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Expediente ingresado el 4 de mayo de 2026 en el I Circuito Judicial de San José acusa a jueces, fiscales y oficiales de seguridad por una serie de ilícitos cometidos en el ejercicio de sus cargos
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El exfiscal técnico judicial Diego Soto, denunció penalmente al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, y a personal del Ministerio Público por presuntos nombramientos irregulares o “a dedo”. La acción, surgida en marzo de 2026, cuestiona los procesos internos de designación y provocó que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación de oficio contra el jerarca
La denuncia penal fue presentada la mañana de este lunes ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del I Circuito Judicial de San José, donde se señala a 17 funcionarios judiciales de cometer múltiples delitos contra la función pública, incluyendo falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y prevaricato.
El documento, recibido oficialmente por la Fiscalía el 04 de mayo de 2026 bajo el folio 115, detalla una calificación legal individual para cada uno de los denunciados, destacando una supuesta manipulación sistemática de documentos judiciales y actuaciones ilegales en diversos procesos.
Los señalamientos principales
De acuerdo con la denuncia, los funcionarios habrían incurrido en las siguientes conductas:
Carlo Israel Díaz Sánchez y Carlos Alberto Castro Sojo son acusados de 10 delitos de falsedad ideológica, 10 delitos de uso de documento falso y un delito de fraude procesal cada uno, según los artículos 367, 372 y 338 del Código Penal.
María José Solano Acuña enfrenta el mayor número de imputaciones: 47 delitos de allanamientos ilegales, 7 de prevaricato, 7 de abuso de autoridad y un delito de fraude procesal.
José Pablo Jiménez Trejos es señalado por un delito de allanamiento ilegal (artículo 205) y uno de abuso de autoridad (artículo 338).
Karen Susana Barquero Fernández aparece acusada de abuso de autoridad y prevaricato.
Otros funcionarios como Melissa Bogantes Segura, Heidi Gerardina Ulate Torres, Rafael Corea Chacón, William Serrano Baby, Isaac Adriano Mora Espinoza, Aaron Josué Arias Solís y Carlos David Monge Baltodano son mencionados con diversos grados de prevaricato, abuso de autoridad y fraude procesal.
En tanto, Ana Ruth Ortega Chavarría es acusada de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes (artículo 339).
Un grupo de funcionarios, entre ellos Sharon Rodríguez Segura, David Corrales Mora, Rodolfo de los Ángeles Brenes Sandí y Silvia Jiménez Valverde, son señalados por falsedad ideológica, uso de documento falso y fraude procesal.
Contexto de la denuncia
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Probidad, que es la instancia especializada del Ministerio Público costarricense encargada de investigar delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente aquellos vinculados a la corrupción, el abuso de poder y la violación de deberes públicos.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no se había pronunciado oficialmente sobre el contenido de la denuncia ni sobre si abrirá una investigación formal. El documento ingresó con el sello de “Recibido” bajo el número de trámite 14.07, a cargo del oficial Oscar Arce C.
Reacciones
Especialistas en derecho penal consultados por La Voz de Goicoechea señalaron que, de comprobarse los hechos, las penas por delitos como prevaricato (artículo 357) o falsedad ideológica (artículo 367) podrían alcanzar varios años de prisión, además de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Hasta el momento, ninguno de los funcionarios denunciados ha hecho declaraciones públicas al respecto.
Lo que viene
Corresponderá ahora a la Fiscalía Adjunta de Probidad realizar una revisión preliminar de los hechos denunciados para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. De ser así, se notificará a los imputados y se iniciará una etapa de recolección de pruebas.
La Voz de Goicoechea dará seguimiento a este caso, que sacude el ámbito judicial del país por la cantidad de funcionarios señalados y la gravedad de los ilícitos que se les atribuyen.
