OPINION: ¿De qué sirve proteger nuestro patrimonio histórico si no podemos admirarlo?

Published by Isaí Jara on

Las leyes no se promulgan por casualidad. Detrás de cada una existe una intención, un propósito y, sobre todo, un interés público que el legislador procura proteger

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nelson Salazar, exasesor legislativo y exregidor).- En el caso de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, ese propósito es claro: conservar, proteger y preservar aquellos inmuebles que, por su valor histórico, arquitectónico o cultural, constituyen parte fundamental de nuestra identidad nacional.

Para alcanzar ese objetivo, la legislación declara de interés público la investigación, conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico-arquitectónico.

No se trata simplemente de conservar edificaciones antiguas. Se trata de proteger testimonios materiales de nuestra historia, expresiones arquitectónicas de otras épocas y espacios que permiten comprender de dónde venimos y cómo se ha construido nuestra identidad como sociedad.

Una ley que protege nuestra memoria

Gracias a esta legislación, numerosos inmuebles han recibido la declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico. Entre ellos figuran el Templo de San Cristóbal Norte, la Ermita de Balsilla, la Antigua Estación del Ferrocarril de Atenas, la Casa Baltodano Agüero y el Castillo Azul, entre muchos otros.

En nuestro cantón de Goicoechea existen también varias edificaciones de extraordinario valor histórico y arquitectónico: la Casa del Dr. Ricardo Jiménez Núñez,entre tantas otras,  declarada patrimonio histórico-arquitectónico el 13 de febrero de 2000.

Construida en 1909 para el médico y su familia, esta residencia constituye un hermoso ejemplo de la arquitectura victoriana de principios del siglo XX.

Su importancia adquiere todavía mayor relevancia si consideramos que es una de las pocas edificaciones patrimoniales que sobreviven en nuestro cantón.

Por ello, su conservación no debería ser motivo únicamente de satisfacción, sino también de interés y orgullo para todos los goicoecheanos.

Una contradicción que merece explicaciones

Sin embargo, al observar fotografías de esta hermosa residencia y compararlas con lo que actualmente puede apreciarse desde la vía pública, surge una inquietud que considero necesario compartir.

¿Cuál fue, realmente, la intención del legislador al establecer mecanismos especiales de protección para estos inmuebles?

¿Preservarlos únicamente para evitar su deterioro o garantizar también que las generaciones presentes y futuras puedan conocerlos, admirarlos y valorar su significado histórico?

Personalmente, estoy convencido de que el espíritu de la legislación trasciende la simple conservación material de las edificaciones.

Y es precisamente desde esa perspectiva que surge una segunda interrogante:

¿Qué sentido tiene proteger una joya arquitectónica si un portón de varios metros de altura impide apreciar buena parte de su belleza desde el espacio público?

La pregunta no es menor

Porque una cosa es garantizar la conservación de un inmueble y otra, muy distinta, es que su valor histórico y arquitectónico pueda ser reconocido y apreciado por la ciudadanía.

Desde luego, la declaratoria patrimonial no elimina los derechos de propiedad ni significa que un inmueble deba permanecer abierto al público. Tampoco desconozco que puedan existir razones de seguridad, privacidad u otras circunstancias que expliquen la instalación de determinadas estructuras.

Pero esas consideraciones no deberían impedir una discusión legítima sobre cómo armonizar los derechos particulares con el interés público que justifica la protección de nuestro patrimonio.

El patrimonio también debe poder apreciarse

Aquí es donde considero que debemos detenernos a reflexionar.

Cuando el Estado reconoce oficialmente el valor histórico-arquitectónico de una edificación, está afirmando que ese inmueble posee una importancia que trasciende el interés exclusivo de sus propietarios.

Está reconociendo que existe un valor cultural digno de ser protegido en beneficio de la sociedad.

Por eso, aunque la conservación física constituye una obligación fundamental, cabe preguntarse si estamos haciendo lo suficiente para garantizar que ese patrimonio también pueda ser conocido, apreciado y valorado.

No pretendo afirmar que la existencia del portón mencionado constituya una infracción legal. Determinarlo requeriría conocer las condiciones particulares del inmueble y las autorizaciones correspondientes.

