Comunidad pide respaldo ciudadano a regidores de Goicoechea que aprobaron detener cautelarmente el proyecto mientras se aclaran presuntas irregularidades

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Lo que hace apenas unos días fue celebrado como una victoria histórica para la comunidad de Mata de Plátano, en Goicoechea, enfrenta ahora un nuevo capítulo de tensión. Vecinos organizados denunciaron lo que califican como la “voracidad” de la Municipalidad de San José, luego de que este gobierno local intentara revertir la suspensión cautelar del uso de suelo para la construcción de una planta para procesar residuos en el sector de El Maderal.

El pasado 2 de marzo, el Concejo Municipal de Goicoechea aprobó por unanimidad suspender de forma cautelar el uso de suelo del proyecto. Sin embargo, la Municipalidad de San José presentó posteriormente un recurso de revocatoria con apelación en subsidio (oficio MSJ-ALCALDÍA-887-2026) con el objetivo de anular esa decisión.

Ante esta situación, la agrupación Vecinos por El Maderal lanzó un llamado público a la ciudadanía para respaldar a los regidores que apoyaron la suspensión y defender el territorio ante lo que consideran presiones externas.

“Nuestros regidores tendrán que decidir si mantienen el acuerdo correcto y valiente o si ceden ante la presión de una municipalidad que no ha podido explicar las irregularidades del proyecto”, señalaron los comunales en un comunicado.

Cuestionamientos al proyecto

Según los vecinos, el propio recurso presentado por la Municipalidad de San José revela inconsistencias en el proceso de adjudicación del proyecto.

Entre los puntos que cuestionan destacan que se habría adjudicado un contrato por ₡537 millones sin contar previamente con estudios técnicos concluyentes.

“Ellos mismos admiten que adjudicaron ₡537 millones sin estudios previos. Los estudios de factibilidad los haría la contratista después de la adjudicación. Primero el cheque, después la tarea”, indicaron.

La organización comunal también señala otras presuntas irregularidades:

Falta de estudios ambientales concluyentes: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) aún no ha finalizado el estudio de bosque en la finca. Además, inspecciones sobre nacientes de agua se realizarían hasta abril de 2026.

Contrato aún no formalizado: el propio documento municipal reconoce que el contrato con la empresa adjudicataria se encuentra “en fase de formalización contractual” y que no existe orden de inicio del proyecto.

Para los vecinos, esto pone en duda el argumento de “daño irreparable” que San José utiliza para pedir que se levante la suspensión.

“El único daño irreparable sería tumbar el bosque”, sostienen.

Llamado a la defensa del territorio

De cara a la votación en el Concejo Municipal de Goicoechea que deberá resolver el recurso presentado por San José, la agrupación comunal instó a la población a involucrarse activamente en la defensa de El Maderal.

Entre las acciones propuestas se encuentran:

Asistir a la próxima sesión del Concejo Municipal donde se discuta el tema.

Enviar mensajes al Concejo respaldando el Acuerdo 0446-2026, que suspende cautelarmente el proyecto.

Compartir información sobre el caso para visibilizar la situación.

Los vecinos sostienen que la discusión trasciende lo legal y entra en el plano ético y ambiental.

“La Municipalidad de San José no quiere transparencia, quiere velocidad. Quiere hechos consumados. Quiere llegar con la maquinaria antes de que la verdad llegue con los estudios”, manifestaron.

Un conflicto territorial en desarrollo

El Concejo Municipal de Goicoechea deberá ahora conocer y votar el recurso presentado por la Municipalidad de San José, en una decisión que podría definir el futuro del proyecto.

Mientras tanto, la comunidad de Mata de Plátano insiste en que continuará movilizada para defender el área de El Maderal, donde denuncian que se pretende construir una planta industrial de aproximadamente 6.500 metros cuadrados en un terreno que, según afirman, presenta características de Patrimonio Natural del Estado y carece aún de los permisos ambientales y hídricos necesarios.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre proyectos de infraestructura y la protección de recursos naturales en los límites cantonales del Gran Área Metropolitana.