Transparencia y Legalidad: Condiciones Indispensables para el Plan Regulador de Goicoechea
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gerardo R. Del Valle Garbanzo, columnista).- El Plan Regulador definirá el futuro de Goicoechea durante las próximas décadas. No se trata de un simple trámite administrativo ni de un documento técnico reservado para especialistas. Sus disposiciones impactarán la forma en que crecerán nuestros barrios, la protección de nuestras zonas ambientales, el desarrollo económico del cantón y, en definitiva, la calidad de vida de quienes habitamos este territorio.
Precisamente por la trascendencia de este proceso, el pasado martes presenté un escrito formal ante la Municipalidad de Goicoechea solicitando la aclaración y adición del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.° 29-2026, mediante el cual se autorizó una prórroga de dos años al convenio suscrito con el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS) de la Universidad de Costa Rica.
Mi gestión no pretende obstaculizar la elaboración del Plan Regulador. Todo lo contrario: busca que un instrumento de tanta importancia nazca con absoluta transparencia, seguridad jurídica y plena participación ciudadana.
Como ciudadano que ha participado activamente en este proceso, solicité además que se me reconozca formalmente como parte interesada, conforme al artículo 51 de la Ley General de la Administración Pública. Hasta la fecha no he recibido notificación oficial del acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, situación que considero contraria al debido proceso y que me obliga a actuar preventivamente para salvaguardar mis derechos.
La principal preocupación radica en que la prórroga del convenio parece haberse aprobado sin que exista una motivación suficientemente clara sobre el cumplimiento de los productos contratados desde el año 2022. En cualquier contratación pública, una ampliación del plazo debe sustentarse en informes técnicos que acrediten que los entregables fueron recibidos a satisfacción y que la modificación resulta necesaria y legalmente procedente. La ciudadanía tiene derecho a conocer si esos informes existen y cuál fue el fundamento técnico utilizado por las autoridades para tomar esta decisión.
Igualmente, preocupante resulta la vigencia de los estudios técnicos que sirven de base para el nuevo Plan Regulador. Muchos de esos diagnósticos fueron elaborados entre 2022 y 2024. Si el proceso concluye dentro de dos años más, algunas de esas evaluaciones tendrán hasta seis años de antigüedad. En un cantón cuyo crecimiento urbano y cuyas condiciones ambientales cambian constantemente, resulta legítimo preguntarse si esa información seguirá siendo suficiente para planificar responsablemente el territorio.
A ello se suman propuestas que generan serias dudas jurídicas y técnicas, como la fragmentación de los usos del suelo de 94 categorías a más de 500, así como la eventual aplicación del Reglamento de Renovación Urbana en sectores de protección rural e hídrica como Rancho Redondo y El Carmen. Estas iniciativas deben ser ampliamente explicadas y justificadas para garantizar que respeten la Ley de Planificación Urbana y el principio constitucional de no regresión ambiental.
Otro aspecto que merece atención es la participación ciudadana. La legislación costarricense no concibe la consulta pública como un simple requisito formal. Es un elemento esencial para la legitimidad del Plan Regulador. Sin embargo, muchos vecinos hemos constatado que los estudios y borradores no han estado plenamente disponibles para su análisis, que las observaciones presentadas no han recibido respuestas debidamente motivadas y que las actividades realizadas han tenido un carácter principalmente informativo, sin un verdadero proceso de diálogo e incorporación de los aportes ciudadanos.
Por estas razones solicité al Concejo Municipal y a la Alcaldía que se incorpore al acuerdo la justificación técnica de la prórroga, que se publique íntegramente el expediente administrativo del convenio con UCR-PRODUS, incluyendo los productos entregados, los informes de cumplimiento, la justificación del plazo adicional y sus costos, y que se establezca un mecanismo efectivo para responder, de manera fundada, las consultas y oposiciones presentadas por la comunidad.
Nadie puede oponerse a que Goicoechea cuente con un Plan Regulador moderno. Lo que sí debemos exigir es que ese instrumento nazca respetando los principios de legalidad, transparencia, publicidad y participación ciudadana que exige nuestro Estado de Derecho.
La confianza de la ciudadanía no se construye pidiendo un acto de fe, sino garantizando acceso a la información, rendición de cuentas y decisiones debidamente motivadas. Si el Plan Regulador aspira a convertirse en la hoja de ruta para el desarrollo del cantón, su proceso de elaboración debe ser tan sólido y transparente como el futuro que pretende construir para todos los goicoecheanos.
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