Mi cuestionamiento es otro, y tiene que ver con el propósito mismo de la protección patrimonial.

¿Estamos protegiendo nuestro patrimonio para que forme parte de la memoria viva de nuestras comunidades o simplemente para garantizar que las edificaciones continúen existiendo detrás de muros y portones?

La diferencia es importante.

Un inmueble puede encontrarse protegido jurídicamente y conservarse en buenas condiciones, pero si su presencia pasa inadvertida para quienes transitan frente a él, una parte de su potencial cultural y educativo queda limitada.

Y eso debería preocuparnos.

Una reflexión necesaria para Goicoechea

Nuestro cantón ha experimentado profundas transformaciones urbanas a lo largo de las décadas. Muchas edificaciones que alguna vez formaron parte de su paisaje tradicional han desaparecido para dar paso a nuevas construcciones.

Por eso, cada inmueble histórico que todavía permanece en pie representa una oportunidad invaluable para mantener vivo el vínculo entre nuestro pasado y nuestro presente.

La Casa del Dr. Ricardo Jiménez Núñez es parte de ese legado.

Su valor no reside únicamente en sus paredes, corredores, detalles ornamentales o características arquitectónicas. Reside también en lo que representa para la historia y la identidad de Goicoechea.

De ahí que considere oportuno plantear una reflexión a las autoridades competentes, a los propietarios de inmuebles patrimoniales y a la ciudadanía en general: ¿cómo podemos garantizar una protección que, además de conservar estas edificaciones, favorezca su apreciación y reconocimiento público?

No se trata de enfrentar el derecho de propiedad con el interés colectivo, sino de buscar un equilibrio razonable entre ambos.

Tampoco se trata de exigir que los inmuebles patrimoniales sean de libre acceso, sino de reconocer que su visibilidad y su relación con el entorno urbano también pueden contribuir a preservar nuestra memoria histórica.

Al final, la verdadera protección del patrimonio debería aspirar a algo más que impedir su destrucción.

Debería permitir que las nuevas generaciones puedan reconocer en esas edificaciones una parte de su propia historia.

Porque el patrimonio histórico no solo debe protegerse del deterioro y del olvido, sino también de la invisibilidad.

Y esa es, precisamente, la reflexión que considero necesaria.

Conservar nuestro patrimonio es un deber. Hacer posible que la sociedad lo conozca, lo admire y lo valore es también una responsabilidad colectiva.

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Algo más que palabras: sentirse humanos hoy; es un acto heroico

“El resultado de este endiosamiento de soberbia, donde nadie resguarda a nadie, corre el riesgo de deshumanizarnos por completo, reduciendo la existencia a un mero comercio de compraventa, lo que significa privarnos de decencia, dignidad o sensibilidad”

LA VOZ DE GOICOECEA (Por Víctor Corcoba Herrero, escritor).- En una época en la que empiezan a proliferar las actividades laborales a distancia, fuera de la oficina o de la sede de la empresa, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tenemos la obligación de permanecer profundamente bienhechores, custodiando con simpatía ese innato altruismo, generado a golpe de corazón y en diálogo con nuestros semejantes, que ninguna máquina podrá jamás sustituir. El avance benigno nace del abrazo extendido y compartido, de un talento con el consabido talante en guardia, dispuesto a escuchar y con una voluntad que busca y rebusca más lo que nos acerca que los nos distancia. Por tanto, fragüemos con sabiduría, ese espíritu donante de compañía, que es el que nos embellece como ciudadanos de bien.

Todos venimos a la vida sin nada, desnudos y necesitados. Somos desvalidos e indefensos por nacimiento; requerimos pan y atenciones, palabras y cariños. Que nosotros olvidemos nuestra indefensa historia, es de lo más feroz; pues, dejamos a un lado la misma nutrición del ser, la del espíritu y la del cuerpo. Ante esta dolorosa realidad de abandonos o de soledades impuestas, resulta cada vez más evidente la necesidad de una asistencia afectuosa en cada etapa de la vida. Justamente, hoy la labor de cuidados, sea remunerada o no, es fundamental para sentirnos custodiados. Hacer realidad los derechos humanos es primordial, tanto para los que ofrecen su capacidad de auxilio como para los que requieren atención y apoyo.

