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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó las supuestas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió este martes un informe de mayoría que recomienda archivar el denominado “caso Barrenador” y que, además, consolida señalamientos sobre una presunta manipulación de datos utilizada para sustentar las denuncias iniciales.
El documento fue respaldado por cuatro legisladores de las fracciones del PUSC, Nueva República, el oficialismo y el diputado independiente Luis Diego Vargas. El bloque concluyó que la licitación N.° 2023LY-0000002-0001101142 se realizó bajo criterios de razonabilidad técnica y legal, descartando anomalías en el proceso.
Según el informe, no se logró demostrar la existencia de un perjuicio económico para la institución, por lo que se recomendó el archivo de las investigaciones legislativas relacionadas con el caso.
Señalamientos sobre construcción del caso
Uno de los puntos más sensibles del informe es la afirmación de que los insumos técnicos que dieron pie a allanamientos y procesos penales presentarían “debilidades insalvables”. Incluso, algunos diputados señalaron la existencia de datos inconsistentes y metodologías no estandarizadas en los análisis que originaron las denuncias.
La diputada Marta Carballo (PUSC) defendió la solvencia técnica del modelo cooperativo de administración de áreas de salud y cuestionó la forma en que se plantearon las acusaciones iniciales. Aseguró que la evidencia presentada durante las audiencias demuestra ahorros verificables para el Estado.
Por su parte, Olga Morera, de Nueva República, sostuvo que el informe corrige una narrativa de irregularidades que —según indicó— nunca fue probada, y subrayó la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los proveedores del Estado que cumplen con estándares de calidad.
El legislador oficialista Daniel Vargas fue más allá al afirmar que el caso respondió a un “montaje mediático y judicial” basado en datos presuntamente manipulados por sectores con intereses particulares. Según señaló, el Ministerio Público habría actuado con base en informes de costos que contenían errores deliberados.
En la misma línea, el diputado independiente Luis Diego Vargas indicó que, tras un análisis documental exhaustivo, no se encontró evidencia de daño económico a la Caja, e instó a respetar la eficiencia técnica demostrada por las cooperativas administradoras de las áreas de salud involucradas.
El contraste con PLN y Frente Amplio
Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) no suscribieron el informe de mayoría y mantienen cuestionamientos alineados con los criterios iniciales de la Contraloría General de la República (CGR).
No obstante, el bloque mayoritario concluyó que las denuncias impulsadas por sindicatos y entes de control carecieron de una metodología uniforme y se basaron en insumos técnicos inconsistentes.
Cooperativas defendieron costos y mejoras
Durante las audiencias legislativas, representantes de las cooperativas involucradas presentaron argumentos técnicos para rebatir las acusaciones.
Luis Beirute Cortés, de COOPESANA R.L., aseguró que las ofertas se ajustaron estrictamente al cartel de licitación y que los costos incorporaban mejoras sustantivas en la prestación del servicio, como jornadas vespertinas, sustitución total de personal ausente y disponibilidad de ambulancias 24/7.
“Estos cambios responden a una mejora en la calidad del servicio público y no a un sobrecosto”, afirmó.
En tanto, el gerente de COOPESALUD R.L., Dr. Alberto Ferrero Aymerich, denunció ante la comisión que tres funcionarios de la CCSS habrían modificado cuadros técnicos para ocultar ahorros y simular sobreprecios. Según su versión, esa presunta manipulación de datos indujo a error a las autoridades judiciales y dio origen a procesos penales que calificó como injustificados.
Enfoque en la atención de asegurados
El informe de mayoría sostiene que la prioridad debe ser ahora garantizar la continuidad y estabilidad en la atención de los 560.000 asegurados adscritos a estas áreas de salud, eliminando la incertidumbre jurídica que ha rodeado al modelo de cooperación.
Con la aprobación del informe, el “caso Barrenador” queda, en el ámbito legislativo, oficialmente archivado. Sin embargo, el debate político y jurídico en torno a la gestión de servicios de salud mediante cooperativas continúa generando posiciones encontradas dentro y fuera del Congreso.
