoniales de manera proporcional, evitando ocasionar presión o una influencia indebida, siempre respetando las capacidades y preferencias de la persona con discapacidad, y le prohíbe sustituir a la persona al brindar consentimiento informado.
En Costa Rica, la salvaguardia para la igualdad jurídica se tramita mediante un procedimiento judicial regulado por el Código Procesal de Familia cuya solicitud puede ser presentada por la propia persona con discapacidad o por otra persona legitimada conforme a la normativa. Sin embargo, solicitarla no significa que esta deba concederse automáticamente, ya que la autoridad judicial debe valorar las circunstancias particulares del caso, considerando elementos como los dictámenes médicos, la valoración de medicina legal, el informe de trabajo social y la entrevista directa con la persona con discapacidad para determinar si realmente la persona necesita de ese apoyo y, de ser así, establecer su alcance y proporcionalidad.
Un aspecto especialmente importante es que el juez debe valorar prioritariamente la preferencia de la propia persona con discapacidad respecto de quién desea que ejerza la salvaguardia, siendo que cuando excepcionalmente no pueda expresar esa preferencia, eventualmente podrían ser considerados los familiares una vez acreditada su idoneidad, demostrando con esto que el parentesco, por sí solo, no concede un derecho automático a administrar los asuntos de una persona con discapacidad.
Uno de los desafíos más delicados, en este aspecto, surge dentro del propio entorno familiar ya que, bajo el argumento de proteger a una persona con discapacidad, se le impide participar en decisiones sobre sus bienes, se restringen injustificadamente sus relaciones personales, se controla el uso de sus recursos económicos o se ejerce presión para que acepte decisiones contrarias a sus deseos, no debiendo normalizarse estas prácticas por el simple hecho de provenir de familiares o cuidadores.
La buena intención no convierte automáticamente una actuación en legítima. El respeto a la dignidad humana exige reconocer que las personas con discapacidad tienen opiniones, aspiraciones, sentimientos y proyectos de vida propios.
Desde el punto de vista jurídico, las actuaciones que impliquen violencia, coacción, aprovechamiento económico o vulneración de derechos pueden dar lugar a medidas de protección y otras consecuencias legales, según las circunstancias y la conducta cometida, siendo que dentro del Código Procesal de Familia se contemplan mecanismos de protección cautelar para personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad. Además, se reconocen expresamente los principios de autonomía, no discriminación y acceso efectivo a la justicia.
Cuidar no es sinónimo de controlar, acompañar no es imponer y proteger no es desconocer la dignidad de alguien. Como sociedad, debemos comprender que la autonomía no significa ausencia de apoyo, así como la necesidad de asistencia tampoco implica pérdida de derechos.
El papel de las familias es invaluable en el acompañamiento de las personas con discapacidad. Su presencia, compromiso y solidaridad pueden contribuir significativamente a su bienestar y calidad de vida, siempre que se construya desde el respeto y no desde la imposición. Por suerte, nuestra legislación reconoce mecanismos para brindar apoyo y protección, y a la vez impone límites para evitar abusos, conflictos de intereses e influencias indebidas.
En definitiva, la protección más valiosa no es aquella que decide por los demás, sino la que les permite vivir con dignidad, autonomía y respeto.
DWM Estudio Jurídico: Correo electrónico: mariadelmilagroalvaradob@gmail.com