El resultado de este endiosamiento de soberbia, donde nadie resguarda a nadie, corre el riesgo de deshumanizarnos por completo, reduciendo la existencia a un mero comercio de compraventa, lo que significa privarnos de decencia, dignidad o sensibilidad. A estos tremendos desajustes hay que añadir el clima de violencia que habita por doquier, llegando a desplazar el diálogo. Lamentablemente, la consecuencia devastadora del odio, que incita a la intimidación y a la intransigencia, tampoco es nada nueva. Sin embargo, su magnitud e impacto se ven ahora amplificados por las nuevas tecnologías de la comunicación. De ahí, la importancia de cultivar la verdad, junto a la bondad, que será lo que nos fraternice.

Por consiguiente, la heroicidad de cada cultura alcanza su más alta cota de sapiencia, cuando rastrea la concordia y el bien de todos, dando testimonio del auténtico significado de nuestra corpulencia. Sea como fuere, no se puede entender situación alguna, elevando muros en los corazones. Pensemos en lo que nos armoniza, la vida personal y las conexiones, nuestra relación con los demás y con el medio ambiente. Cuidar estos pequeños detalles, sumando latidos y acrecentando renuevos de luz, sabiendo que nuestra naturaleza indulgente nos hace festejar lo que es bueno y bello, nos urde a ser generosos y a realizar actos memorables, como la amistad vertida hacia esas gentes indefensas que nos llaman con su mirada.

La cosecha de abatimientos, en nuestras biografías, es tan real como la vida misma. Lo trascendente es que podamos sonreír con alguien, para borrar de nuestro diario la desesperación. No hay más que una desdicha, la de no ser sublimes, pues no hay mayor gloria que revolverse al penitente verbo para ser verso. Realmente, son estos contextos ricos en compasión y apego, donde surgen también los gestos homéricos. Al fin y al cabo, todo se convence y se vence por amor. Lo prioritario, entonces, es sentirse humanitario en los esfuerzos desinteresados y heroicos, como esas gentes de servicio, entregadas a lenguajes cuidadores que son los que nos rehabilitan, con la fuerza de la esperanza y el entusiasmo necesario para poder afrontar la mundanidad sin barbarie alguna.

 

 

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Hablemos de Ley y Vida: pensión alimentaria; un derecho y un deber al mismo tiempo

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Licda. María del Milagro Alvarado B., comunicación y derecho).- Cuando escuchamos hablar de pensión alimentaria, inmediatamente lo relacionamos con el dinero; es decir; un monto que una persona tiene que entregar mensualmente a otra como parte de una responsabilidad familiar, una necesidad humana o para proteger un derecho. Lo cierto es que esta figura jurídica tiene un significado mucho más amplio, al constituirse como un mecanismo de protección que busca garantizar condiciones de vida dignas a quienes tienen derecho a recibir alimentos, sin desconocer las posibilidades económicas y los derechos de quienes están obligados a proporcionarlos siendo que detrás de cada solicitud de pensión alimentaria existen circunstancias particulares: hijos que necesitan continuar sus estudios, personas adultas mayores que requieren apoyo, familias que atraviesan una separación o personas que, por distintas razones, necesitan asistencia económica para satisfacer sus necesidades básicas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación alimentaria corresponde a una responsabilidad reconocida cuyo cumplimiento debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y solidaridad familiar y no como se ha venido entendiendo: un castigo, una concesión voluntaria o una herramienta de confrontación entre familiares

Para comprender los alcances de la pensión alimentaria, lo primero es dejar de creer que está destinada exclusivamente a cubrir la alimentación. En el artículo 164 del Código de Familia se establece un concepto mucho más amplio, que incluye; además del sustento; habitación, vestido, asistencia médica, recreación, transporte, además de educación, instrucción y capacitación para el trabajo en el caso de personas menores de edad o con discapacidad. De manera que esta obligación procura atender los menesteres necesarios para el desarrollo físico, emocional, educativo y social de la persona beneficiaria para que pueda desarrollarse en condiciones dignas.

Por otro lado, es importante destacar que comúnmente asociamos esta responsabilidad con los hijos menores de edad, sin embargo, el Código de Familia contempla otras relaciones familiares que pueden originar el derecho a recibir alimentos, como entre padres e hijos, entre cónyuges, bajo determinadas circunstancias legales; entre otros familiares. Asimismo, los hijos mayores de edad pueden solicitar el derecho alimentario de manera extraordinaria cuando continúan sus estudios y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa de familia hasta los 25 años. Otras situaciones pueden ser cuando una persona adulta mayor deba solicitar alimentos a sus descendientes siempre que concurran las condiciones jurídicas correspondientes, recordándonos que la solidaridad familiar no tiene una sola dirección dependiendo de la etapa en la vida en que nos encontremos.

No obstante, el parentesco por sí solo no significa que siempre exista una obligación exigible y cada caso debe examinarse cuidadosamente conforme a la ley, las necesidades de quien solicita alimentos y las circunstancias de quien tendría que proporcionarlos.

En Costa Rica no existe una tabla que establezca una cantidad fija para todas las pensiones alimentarias, para determinar ese monto se requiere una valoración profesional de las circunstancias particulares de cada caso. De aquí que el principio de proporcionalidad resulta fundamental al considerarse tanto las necesidades de la persona beneficiaria como las posibilidades económicas de quien eventualmente tendrá la obligación de pagarla, valorando aspectos como ingresos, patrimonio, gastos razonables, condiciones de salud, necesidades educativas y demás gastos familiares legalmente relevantes.

Tampoco es correcto afirmar que una vez fijado un monto este es invariable ya que, si las circunstancias económicas o personales del obligado cambian sustancialmente y esto es demostrable, se puede solicitar una modificación mediante los procedimientos que la ley faculta para ello. Lo importante es tener claridad de que estas situaciones no autorizan a suspender o reducir unilateralmente una pensión fijada judicialmente.

Desde el primero de octubre de 2024, con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, Ley N.º 9747, los procedimientos de pensiones alimentarias se rigen por un marco procesal renovado y expedito que procura facilitar el acceso a la justicia, promover soluciones oportunas y garantizar los derechos de las partes, principalmente cuando se trata de personas menores de edad, discapacitadas o adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

En dicha ley, también se contemplan mecanismos idóneos para exigir su cumplimiento cuando no se satisface la obligación alimentaria establecida, entre ellos la retención de ingresos y el apremio corporal, configurándose como una medida coercitiva que implica la privación temporal de libertad de la persona obligada hasta que pague lo adeudado. No obstante, la legislación también reconoce formas para atender situaciones de dificultad económica procurando que la persona deudora pueda cumplir con sus responsabilidades, sin ignorar los derechos de quien necesita recibir los alimentos.

Debemos reconocer, además; que las obligaciones alimentarias normalmente son un motivo de profundas tensiones familiares, cuando quien debe recibir la pensión enfrenta incumplimientos que afectan directamente su bienestar; y en otras ocasiones, quien debe pagar atraviesa dificultades económicas reales que requieren una valoración objetiva y responsable, siendo que ninguna de estas situaciones debería resolverse mediante amenazas, manipulaciones o utilizando las necesidades de los hijos como instrumentos de presión. El derecho alimentario debe mantenerse separado de los desacuerdos personales entre los adultos.

Una pensión alimentaria representa mucho más que una suma de dinero establecida mediante una resolución judicial, es la expresión jurídica de una responsabilidad familiar que busca proteger necesidades esenciales y garantizar condiciones de vida dignas, sin olvidar evaluar las circunstancias en cada caso que merecen ser escuchadas y valoradas conforme a Derecho a través de una asesoría jurídica oportuna, evitando así conflictos mayores y tomando decisiones de manera informada, responsable y sobre todo respetuosa porque, al final, el verdadero propósito de una pensión alimentaria no es enfrentar a quienes deben dar y a quienes tienen derecho a recibir, sino proteger la dignidad humana mediante el cumplimiento justo de las responsabilidades familiares adquiridas libremente.

*DWM Estudio Jurídico. Correo electrónico: mariadelmilagroalvaradob@gmail.com

 

 

Opinión

La caída de Europa…

La factura de una dirigencia que confundió sus promesas con sus resultados

LA VOZ DE GOICOECHEA (M.Sc. Milton Madriz Cedeño, politólogo, experto en administración pública y gobernanza).- Europa está cayendo por confundir la administración de la riqueza heredada con la capacidad de crear riqueza nueva. Una parte de su gobernanza política convirtió el gasto público, la proliferación de normas y extremas regulaciones, y supuesta superioridad moral en credenciales suficientes para gobernar. La productividad, la solvencia y la cohesión social quedaron relegadas. Hoy regresan a cobrar una factura que ninguna retórica puede anular.

El pasado 24 de octubre, Francia registró 410.000 manifestantes y 1.314 detenciones, según el balance provisional del Ministerio del Interior. Más de 3000 comercios saqueados y edificios históricos destruidos. La autoridad señaló la participación de grupos radicales de ultraizquierda en los ataques, además, se le sumaron extremistas islámicos. En Milán, los saqueos y destrozos del 17 y 18 de octubre dejaron daños comerciales que Confcommercio estimó cercanos al millón de euros.  Algo similar ocurrió en Roma. En Barcelona, el día 24 hubo 23 comercios saqueados o vandalizados y 33 intervenciones de bomberos por incendios en la vía pública.

Detrás de esos balances hay trabajo destruido, comerciantes intimidados y bienes públicos agredidos. A quien sostiene un negocio se le exige puntualidad tributaria. La seguridad que financia merece la misma puntualidad. La protesta pacífica debe protegerse y el vandalismo sancionarse con energía extrema. Ninguna reivindicación convierte el negocio ajeno en botín.

Fritz Scharpf explicó que la legitimidad también depende de la capacidad de resolver problemas. Esa es la contradicción corrosiva de gobiernos que recaudan grandes sumas y encuentran dificultades para garantizar servicios, oportunidades y seguridad. Cuando la protección prometida se deteriora, el discurso institucional pierde crédito.

La responsabilidad tiene nombres y decisiones

La izquierda europea de posguerra merece un examen sin indulgencia por defender compromisos de gasto y deuda sin asegurar una base productiva suficiente, convertir regulaciones en demostraciones de virtud y tratar demasiadas exigencias de integración como sospechosas e inviables. La responsabilidad alcanza a la centroderecha que preservó esas políticas o aplazó sus reformas. Desde 2004, la Comisión Europea ha estado presidida por dirigentes del Partido Popular Europeo. Cambiar el membrete no borra la factura.

Mancur Olson estudió cómo los intereses organizados acumulan privilegios y bloquean adaptaciones beneficiosas para el conjunto. Su advertencia ilumina una Europa donde cada protección encuentra defensores y cada reforma concentra adversarios. El ciudadano paga acuerdos que nunca negoció. Reconocer los problemas y aplazar sistemáticamente su solución equivale a administrar el deterioro con buenos modales.

El bienestar exige cuentas que cierren

En el segundo trimestre de 2026, la deuda pública bruta equivalía al 139,9 % del PIB italiano, al 119,1 % del francés, al 110,2 % del belga y al 101,4 % del español, según Eurostat. El Reino Unido registraba un 100,5 %, según la ONS, con una medida comparable. España había reducido su proporción interanual. Las trayectorias difieren, pero la estrechez fiscal de varios grandes países resulta evidente.

Francia gastó el equivalente al 57,3 % del PIB en 2025 y cerró con un déficit del 5,1 %. El tamaño del Estado no garantiza su equilibrio. Una deuda elevada compromete recursos futuros y reduce el margen ante las crisis. Su sostenibilidad depende del crecimiento, los intereses y la disciplina presupuestaria.

Para una persona soltera, sin hijos y con salario promedio, la OCDE calculó para 2025 una cuña fiscal del 52,5 % del costo laboral en Bélgica y del 47,2 % en Francia, frente al 35,1 % de promedio de la organización. Incluye impuestos y cotizaciones de empleados y empleadores. Semejante esfuerzo exige resultados, no indulgencia.

Buchanan y Wagner analizaron el incentivo político a conceder beneficios presentes y diferir sus costos. El gobernante recoge el aplauso; otro presupuesto recibe la factura. La izquierda que se proclama defensora del bienestar debe explicar cómo lo preservará cuando sus promesas crecen más deprisa que la capacidad de financiarlas y la diferencia se carga a la deuda.

Defender pensiones y servicios esenciales exige prioridades y eficacia. Blindar toda partida como “conquista social” puede poner en peligro las conquistas que realmente importan. El bienestar pierde sustento cuando sus obligaciones descansan sobre una economía que encuentra cada vez más dificultades para renovarse.

La demografía también presenta su factura

La fecundidad de la Unión Europea cayó a 1,34 hijos por mujer en 2024; España registró 1,10. Al comenzar 2025, el 22 % de la población comunitaria tenía 65 años o más. El gasto en pensiones equivalía al 12,3 % del PIB de la Unión en 2023. Vivir más es un logro; financiar jubilaciones más prolongadas exige productividad, empleo y previsión.

La inmigración neta ha compensado el saldo natural negativo, pero aumentar habitantes y aumentar contribuyentes productivos son procesos diferentes. Hacen falta empleo formal e integración. Una política familiar seria también debe reducir los obstáculos de vivienda, trabajo y conciliación para quienes desean tener hijos. Ninguna pirámide demográfica se corrige con discursos baratos de los políticos de siempre.

El talento encuentra otras direcciones

El informe de competitividad de la Comisión de enero de 2026 situó la productividad por hora de la Unión, ajustada por poder adquisitivo, en el 78,5 % del nivel estadounidense en 2024. El capital riesgo representaba apenas el 0,06 % del PIB, una décima parte de la proporción estadounidense. Esa debilidad dificulta transformar conocimiento en empresas capaces de crecer.

Un estudio del Centro Común de Investigación, publicado en 2022 con datos hasta mediados de 2021, identificó 40 traslados de sede al extranjero entre 147 unicornios de origen comunitario; 32 se dirigieron a Estados Unidos. El informe Draghi recuperó esa advertencia. Mudar una sede no significa cerrar toda actividad europea, pero revela dificultades para retener empresas de gran potencial.

Suiza y Suecia todavía encabezan el índice de innovación de la OMPI de 2026. Europa conserva capacidades extraordinarias. Precisamente por eso, resulta más grave que sus dirigentes mantengan obstáculos para aprovecharlas. El talento y el capital buscan lugares donde puedan crecer; no tienen obligación de financiar la nostalgia de ningún gobierno.

La transición verde debe responder por sus resultados

Según la AIE, la electricidad para las industrias de la Unión intensivas en energía costaba en 2025 más del doble que en Estados Unidos. Alemania culminó su salida nuclear en 2023, tras decisiones de socialdemócratas, verdes y la centroderecha de Merkel. Cerrar la capacidad firme de bajas emisiones mientras se impulsa la electrificación exige responder por sus costos y alternativas.

Las renovables generaron el 47,3 % de la electricidad comunitaria en 2025; la generación nuclear aporta otra parte. La generación eléctrica sigue utilizando combustibles fósiles, y la transición necesita redes y almacenamiento. El cambio climático tiene aún respaldo científico. La promesa de una transformación barata y sencilla debe responder por sus resultados que aún no llegan.

La izquierda ecologista debe rendir cuentas sobre emisiones, suministro y precio final. Invocar al planeta no concede inmunidad frente a una mala política industrial. La importación de vehículos eléctricos fabricados en China exige examinar también la huella de sus fábricas y baterías. La responsabilidad social ambiental no termina en la aduana.

Integrar exige gobernar

En 2025, el 45,3 % de los adultos con ciudadanía extracomunitaria residentes en la Unión estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,2 % de los nacionales. La integración debe medirse por empleo, autonomía económica y participación cívica. La solemnidad de las intenciones no resuelve una fractura social.

En 2024/25, el Reino Unido gastó unos 4.000 millones de libras en apoyo a solicitantes de asilo, incluidos 2.100 millones en hoteles. La acogida tiene costos que deben reconocerse y financiarse. Ocultarlos perjudica a los residentes y a quienes llegan.

La autoridad democrática debe controlar sus fronteras con rigor, resolver las solicitudes de protección y exigir cumplimiento de la ley. La integración necesita idioma, trabajo y deberes compartidos. La izquierda que descalifica esas exigencias debilita las reglas de convivencia que está obligada a defender, empezando por su propio pueblo.

El islamismo que pretende subordinar la ley civil a una autoridad religiosa es absolutamente incompatible con las libertades occidentales. La igualdad de las mujeres y la libertad de conciencia no son negociables. Los ciudadanos musulmanes comparten los mismos derechos y obligaciones, incluida la protección frente a quienes pretendan imponerles una ortodoxia. Defender el patrimonio cristiano, humanista y liberal exige instituciones capaces de protegerlo, porque ese es el legado de los ancestros occidentales, que dieron sus vidas por las libertades y derechos que hoy se ostentan.

La promesa europea se desmorona

Por eso hablo de caída. Se ha derrumbado la pretensión de garantizar bienestar mediante obligaciones sin respaldo suficiente, asegurar competitividad multiplicando trabas y preservar la convivencia sin exigir deberes. Las fortalezas que Europa conserva hacen más culpable a su dirigencia. La Roma occidental, cuyo final se fecha en 476, dejó la advertencia de un patrimonio capaz de sobrevivir a quienes perdieron la capacidad de sostenerlo.

Una economía que encarece producir y dificulta innovar cede terreno frente a quienes ofrecen mejores condiciones. La competencia por inversiones y conocimiento abre así una oportunidad para América entera. La continuidad de Occidente dependerá de sociedades capaces de convertir sus libertades en prosperidad. Ese es el relevo que nuestro continente debe prepararse para conducir.

América entera como nuevo pivote de Occidente

El talento se forma en universidades, institutos técnicos y centros de investigación de todo el continente. Está en Canadá y Estados Unidos, en México, Centroamérica y el Caribe, en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y en el resto de Sudamérica. Las diferencias de financiación y escala exigen cooperación. Ningún país americano debe resignarse a exportar cerebros y recomprar los resultados de su inteligencia.

La ingeniería brasileña de Embraer, la tecnología nuclear argentina de INVAP y los antivenenos del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica acreditan capacidad propia para investigar, diseñar y competir. Son expresiones de una América que ya produce conocimiento y soluciones para el mundo. Sus universidades y empresas pueden ampliar ese protagonismo si encuentran financiación y condiciones para crecer.

Costa Rica exportó 10.927 millones de dólares en dispositivos médicos en 2025, el 48 % de sus exportaciones de bienes. Panamá conecta océanos. La AIE identifica oportunidades latinoamericanas para procesar minerales que hoy salen hacia otras regiones. Tenemos recursos y capacidades para incorporar más conocimiento a lo que producimos y retener mayor valor dentro del continente.

La ambición debe ser desarrollar nuestras tecnologías, patentes y empresas. Conectar mercados, investigación y capital permitiría combinar mejor la energía, los alimentos y los minerales con la capacidad científica e industrial americana. Cada país debe poder ampliar su participación en el diseño, la fabricación y los servicios especializados. La riqueza natural adquiere otra dimensión cuando sus dueños también dominan el conocimiento que la transforma.

Ese proyecto exige seguridad jurídica, educación exigente, protección de la inversión y gobiernos capaces de controlar el crimen y ejecutar infraestructura sin eternizar los permisos. La decadencia ajena no fabrica prosperidad propia. América desperdiciaría su oportunidad si copiara la complacencia fiscal y burocrática que ha debilitado a la decadente Europa.

Nuestra tarea es construir ese liderazgo con la inteligencia de todo el continente y con la libertad de sus ciudadanos para crear. El legado occidental necesita sociedades capaces de sostenerlo, enriquecerlo y proyectarlo. A la dirigencia europea le corresponde responder por haber hipotecado su promesa. A América le corresponde demostrar que una civilización también puede renovar su grandeza cambiando el centro de su impulso.

Europa puede seguir cobrando entradas por su pasado. América tiene con qué producir el futuro de Occidente.

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